Pasaron nueve años desde que el Ministerio Público Fiscal llevó el planteo a la instancia de casación hasta que la Suprema Corte de Justicia se expidió. Recién el 15 de septiembre, el máximo tribunal provincial resolvió el recurso que buscaba dar vuelta la absolución de Jonathan Daniel Brizuela Vargas (34), conocido como Jony o Pecoso y señalado en distintas investigaciones como uno de los llamados “angelitos de la Yaqui”.
La Corte rechazó finalmente el planteo y dejó firme la absolución dictada en favor de Brizuela por el crimen de Ricardo Sebastián López, un joven de 17 años asesinado a tiros en agosto del 2012 en el asentamiento Campo Papa. El fallo fue firmado por los ministros José Valerio, quien actuó como preopinante, Mario Adaro y Julio Gómez.
El dato que atraviesa la resolución es el tiempo que llevó obtener una respuesta de los ministros. El expediente establece que el recurso fue interpuesto oportunamente contra la sentencia de la Séptima Cámara del Crimen. La resolución de la Corte llegó más de nueve años después, detallaron fuentes judiciales a este diario.
La demora adquirió particular relevancia por la historia del acusado y por el peso que tuvo aquella investigación dentro del entramado delictivo que durante años tuvo como una de sus principales figuras a Sandra Jaquelina Vargas, la Yaqui, jefa narco del oeste godoicruceño, condenada y nuevamente procesada el año pasado por estar al frente de la venta de drogas desde el penal.
Brizuela es sobrino de Vargas y fue mencionado en diversas investigaciones como uno de los jóvenes que respondían a la organización que operaba en el oeste de Godoy Cruz. Además, recibió nueve años de prisión por la causa relacionada con tenencia de drogas y lavado de dinero, donde fue juzgada toda la banda de la Yaqui en el 2016.
Pero su nombre también quedó asociado a causas por homicidios. En el caso de López llegó a ser señalado como uno de los dos hombres que, a bordo de una moto, atacaron a tiros al adolescente. La acusación sostenía que Brizuela era quien conducía el rodado desde el cual partieron los disparos.
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El crimen que quedó sin condena
Ricardo Sebastián López, conocido como el Mono, tenía 17 años cuando fue asesinado. El 10 de agosto del 2012, cerca de las 18, se encontraba frente a la casa de sus primos, sobre calle Presidente Perón, en el sector 9 del Campo Papa, después de lavar un auto y comprar cigarrillos.
La investigación sostuvo que dos jóvenes que circulaban en una moto dispararon contra él con armas calibre 9 milímetros y 22. Uno de los proyectiles atravesó el pecho de López, quien alcanzó a correr hasta los brazos de su hermano Juan José antes de morir.
La causa tuvo desde el comienzo dos testimonios centrales. Una mujer y un hombre habían señalado durante la instrucción a los presuntos autores. En particular, el varón había identificado al atacante como Jonathan, a quien relacionó con la familia de la Yaqui. El problema apareció cuando llegó el juicio.
Los dos testigos que habían sido considerados claves modificaron sus versiones durante el debate oral y dijeron no saber quiénes habían sido los agresores. Para el Ministerio Público, en el primer debate que tuvo el caso (el fiscal fue Gonzalo Nazar), esa modificación no podía analizarse aislada del contexto de amenazas que rodeaba a la organización.
La acusación sostuvo ante la Corte que la testigo mujer había vivido bajo temor de represalias contra ella, sus hijos y sus bienes. Como elemento de respaldo, señaló que su casa había sido baleada 40 días después del crimen, en un hecho que quedó incorporado a una causa conexa.
La Fiscalía también cuestionó que se hubiera otorgado mayor valor a las posteriores retractaciones del testigo hombre, que a la información que había brindado al comienzo de la investigación.
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La Fiscalía pidió 16 años y 6 meses
El Ministerio Público consideró que la sentencia absolutoria había sido arbitraria porque, a su entender, los jueces no habían valorado correctamente la prueba ni el contexto en el que declararon los testigos.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la interpretación de las vainas servidas encontradas en el jardín de la casa donde se encontraba la víctima. La Fiscalía sostuvo que el tribunal había construido a partir de ese elemento una hipótesis de enfrentamiento armado que no se correspondía con el relato de la testigo presencial, quien había descripto un ataque directo desde una moto.
También planteó que los jueces habían dejado de lado el contexto de una disputa territorial vinculada con la venta de drogas y que, en ese marco, habían exigido a los testigos precisiones que resultaban secundarias frente al temor que, según la acusación, tenían de declarar contra integrantes de la organización.
Con esos argumentos, pidió que la Suprema Corte revocara la absolución y condenara directamente a Brizuela a 16 años y 6 meses de prisión como autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.
Como alternativa, solicitó que se anulara la sentencia y se ordenara realizar un nuevo juicio. El Procurador General respaldó en su dictamen esos argumentos.
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La Corte no encontró arbitrariedad
Valerio, Adaro y Gómez tomaron otro camino, sostiene la resolución a la que accedió este diario. Señalaron que la sentencia absolutoria no había sido arbitraria, sino que había surgido de una valoración integral de las pruebas bajo las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica racional.
La Corte consideró que el tribunal de juicio sí había analizado la hipótesis planteada por la Fiscalía. El problema, explicaron, fue que esa acusación no logró superar las inconsistencias existentes en los testimonios de cargo ni su incompatibilidad con determinados elementos físicos encontrados en la escena.
Entre esos elementos, el fallo destacó la ubicación de las vainas servidas y los informes elaborados por Policía Científica.
De esta manera, entendieron que no se había logrado demostrar un error jurídico que permitiera revisar la absolución. Según la Corte, sus argumentos expresaban principalmente una discrepancia con la forma en que los jueces de juicio habían valorado la prueba. Y en un proceso penal, esa diferencia no alcanza por sí sola para convertir una absolución en una condena.
La duda terminó jugando a favor de Brizuela. Al considerar que la acusación no había logrado acreditar su responsabilidad más allá de toda duda razonable, la Corte ratificó el principio de inocencia y rechazó la casación.
Un crimen atravesado por la trama de la Yaqui
El expediente por el crimen de López estuvo desde sus comienzos atravesado por el nombre de Sandra Jaquelina Vargas.
Los investigadores policiales y judiciales vinculaban a Brizuela con el círculo de jóvenes que respondían a la Yaqui. También aparecía en esa trama Patricio Emiliano Garrido, conocido como Negro, quien mantenía una relación cercana con Brizuela y, además, era la pareja de Silvina Gélvez, la hija mayo de la jefa narco.
Garrido también fue llevado a juicio por el asesinato de López. Sin embargo, los testigos que lo habían señalado durante la instrucción tampoco ratificaron esas acusaciones durante el debate oral, por lo que la Fiscalía no pudo avanzar hacia una condena por ese homicidio.
Sí recibió una pena de cinco años de prisión por otro hecho: un asalto cometido en el parque San Vicente, donde golpeó con la culata de un arma a una víctima para robarle una moto.
En el expediente por el homicidio de López, en tanto, distintos testimonios describieron a Garrido y Brizuela como jóvenes vinculados entre sí y relacionados con los llamados “angelitos de la Yaqui”.
Incluso apareció una hipótesis que vinculaba el crimen con una disputa entre grupos dedicados a la venta de estupefacientes.
La investigación sostenía que el verdadero objetivo podía haber sido Sergio Pavez, primo de la víctima, y que el asesinato de López habría sido utilizado como una maniobra para provocar que Pavez abandonara el lugar donde se refugiaba.
Esa línea investigativa también fue mencionada durante el juicio.
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Brizuela, una causa que todavía arrastra historia
Brizuela había sido detenido en septiembre del 2013 en San Luis, cuando se encontraba prófugo y se ocultaba en esa provincia. Su captura ocurrió cuando circulaba en una Toyota Hilux.
Por ese motivo no participó del primer juicio por el asesinato de López: para entonces, la causa ya había sido elevada a debate.
Con la decisión de la Corte, quedó firme la absolución dictada en ese expediente.
La resolución cerró así un capítulo judicial que llevaba años pendiente en el máximo tribunal mendocino. La respuesta llegó más de nueve años después: no habrá nueva condena ni nuevo juicio para Brizuela por el asesinato de López.