La lógica nos está indicando y adelantando a los argentinos que la etapa que se avecina, si se la quiere y pretende aprovechar como una de crecimiento y desarrollo para dejar atrás años y años de errores y negaciones colectivas, deberá estar basada en una suerte de contrato social en el que todos se comprometan a decir la verdad. ¿Cómo decir la verdad sin reclamar, a la vez, sacrificio, comprensión y paciencia?

Evidentemente, si existe una mayoría de argentinos que se encuentren en las urnas y coincidan en ese reclamo y deseo de que llegue un cambio de fondo para frenar la sangría que ha mantenido en una agonía constante al país, tendrá que contar como contraparte con un nuevo gobierno, el que, a su vez, deberá ser poseedor de una mirada de las cosas no conocida hasta ahora, diferente de la que han tenido en sus inicios las administraciones que lo han precedido y que, una tras una, llegaron de la mano y enganchadas de las promesas propias que construyeron sobre un panorama por venir plagados de mejoras generales y de buenos tiempos para todos y todas. Se presume que con ese bagaje histórico y de otros tiempos no les alcanzará; pero si, aun así, accedieran al poder desparramando polvos mágicos, más temprano que tarde, el camelo sería desnudado con imprevisibles consecuencias para todos.

“Quien no entienda este nuevo tiempo no comprenderá, tampoco, la real dimensión del problema que tenemos. Necesitamos un cambio cultural, de todos; y ustedes, en los medios, también, porque no se puede negar la situación de ninguna manera”, decía este jueves Miguel Ángel Pichetto, el ex senador de extracción peronista y actual auditor general de la Nación al momento de ratificar su precandidatura presidencial, dentro de Juntos por el Cambio.

Ya en aquel libro “Capitalismo o pobrismo, esa es la cuestión”, que se publicara sobre fines del 2021, Pichetto adelantaba lo que para él es una obsesión; la de develar el uso y aprovechamiento de los más débiles y necesitados por parte de la clase política y eso, también y mucho, de la exaltación de la pobreza como virtud que pareciera compartir el Gobierno con la Iglesia, una sociedad que, muchas más veces que menos, ha coincidido en la visión y mirada sobre un mismo proyecto de país. 

Es evidente que el combate de la pobreza requiere de una serie de transformaciones y cambios de fondo en las políticas públicas, particularmente, en aquellas que tienen que ver con todo el manejo de la estructura impositiva. Estimular la inversión privada y el desarrollo de las unidades productivas sobre la base de la disminución de la presión fiscal sobre los emprendedores es uno de los caminos que podrían conducir a la creación de empleos, quizás de más empresas y de mayores oportunidades. No ha existido en la historia reciente una apuesta en ese sentido. Por el contrario, se ha seguido el camino inverso. Incluso, hoy, buena parte de la oferta electoral está alineada en la fórmula de incrementos salariales urgentes en todas las ramas y aumentos impositivos generalizados. Y quién podría negar que no es necesaria la recomposición salarial para los millones de trabajadores del país, que hace décadas ven cómo ha caído, sistemáticamente, el poder adquisitivo de sus salarios.

En Mendoza, por caso, esa baja está cumpliendo, cuanto menos, doce años en el ámbito privado. El punto es cómo financiar esos mayores y necesarios ingresos, y, en particular, en el sector público. La generación de riqueza, clave e indispensable, para la mejora en los salarios y en el desarrollo general tiene que partir desde una base de estímulos, beneficios y alicientes bajo un fuerte control por parte del Estado en la recaudación impositiva y el cumplimiento de las normas laborales vigentes, quién lo duda.

Y está claro, además, que ese nuevo contrato entre los argentinos para decirnos la verdad sin engaños ni trampas, con un gobierno firme, fuerte y creíble, se tiene que acompañar con la ratificación de políticas sociales que sostengan a los millones de vulnerables y eviten un camino que, desde hoy y hace tiempo, los conduce a más precariedades. La permanente y constante apuesta a más de lo mismo es un poco lo que advierte Pichetto, es lo que ha dejado como resultado la catástrofe social del momento.

Es más que probable que Pichetto sea, de todo el menú de aspirantes entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, el que menos posibilidades tenga de alcanzar la Presidencia, está claro. Pero sí es de los pocos, si no el único, que está diciendo que, quien suceda a Alberto Fernández, debe desenmascarar la situación del país, hablar claro y, cuanto menos, advertir que para comenzar a salir se deberá cruzar por territorios minados. No hay alternativas. 

En los albores de la democracia recuperada, promediando 1985, Raúl Alfonsín describió lo que se le venía al país con su gobierno, sin posibilidad de aplicar otra cosa, como una “economía de guerra”. Un proceso de modificaciones y transformaciones de fondo que la sociedad no aceptó, empezando por las corporaciones prebendarias, empresarias y gremiales, que habían vivido al amparo de un Estado sobreprotector que enriqueció a sus líderes, empresarios y dirigentes gremiales, mientras que fue sumiendo en la pobreza a los millones de trabajadores que debían ser parte de los sectores medios. Hoy, muchos de ellos y descendientes de aquellos, engrosan la franja de los pobres del país. El escritor, economista e historiador Pablo Gerchunoff, en su Planisferio invertido, recuerda que Alfonsín se había convencido de que la democracia permitiría el cambio de la Argentina “si se acertaba con el ‘programa correcto’”. Lo del programa correcto duró poco, hasta que se descompuso por errores propios, pero además se fue hundiendo por la oposición de una corporación cegetista que, hacia el año y medio de gestión, ya le había organizado 8 paros generales al hoy reconocido como “padre de la democracia”. 

En ese mismo libro, Gerchunoff recuerda que fue Oscar Alende (también conocido como Bisonte), en 1961, como gobernador de Buenos Aires el que acuñó el término de conurbano para hablar de la periferia de la Capital Federal (CABA).

“Arde en el conurbano bonaerense el problema social más candente de la Argentina”, recuerda Gerchunoff que dijo el Alende gobernador en un discurso ante la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, para agregar: “Millones de compatriotas viven constreñidos por las existencias de un duro existir, reclamando viviendas, mejoras en el transporte, pavimentos, agua, cloacas, energías”. Eso decía Alende en 1961.

En la Nación gobernaba Frondizi y Alfonsín era diputado provincial en la Buenos Aires de Alende. Enfrentado con Frondizi, Alfonsín dispararía desde su banca dardos envenenados contra la política económica nacional y también provincial: “Los problemas sociales se han venido agudizando extraordinariamente, se han disminuido los salarios reales del pueblo, se ha disminuido el Producto Bruto Nacional… se ha condenado al infraconsumo a la población, se han reducido los kilómetros de vías férreas”.

Sesenta y dos años después de aquellos debates y descripciones de la realidad de entonces, ni siquiera se puede decir que se está igual de peor. No hace falta. Entonces, ¿cuánto más demorar lo que de una buena vez hay que hacer, como había que hacerlo y no se hizo, en aquellos años, más de sesenta años atrás?