La grieta, esa enemistad planificada entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, empuja a la sociedad argentina hacia una nueva fase de la estrategia frente al coronavirus: la Fase Rebeldía. Nadie fue. Ninguno empezó. La culpa es siempre del que está en frente. La política en estado de adolescencia inoportuna está liquidando la gestión y conduce a la sociedad hacia la desobediencia sanitaria. Los contagios no son lo único preocupante de esta segunda ola.
Las últimas medidas anunciadas por el presidente fueron recibidas con resistencia por sectores de la comunidad educativa del AMBA. También anunciaron su rechazo los gastronómicos de la CABA. No se quejan por este cierre de 11 horas diario y hasta fin de mes. Es un enojo a cuenta producto de la desconfianza. ¿Qué pasará en dos semanas si los casos no bajan? A fuerza de decretos, la “opulenta” Buenos Aires se convierte en Formosa.
Para justificar el endurecimiento de las medidas sanitarias, Alberto Fernández citó un reciente discurso de Angela Merkel en el que rechaza las “medias tintas” para enfrentar una nueva ola de contagios. “Si después de trece meses de pandemia hemos aprendido alguna lección es esta: el virus no perdona ningún titubeo eso lo hace más duro; el virus no perdona ninguna vacilación, eso hace que dure más tiempo; no se puede negociar con él, solo entiende un lenguaje: el de la determinación”, había dicho la canciller alemana.
Lo que no explicó el jefe de Estado es que junto a los cierres y restricciones de actividades, el gobierno alemán acordó con los 16 estados federados (el equivalentes a las provincias argentinas) un plan masivo de testeo de la población. Cada ciudadano tendrá derecho a realizarse un estudio gratis por semana con una prioridad clara: la comunidad educativa de los niveles inicial y primario, para que puedan regresar de inmediato a la presencialidad.
Aún antes del inicio de ese programa, Alemania realiza el doble de testeos que la Argentina. En la última semana, el país europeo hizo un promedio de 1,97 estudios diarios por cada mil personas mientras que de este lado del planeta se hicieron 1,08. Muy cerca de los 0,87 tests que realizó Paraguay, lejísimo de los 3,39 de Chile o de los 4,23 de Uruguay. Más preocupante es la positividad: Alemania enfrenta su tercera ola de contagios con una positividad del 12 por ciento promedio en la última semana. La Argentina se acerca a un promedio semanal del 35 por ciento.
La inconsistencia de la estrategia sanitaria, la falta de una perspectiva clara y las señales contradictorias incitan a la desobediencia.
Nadie puede sorprenderse de que después de la feria sanitaria pascual el número de contagios registrados alcanza cifras récord. Lo recordó esta misma semana la ministra de Salud que pidió paciencia para poder advertir el impacto de las medidas tomadas seis días antes. Había que esperar al menos otra semana más para reconocer los resultados de la restricción nocturna dictada la semana anterior. Ahora, basta con retroceder en el calendario y ver qué sucedía entre 12 y 14 días antes del récord de 29.472 casos del viernes para identificar las medidas que posibilitaron la estampida: dos millones de ciudadanos recorrían el país y regresaban a sus casas, llevando y trayendo pesos y nuevas variantes del virus por los lugares más bellos del país.
Los mismos gobernadores que se aliaron al Presidente con la esperanza de movilizar las economías durante los feriados, le dieron la espalda cuando recomendó las primeras medidas para limitar la circulación. Socios en las ganancias, enemigos en la adversidad. Está claro: la desobediencia no es sólo ciudadana. Ni tampoco opositora. Con el último DNU, Alberto Fernández le dijo a los propios y a los ajenos que debían hacerse cargo.
La complejidad del Área Metropolitana de Buenos Aires, con dos gobernadores de signos políticos distintos, 40 intendentes de todos los colores y casi 15 millones de habitantes en tan solo 14 mil km2 (el equivalente al departamento de General Alvear), requería un tratamiento especial.
Ante la disparada de los contagios, el Presidente intentó jugar al equilibrista como lo hizo en tantas ocasiones durante el año pasado. Pero terminó arrojándose al vacío. Buscó un acuerdo, un punto intermedio entre las pretensiones de Axel Kicillof y las de Horacio Rodríguez Larreta. El bonaerense exigía un cierre desde las 22. El porteño, a la medianoche. Optó por las promediadas 23. Pero el jefe de Gobierno porteño adecuó el horario como quiso luego de firmar un comunicado con los demás referentes de Juntos por el Cambio rechazando medidas que aún no se habían dispuesto. Oposición preventiva.
La respuesta posterior, el endurecimiento de la estrategia, incluso yendo en contra de las recomendaciones de sus ministros Carla Vizzotti y Nicolás Trotta, fue una reacción más política que sanitaria. Kicillof ya había amenazado con establecer una suerte de Fase 1 en el conurbano bonaerense. Enojado con Larreta, Fernández cerró las escuelas, bares, teatros, gimnasios, cines por quince días y les ofreció a los trabajadores de esos sectores una compensación que apenas llega al 30 por ciento del valor de la canasta básica total para una familia compuesta por un matrimonio joven con dos hijos en edad escolar.
La brecha entre las administraciones porteña y bonaerense se había vuelto insoportable. Hasta hace una semana, el heredero de Mauricio Macri proponía “esperar un tiempo” más para tomar medidas. Con la curva en ascenso exponencial, no hacer nada. Con las mismas estadísticas en la mano, el elegido de Cristina Fernández proponía “cerrar todo”.
Para que se entienda hasta qué punto incide la grieta en la estrategia sanitaria, basta con ver cómo funciona la distribución de las dosis de vacunas en la tierra de los VIP. El gobierno bonaerense las distribuye de acuerdo a la demanda de los vecinos de cada municipio. Y la demanda se canaliza a través de la inscripción de la población mediante una aplicación digital.
Uno de los partidos bonaerenses que recibió menos vacunas es Vicente López -donde se ubica la residencia presidencial de Olivos- que está gobernada por Jorge Macri, primo del ex Presidente. En este terruño con larga historia antiperonista los mayores de 60 se resisten a inscribirse para recibir “vacunas comunistas”. Como la corrupción, la grieta también puede matar.
Las vacunas entraron definitivamente en la disputa partidaria. Como nunca antes, esta semana la oposición acusó al Gobierno por el “fracaso” del plan de vacunación, la falta de transparencia y de dosis suficientes. Detrás de esas acusaciones hay una discusión sobre la estrategia sanitaria del verano que fue decidida en base a la promesa de los proveedores de las vacunas que permitirían llegar a marzo con la población de mayor riesgo inoculada.
La reacción opositora tuvo otro condimento: los líderes de Juntos por el Cambio se toparon con el mercado. En las últimas semanas la mayoría de los gobernadores salió al mundo a buscar dosis y se encontró con la misma respuesta. “Sí, pero no ahora”. Fue después de que la Casa Rosada liberase las compras. No es cierto que podían hacerlo antes tal lo habilitaba la ley que estableció las reglas para la vacunación de emergencia. Sino que el propio gobierno frenaba las gestiones, como relató el jujeño Gerardo Morales que intentó comprar vacunas en China hasta que la embajada argentina le bloqueó las negociaciones. Lo que permitía la ley, lo bloqueaba la política.
Pero la historia no termina ahí. Luego, con el permiso oficial, el radical retomó las conversaciones con un intermediario y se encontró con una sorpresa: le propusieron depositar el pago en un fondo fiduciario en Singapur. Desconfiado, el gobernador le propuso al agente financiero de su provincia, el Banco Macro, que funcionase como garante para el caso de que el vendedor desapareciera con los recursos y sin mandar las vacunas. La respuesta del banco era previsible.
La compra de vacunas seguirá centralizada en el Gobierno nacional.
Vale insistir con la pregunta que se hacen los rebeldes: “¿hasta cuándo serán las medidas?”. La respuesta depende de los contagios y del arribo de las vacunas. Las perspectivas no son del todo alentadoras. Desde que la Argentina comenzó a recibir embarques, importó un promedio semanal de 450 mil dosis, con algunos picos de 1,5 millón y muchos valles semanales sin ningún arribo.
A este ritmo, cuando todavía restan por vacunar a casi 9 millones de personas de alto riesgo -entre los mayores de 60 años y los que tienen entre 18 y 59 años pero tienen comorbilidades- harían falta casi 20 semanas de embarques.
En la Casa Rosada se corren de las proyecciones estadísticas y apuestan a que “mayo será el mes de las vacunas”. Se ilusionan con resolver los envíos pendientes de Sinopharm (dos millones de dosis), y el inicio de la llegada masiva de las vacunas de AstraZeneca/Oxford fabricadas entre la Argentina, México y Estados Unidos, que se sumó en el último tramo para suplir las carencias de la producción mexicana. “Y tenemos que seguir recibiendo de Rusia. Con mayor o menor ritmo, ese contrato se está cumpliendo”, agregan. Pero la “ilusión” no tiene fechas ciertas, sólo pronósticos esperanzadores. Los que protestan frente a Olivos acumulan incertidumbres.
La falta de certezas, la suba de casos y los desencuentros políticos derivaron en una situación insólita.
Con dos argumentos intestinales pero no jurídicos, el Presidente justificó el despliegue de fuerzas federales en un territorio sobre el que no tiene jurisdicción. Dijo primero que lo hacía porque Ciudad de Buenos Aires “es la Capital Federal de todos los argentinos”. Y luego porque el jefe de Gobierno no había querido hacer cumplir su anterior disposición.
Imagínese el lector si cientos de efectivos de Gendarmería, Prefectura Naval o de la Policía Federal recorren las calles de Mendoza o de Godoy Cruz para hacer cumplir el horario de cierre de las 23 horas que pretendió imponer el Presidente hace una semana. U obligando a un pizzero a que cierre la atención dentro del local. Antes de llegar a ese extremo, Alberto Fernández dejó en manos de los gobernadores la decisión sobre la política sanitaria de cada provincia. “Vivimos en un país federal y así lo exige el sistema federal”, reconoció el Presidente y en el mismo acto establecía un federalismo bipolar con reglas para unos diferentes a las de otros. Unos con la libertad de optar y otros con la obligación de acatar.
El reclamo para Rodríguez Larreta “hiciera algo” no sólo provino del Conurbano o de la Casa Rosada. También se lo manifestaron sus colegas de Juntos por el Cambio en el Zoom de esta semana. El mismo Morales que pulseó con Fernández por las vacunas le pidió al jefe de Gobierno porteño que le pusiera un freno a los contagios antes de que la onda expansiva llegase al resto del país. “El año pasado la pandemia empezó por allá y después nos explotó a todos”, le recriminó. La discusión opositora ya no solo es entre halcones y palomas.
Con escasez de testeos y vacunas, en medio de una escalada verbal que fragmenta aún más a la sociedad entre rebeldes y acatadores, infractores y delatores, la discusión salió del ámbito de la salud y también de la política. El gobierno porteño le entregó a la Corte Suprema la facultad para que resuelva lo que, junto al Presidente, es incapaz de acordar. Sin plazos ni urgencias el máximo tribunal tiene en sus manos una resolución sobre la presencialidad en las aulas que sólo ayudará a enrarecer aún más el clima de convivencia.
Si falla a favor de la Ciudad, la Corte habrá terminado por licuar el poder presidencial para conducir la pandemia. Si resuelve en el otro sentido, los rebeldes, invitados por el ex presidente Macri a la desobediencia, tendrán una excusa adicional para hacer valer sus derechos. Si deja pasar el tiempo, las posiciones se irán tensando cada vez más, con padres y directivos de escuelas que prometen abrir las aulas bajo la amenaza oficial de una causa penal.
Las perspectivas no son las mejores, a menos que la dirigencia política abandone la rebeldía y retome la cordura. Sino, la disputa partidaria quedará a la sombra de la desobediencia civil.