El gobierno de Alfredo Cornejo no pasa por su mejor momento. A la demorada reactivación económica que inquieta e impacienta, atada sin dudas a la suerte de la nación y a la del plan de Javier Milei, esta segunda e inédita gestión en la provincia del hombre fuerte de la política local, el más influyente de todos en los ámbitos institucionales que ha reinado en la última década, ha comenzado a sentir la presión de una particular escalada –no tan sorpresiva hay que decir–, de múltiples frentes que atender. Por ahora tales conflictos no han conducido al gobierno a esas incomodidades de tener que dar explicaciones ni a hacer comentarios públicos. Todavía. Se mantienen controlados y encapsulados en ese tipo de ámbitos que por más que el clima pase de castaño a oscuro, no configuran una amenaza cierta de desestabilización y desmadre inminente.

La acumulación de poder en todo sentido, buscada deliberadamente o conseguida “de arriba” sin demasiado esfuerzo, como haya sido, explica el momento de dudas y sospechas sobre algunas de las decisiones políticas asumidas por el gobierno. Falta aclarar. ¿No hay contraparte con quien discutir? ¿o no hay voluntad para discutir? La insatisfacción generalizada por el estado de las cosas, como bien lo ha descrito la Universidad de San Andrés en su último trabajo de humor social y político, alimenta la atmósfera de sinsabores y desconfianza.

Hay una paradoja descomunal en todo este entuerto. Se trata de un cúmulo de oportunidades de crecimiento y desarrollo que le están apareciendo a Mendoza en el último tiempo para aprovechar y que sin embargo no han conseguido afirmarse para doblegar el pesimismo. Los fondos de Portezuelo; la minería en potencia; el reciente RIGI nacional al que se adherirá; una visita de empresas chinas que no gastan en viajes porque sí y el deseo generalizado de que a la provincia le vaya bien de una vez y por mucho tiempo no alcanza para cambiar el gesto adusto. ¿Será el estilo de gobierno impuesto por Cornejo que lo impide? ¿será culpa de ese amontonamiento de enemigos y adversarios variopintos que con el tiempo ha conseguido formar enfrente y en su contra la administración, gracias a un resentimiento que crece despacio, pero con firmeza en todo el espinel político, gremial y en una parte mínima por ahora en lo social?

Es de creer que el gobierno sabía, de antemano, que en algún momento se le aparecería un adversario de fuste a quien enfrentar, tarde o temprano. Ese adversario es el desánimo. Lo novedoso puede ser que lo acompañe la desconfianza. Todo indica que fue avanzando a tambor batiente y paso redoblado desestimando la suma de aliados críticos, si se quiere, como sí lo ha tenido que hacer obligadamente Milei en la nación, por su extrema debilidad en el parlamento. Los consensos, las buenas formas y explicaciones no parecieron necesarias en Mendoza frente a la distribución de fuerzas en la Legislatura, absolutamente favorable al oficialismo, y esa floja aceptación de la oposición en el gusto de la sociedad mendocina.

Se sabe, hace tiempo, que el arco opositor en Mendoza no está a la altura de lo mínimamente necesario para establecer un contrapoder que, si existiera, ahuyentaría los fantasmas sobre lo que se hace y no se hace desde el gobierno. Fuera de juego el peronismo, con una derecha liberal atomizada y fragmentada en pedazos, y poco confiable además, todo lo que pasa, bueno o malo, recae en el lomo de la administración.

Hasta la muerte del empresario Osvaldo Rofrano metió al gobierno entre las múltiples posibilidades de causas que la pudieron provocar. Hacía tiempo que Rofrano se movía en el mundo de los lobos solitarios. Un tirador libre y fuera de control que disparaba contra las supuestas mafias y la denunciada existencia de un eventual estado narco sin evidencias contundentes. Cercanos al gobierno de Cornejo, como alguno de los empresarios que pasaron a la política desde Activá Mendoza y que hoy influyen en el área de la producción y economía del Ejecutivo, sabían de los movimientos y del pensamiento crítico del empresario conocedor del mundo de los gases y químicos. “Era una buena persona a la que se estimaba, defensor de sus ideas, a la que se respetaba, aunque no se coincidiera con su pensamiento”, dijo sobre Rofrano un relevante hombre de negocios de ese grupo que comulga con el gobierno. Frente a las advertencias públicas del empresario sobre el hostigamiento del que decía ser víctima ¿hubo alguien que se haya acercado interesado en desactivar una posible bomba a punto de explotar como sucedió? No se sabe, aunque todo indica que hubo indiferencia. Tras su muerte, el gobierno no ha podido frenar la ola conspiraonoide alrededor de la tragedia.

Hay otro frente que atender y es el de los 34 proyectos de exploración minera del considerado distrito minero Malargüe. Estos emprendimientos en potencia caminan todos juntos detrás de un mismo expediente que ya está a la espera de la aprobación legislativa de sus DIAs (Declaración de Impacto Ambiental). El punto es que diecinueve de esos proyectos están en mano de una sola firma, Apeleg SA, cuyos responsables, Julio César Pulisich y Antonio Torre eran, hasta fines del año pasado, parte de Potasio Río Colorado (PRC), la mina de potasio que el Estado, a través de la estatal Impulsa, le concedió a José Luis Manzano y compañía. La información oficial da cuenta que cuando Minera Aguilar de Manzano tomó el control del yacimiento ambos, Pulisich y Torre, dejaron de ser miembros de la empresa minera estatal. Los dos son contadores y la empresa que crearon para ingresar en la distribución y reactivación de los permisos mineros de Malargüe, data del 2023. En la oposición están con la guardia alta. Quieren saber si ambos cumplen con la legislación que les impide ser directores de una empresa hasta dos años después de haber sido funcionarios estatales. “No tiene sentido todo esto, cuanto menos es opaco”, dicen en la oposición peronista. Y agregan: “Ningún sentido de hacer las cosas así cuando estamos dispuestos todos a apoyar a Malargüe y su deseo de conseguir el desarrollo general por el lado de la minería”.

Con el mentado Código de Aguas para remozar todo el contexto legal y reglamentario que requiere el recurso hídrico remplazando la antigua Ley 1884 y actualizar y ampliar las facultades del Departamento General de Irrigación (DGI), pasan dos cosas que le apuntan críticamente a la iniciativa, provocadas, en principio, por la falta de apertura, o insuficiente quizás, del mismo gobierno y de Irrigación. Por un lado, productores, algunos intendentes y las conocidas agrupaciones ambientalistas que siempre levantan sospechas sobre los cambios y los usos del agua que se pretenden implementar, aducen que el código esconde el único interés del gobierno para facilitarle a una demonizada minería el uso absoluto del agua que requiere para desplegar todo su accionar del infierno sobre la provincia. Allí se mezclan, además, contra este código, los que rechazan la eliminación de la lucha antigranizo y la desaparición del IDR y del IDC, los institutos de desarrollo rural y del comercio, respectivamente. “No escondemos nada”, dice Sergio Marinelli, el titular de Irrigación. “Todo es dudoso y no nos atienden”, dice Ricardo Mansur, el crítico intendente de Rivadavia.

Sin embargo y por afuera de toda posible animosidad vinculada con la corrupción, la falta de transparencia o el interés oculto por la minería, el gobierno ha conseguido colocar enfrente suyo a expertos y especialistas en la legislación del agua, como desde Irrigación incluso han admitido. Se trata de Miguel Mathus Escorihuela, Miguel Solanes, Javier Zuleta, Alejandro Pérez Hualde y Arturo Lafalla, quienes el viernes presentaron un escrito en Irrigación dando cuenta que sus sugerencias al código no fueron atendidas y por las que advierten que, si no se corrige lo que se está haciendo, la provincia podría sufrir demandas en contra y ataques letales de otras provincias sin ninguna necesidad.

“Nos atendieron muy bien, con todo respeto, nos sacaron fotos de las reuniones que participamos, pero en el anteproyecto no se han visto reflejadas nuestras sugerencias, sólo unas pocas”, dijo uno de los firmantes del documento. En términos generales los expertos proponen terminar con el Plan Hídrico antes de aprobar el nuevo código, un cambio en la forma de elección de los representantes de lo que será el Departamento de Aguas por el que se remozará el actual y viejo DGI y cambiar el concepto de cuencas por el que se menciona a los ríos de la provincia, el objeto esencial de todo este código. En fin, cuestiones técnicas en apariencia no consideradas por el proyecto oficial.

Los nubarrones aparecen con más densidad y regularidad sobre un gobierno que, quizás consciente o no, ha avanzado solo en aspectos estructurales y más que relevantes cuando debió aclarar más, aunque nadie se lo exigiera ni estuviese obligado a ello; abrir el debate a modelos más democráticos, transparentes y pluralistas cuando, se sabe, nadie se lo reclamaba ni se lo reclamó airadamente. Pero lo debió hacer para ganar en mucha más legitimidad, confianza y garantías a futuro de claridad y por sobre todo, tranqulidad.