Finalmente, Marcelo Romano -electo por Provincias Unidas en los comicios de octubre- no pudo asumir este jueves su banca en el Honorable Concejo Deliberante de San Carlos. El cuerpo legislativo decidió no tomarle juramento, fundamentado en la condena firme que pesa sobre él.
El clima de tensión se percibió desde temprano. “Vine a asumir como concejal y el intendente mandó a los preventores. No me dejan ingresar”, denunció Romano a través de un video difundido en sus redes sociales.
Según relató el propio Romano en diálogo con El Sol, la resolución se dio de manera sorpresiva y mediante una alianza legislativa: “Entre gallos y medianoche, una concejal del Partido Justicialista armó una moción y tres concejales que no son de mi grupo no dejaron que asuma“, explicó el exsenador.
Romano apuntó contra la legalidad del procedimiento, citando que se ignoró el Artículo 45 de la Ley 1079 (Orgánica de Municipalidades), el cual estipula la formación de una comisión específica de cinco miembros para estos casos. Además, cuestionó el carácter de la sesión: “Se violaron muchos artículos, pero sobre todo el 64. Las sesiones son públicas y pedían ingresar con un precinto. Le tienen miedo a la gente”, disparó.
Sin embargo, el dirigente no da la batalla por terminada. “No vamos a cesar en nuestro raid judicial”, advirtió a este diario
¿Asume? La Corte dejó firme la condena contra Marcelo Romano y peligra su banca como concejal
La asunción de autoridades en el Concejo Deliberante de San Carlos sumó un componente de incertidumbre legal que podría alterar la conformación del cuerpo. Marcelo Romano, quien resultó electo concejal en octubre pasado por Provincias Unidas, se enfrenta a una condena…
Cabe recordar que la situación de Romano quedó condicionada luego de que la Corte Suprema de la Nación dejara firme la condena a 10 meses de prisión en suspenso y 20 meses de inhabilitación por el delito de atentado contra la autoridad (dictada en mayo de 2024), tras un incidente con la Policía en 2019. Para el Concejo, este fallo es un impedimento para ejercer la función pública.
El conflicto se remonta a 2019, cuando Romano -entonces senador provincial-protagonizó un altercado en un control policial sobre el Acceso Sur, donde su hija había sido multada por una falta vial. Según la instrucción de la fiscal Gabriela García Cobos, el dirigente habría intentado utilizar su investidura para evitar la sanción. Aquel hecho derivó en un desafuero aprobado por la Cámara Alta (22 votos a 16) y un juicio oral ante el Primer Juzgado Penal Colegiado.
Por ahora, la banca que obtuvo con casi a través de Provincias Unidas permanece vacía. Precisamente, Romano llega a esta instancia con el respaldo de 2.696 votos (12,28%) obtenidos en las últimas elecciones legislativas, donde su fuerza se ubicó en el tercer puesto departamental.