El comisario José Gabriel Moschetti es uno de los pocos sospechosos (de un total de 23) que se encuentran en la cárcel con prisión preventiva por la llamada megacausa Bentogate, que tiene al titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, Walter Bento, y a un grupo de abogados como presuntos integrantes de una asociación ilícita dedicada a sacar presos a cambio de coimas millonarias.

Moschetti era responsable de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) del Valle de Uco cuando el juez Eduardo Puigdéngolas y el fiscal general Dante Vega entendieron que debía estar detenido por ser considerado integrante con rol fundamental en la estructura delictiva. Se trata del efectivo de alto rango que intentó recuperar el teléfono secuestrado a un presunto narco que permitió el inicio de las actuaciones.

Pese a esto, a los pocos días pidió formalmente la excarcelación o, en subsidio, la detención domiciliaria al indicar que carecía de antecedentes penales. El juez Puigdéngolas se la rechazó, entre otros argumentos, por la gravedad de la imputación que recayó sobre él.

La defensa insistió y apeló la resolución de primera instancia, pero volvió a encontrar este lunes una respuesta negativa en los Tribunales Federales de calle España y Pedro Molina.

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Esta vez fue la Cámara de Apelaciones, con el voto de los jueces Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Manuel Porras, la que no hizo lugar a la presentación de los abogados Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales.

Fundamentalmente, los camaristas coincidieron con los argumentos expuestos por la fiscalía de Dante Vega
–que se opuso– y por el juez que procesó a todos los sospechosos del Bentogate.

Cazabán y Chales explicaron en la apelación que no había elementos que acreditaran riesgos procesales (fuga, entorpecimiento de la instrucción) y que no había fundamentación por parte de Puigdéngolas para rechazar el arresto domiciliario de Moschetti solicitado en subsidio.

Una vez analizados los argumentos de las partes, el tribunal de alzada destacó lo ya explicado por el juez de la causa para rechazar el pedido: “Así pues, la gravedad de la imputación que pesa en contra del encausado, los elementos de prueba colectados en el marco de la causa principal, la cobertura que pueda recibir por parte de la organización criminal y las medidas pendientes de producción son circunstancias sumamente relevantes, que permiten sostener la existencia de peligro de fuga y entorpecimiento probatorio y, por tanto, llevan al rechazo de la excarcelación solicitada en favor de José Gabriel Moschetti”.

Además, el tribunal analizó la calificación que recayó sobre el comisario de la PCN sospechado de ser parte del grupo delictivo. Moschetti fue procesado por ser considerado prima facie penalmente responsable del delito asociación ilícita en calidad de integrante, en concurso real con el delito de violación de secreto, en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público, ambos en calidad de autor.

Los camaristas argumentaron para rechazar el pedido que la acusación que recayó sobre Moschetti contempla duras penas y no permite avizorar, si es hallado culpable en un juicio, la posibilidad de una condena de ejecución condicional.

Y citaron una frase del fiscal Vega para sostener su postura. “De modo que la existencia de riesgo procesal no tan solo deriva de su activa intervención en la banda delictiva que se investiga sino también de la actividad desplegada por el nombrado, en concreto dirigida a sustraer del proceso un elemento de prueba fundamental como es el celular de Walter Bardinella (Donoso), valiéndose para ello de su calidad de funcionario de la Policía de Mendoza (…)”, señaló el representante del Ministerio Público.

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Finalmente, la Cámara concluyó que el grado de participación en la organización, la gravedad y la naturaleza del delito atribuido además de la severidad de la pena en expectativa y la presunta participación en una organización criminal donde convergerían funcionarios judiciales, abogados y policías, entre otros, fueron suficientes para justificar el encarcelamiento preventivo del comisario.

El teléfono 

El Bentogate nació cuando la PCN capturó en marzo del 2020 al señalado narco Walter Bardinella Donoso después de años con pedido de captura. Lo atraparon en Guaymallén y quedó a disposición de la Justicia federal por un cargamento millonario de marihuana.

Le secuestraron el teléfono. Al analizarlo, descubrieron que mantenía diálogos con abogados, policías y hasta con el citado nexo o facilitador de la organización, Diego Aliaga, quien terminó siendo asesinado a fines de julio del año pasado.

Moschetti, para los investigadores, cumplía un rol clave para la estructura delictiva, ya que, por ejemplo, fue señalado de avisar sobre allanamientos que podrían realizarles al resto de los integrantes.

Su situación se agravó cuando llegó desde el Valle de Uco hasta el área policial donde sus colegas peritaban el celular de Bardinella Donoso. El objetivo que tenía, entienden los pesquisas, era recuperar la información o hacer desaparecer el teléfono, por orden de los líderes de la banda.

El extraño accionar de Moschetti fue detectado por la uniformada responsable del sector donde trabajan con el aparato y el responsable de la PCN de la provincia, el comisario inspector Juan Marcelo Rivera.

Se notificó a la Justicia y la situación de Moschetti se mantuvo en reserva mientas se desarrollaba la instrucción. En una segunda tanda de imputaciones, a principios de junio, Moschetti fue detenido e imputado.

Luego terminó procesado con prisión preventiva. Pidió dos veces salir de la cárcel en dos meses, pero la Justicia federal lo rechazó.