El Concejo Deliberante de General San Martín sancionó una ordenanza, mediante la cual autoriza al intendente Raúl Rufeil a iniciar el proceso de licitación pública para el servicio de higiene urbana y recolección de residuos. Se trata de uno de los contratos más importantes de la gestión municipal, ya que define la limpieza del departamento para los próximos cinco años y que actualmente está a cargo del Grupo Santa Elena.
La normativa aprobada establece que el servicio se prestará bajo la modalidad de gestión delegada (concesión), siguiendo los lineamientos de la Ley Provincial Nº 5507. Esto implica que no es una simple compra de suministros, sino una transferencia de la responsabilidad operativa a un privado bajo estrictas condiciones de control estatal.
Santa Elena tiene actualmente la concesión de seis municipios de Mendoza: Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, Guaymallén, Capital y el mencionado San Martín. Además, presta el servicio para el mantenimiento del Parque General San Martín.
En la comuna del Este, la firma privada ya lleva 17 años de prestación, según se puede ver en el sitio web de Santa Elena. Es del departamento donde se inició, precisamente, en la recolección de los residuos urbanos.
Claves del nuevo contrato
La ordenanza fija puntos determinantes para la futura prestación del servicio:
- Plazo de ejecución: la concesión tendrá una duración de 60 meses (5 años), con posibilidad de prórroga según lo estipulado en los pliegos.
- Compromiso financiero: al tratarse de un contrato plurianual, el Concejo autorizó la afectación de partidas presupuestarias de ejercicios futuros, garantizando la sustentabilidad del pago a la empresa adjudicataria.
- Control legislativo: aunque el Ejecutivo lleva adelante el proceso de licitación bajo la Ley Nº 8706, cualquier modificación que afecte la calidad o extensión del servicio deberá ser ratificada por los ediles.
El rol del Concejo como garante
En los fundamentos de la norma, se destaca que la recolección de residuos es un “servicio público esencial e indivisible”. Por este motivo, el cuerpo legislativo subrayó su facultad de reglamentar la higiene pública para proteger el interés general de los vecinos.
Un dato relevante de la Ordenanza 3234 es que el proceso no termina con la adjudicación: una vez que el Departamento Ejecutivo elija a la empresa ganadora, deberá remitir el contrato nuevamente al Concejo Deliberante para su ratificación final antes de que comience a ejecutarse.