A pesar de que el proyecto se sancionó con fuerza de ley en 2010, recién ahora parece ser viable la implementación de una pulsera que permitirá monitorear a los internos que son beneficiados con prisión domiciliaria o salidas transitorias. Desde el Gobierno aseguraron que la demora se debe a problemas tecnológicos, pero afirman que pronto harán un el llamado a licitación.

En octubre del 2010, la Legislatura provincial aprobó la creación del Programa Tecnológico Control Seguimiento de Medidas Judiciales, el cual dependería de la Subsecretaría de Justicia. La norma tenía por objeto otorgar a las autoridades los mecanismos tecnológicos necesarios para vigilancia de los individuos sujetos a medidas judiciales, pero nunca se puso en funcionamiento.

Según expresó el diputado por el Frente Renovador, Daniel Cassia, la iniciativa no se aplicó debido a que no se presentaron propuestas serias para poder implementar el sistema. “En su momento se dejó caer la licitación, porque no había tecnología suficiente”, señaló el legislador.

Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que se está trabajando para licitarlo en los próximos meses y afirman que es factible la realización de una prueba piloto con cerca de 100 internos.

Al respecto, la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, sostuvo que la licitación pública fue objetada por las condiciones del pliego, ya que las condiciones tecnológicas no eran las adecuadas.

“Al asumir, empezamos a analizar la situación y a buscar antecedentes en otras provincias del país donde se estuviera aplicando, que no son muchas”, remarcó la funcionaria. En base a esto trabajan en un nuevo pliego de licitación que podría anunciarse en los próximos meses.

“No ha sido fácil, ya que hay muchos insumos importados y la mayoría de las empresas interesadas nunca han brindado un servicio de estas características”, agregó Ronda, que aseguró que había mucha improvisación en las propuestas.

En la misma situación

Al igual que este caso, existen otros casos de leyes que nunca se aplicaron por supuestos inconvenientes tecnológicos. En 2008, un proyecto del entonces diputado radical por la UCR, Luis Petri, ordenaba inhibir la señal de los celulares en las cárceles. La medida se convirtió en ley y se publicó en el Boletín Oficial el 31 de diciembre de ese año, pero nunca llegó a implementarse.

El caso de los celulares preocupa a las autoridades ya que, con las nuevas tecnologías, los internos pueden hablar con sus parientes hasta subir fotos en Facebook o realizar los llamados secuestros virtuales.

En 2012, luego del resonante crimen de Matías Quiroga, se hizo una prueba piloto en el penal de Almafuerte, pero ésta no arrojó buenos resultados. “Hicimos una prueba en el penal pero fracasó por cuestiones tecnológicas. Ahora, un comité está estudiando que otras alternativas podemos instalar”, explicó en su momento Ronda.