Cuando los usuarios de Mendoza pagan su factura de luz, una parte del monto no está directamente relacionada con su consumo ni con mejoras inmediatas en la prestación del servicio. Se trata de una categoría poco conocida, denominada “otros reconocimientos”, que agrupa deudas históricas de las distribuidoras, planes de obras específicos y partidas sociales incorporadas a la boleta mediante acuerdos entre el Gobierno provincial y las empresas.
Estos costos adicionales integran el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente provincial de la tarifa eléctrica que remunera a las prestadoras por operar, mantener y ampliar la red de distribución.
En tal sentido, el próximo 4 de julio, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) realizará una audiencia pública para definir la estructura tarifaria eléctrica que regirá a partir de agosto en Mendoza. Aunque no tiene carácter vinculante, permite que ciudadanos, municipios, asociaciones de consumidores y expertos presenten observaciones sobre la estructura del VAD.
Qué es el VAD y por qué impacta en la boleta
El VAD es la parte de la tarifa eléctrica determinada exclusivamente por el Gobierno de Mendoza. Se actualiza cada tres meses, de acuerdo con variables como la inflación, los salarios, el costo de materiales, las inversiones y el mantenimiento. No contempla el precio de la energía —que se fija a nivel nacional— ni los impuestos.
Aunque representa solo una porción de la factura, el “VAD propio” constituye la principal fuente de ingresos para las distribuidoras.
Dentro de este componente se agrupan los “otros reconocimientos”, partidas que fueron incorporadas mediante decretos y acuerdos bilaterales entre el Ejecutivo provincial y las empresas del sector.
En Mendoza, el VAD representa un 43% del total de la factura para los usuarios de altos ingresos, y un 66% para los de bajos ingresos.
Qué cubren los “otros reconocimientos”
Entre 2022 y 2024, el Gobierno de Mendoza sumó al VAD una serie de costos extraordinarios, no contemplados en la estructura tarifaria base. Bajo la denominación formal de “otros reconocimientos”, se incluyeron montos que no surgen del servicio eléctrico cotidiano, sino de decisiones administrativas y acuerdos con las distribuidoras.
Aunque no figuran con nombre propio, su impacto es directo: se trasladan a la boleta que el usuario abona cada mes. En tal sentido, los “otros reconocimientos” representan entre el 2,5% y el 9,5% del VAD, según la distribuidora.
De acuerdo con estimaciones basadas en un informe técnico del EPRE y en los cuadros tarifarios publicados, el impacto para un hogar tipo podría oscilar entre $700 y $3.000 bimestrales, dependiendo de la zona, empresa distribuidora y nivel de consumo.
Entre los principales conceptos incluidos en los “otros reconocimientos” se destacan:
1. Planes de pago con CAMMESA
Varias distribuidoras mantenían deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Para saldarlas, acordaron planes de pago que fueron reconocidos mediante decretos provinciales: 70/2023, 366/2023 y 789/2023.
Los montos derivados de esos acuerdos se trasladaron a la tarifa eléctrica y actualmente son cubiertos por los usuarios.
2. Planes de obras
El Estado provincial también habilitó el financiamiento de obras de infraestructura a través de la tarifa. En el caso de las cooperativas eléctricas (salvo la de Godoy Cruz), se estableció un plan anual de $300 millones (a valores de diciembre de 2022), actualizado hasta julio de 2025.
Para Edemsa, se aprobó un plan por $17.000 millones, a ejecutarse en diez años. En tanto, el acuerdo con Edeste es similar, por un monto de $1.800 millones. Todos estos valores se ajustan anualmente junto con la tarifa.
3. Obras en barrios populares
Otro segmento de los “otros reconocimientos” corresponde a obras de normalización eléctrica en barrios populares. Según datos del EPRE, se reconocieron:
- $2.901 millones a Edemsa
- $106 millones a Edeste
- $15 millones a la Cooperativa de Sud Tunuyán, entre otros casos.
Si bien estas inversiones están formalmente autorizadas, no necesariamente implican una mejora inmediata o directa para todos los usuarios.
Una instancia clave: la audiencia pública
La próxima revisión del VAD será tratada el 4 de julio, durante una audiencia pública convocada por el EPRE. En ese espacio, ciudadanos, asociaciones civiles, municipios y entidades empresarias podrán expresar opiniones u observaciones sobre la adecuación del esquema tarifario.
La participación será presencial, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, o virtual —vía Zoom— con inscripción previa en el sitio web oficial del ente regulador.
Aunque la audiencia pública no es vinculante, su realización es un paso obligatorio en el proceso de actualización tarifaria. La decisión final sobre un eventual aumento del VAD —y, por extensión, de los “otros reconocimientos”— dependerá del Ejecutivo provincial, a través de un decreto. De aprobarse, el nuevo cuadro tarifario entraría en vigencia el 1 de agosto.