El Gobierno nacional avanza con una nueva reforma para las personas con discapacidad a pesar de que está vigente la Ley de Emergencia en esa materia, la que Javier Milei intentó vetar y la Justicia ordenó cumplir. El proyecto busca controlar limitando el acceso al sistema de pensiones que consideran un “fraude”, pero en Mendoza los prestadores están alarmados por las consecuencias y rechazan la estrategia. También denuncian una situación asfixiante vinculada a los atrasos en los pagos y arancelarios.
De hecho, todo se enmarca en un achicamiento de la operatividad de la ahora Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadi), que llegó para reemplazar a Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras la polémica que envolvió al Gobierno. La oficina de Mendoza está operativa pero al mínimo de su capacidad.
La reforma y qué cambia
El proyecto, llamado Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, tiene como objetivo controlar lo que consideran “irregularidades” en el sistema para apelar a una prestación “proporcional a los recursos” que dispone el Ejecutivo.
Señalaron que entre los años 2003 y 2023 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez creció de manera “exponencial“. Pasaron de 76.000 beneficios a 1,2 millones. Su argumento es que ni los países que transitaron guerras pudieron justificar ese incremento, lo que genera una “inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados“.
Afirmaron en el proyecto que esas sospechas fueron confirmadas en investigaciones aún por la vida judicial. Entre las irregularidades incluyen domicilios inexistentes y casos en los que no tenían los requisitos legales y médicos.
Entre los cambios más importantes, se le pone fin a los valores arancelarios universales porque el nomenclador vigente deja de tener valores únicos nacionales. Cada financiador podrá fijar aranceles.
Sucede que la cobertura estará condicionada al financiamiento jurisdiccional tanto de la Nación como de las provincias. De hecho, el proyecto habilita a la firma de convenios con las provincias para que ellas financien las prestaciones.
La crítica de los prestadores
En contraposición, los prestadores aseguran que transitan una situación asfixiante que puede poner en riesgo la atención médica de las personas con discapacidad. Este miércoles a las 11 realizarán una protesta en Casa de Gobierno.
Gustavo Kretschmar, integrante del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y director de la institución Naranjito, fue uno de los voceros. Sobre los cambios en la nueva ley, fue contundente: “Este es un negocio de Lugones (Mario, ministro de Salud), que es dueño de una prepaga. Quiere romper el sistema“.
Por otro lado, Kretschmar desmintió que sea una cuestión de ahorro fiscal. “El Estado es quien fija los aranceles pero los pagan las obras sociales, por lo que esto no tiene un costo fiscal. Esto es plata de los trabajadores que pagan las obras sociales“, advirtió. Aseguró que el Gobierno solo cubre menos del 20% del programa Incluir Salud y del PAMI.
Sobre el argumento del crecimiento exponencial de beneficiados por pensiones, Kretschmar aseguró que los datos del proyecto no son reales. Que un informe interno detalla por provincia cuántos cupos están cubiertos y el mismo señala que son 96 mil. Sin que se contemplen las prestaciones ambulatorias como estimulación temprana, integración y rehabilitación; las que duplicarían el número a aproximadamente 200 mil. Cuando el proyecto habla de 1,2 millones.
Según este informe en Mendoza hay aproximadamente 12 mil.
“Ellos hablan de que ni en una guerra hay estos números pero, primero, en las estadísticas mundiales estamos por debajo de la media. Y segundo; la miseria, la destrucción infantil y la economía recesiva genera personas con discapacidad. No hacen falta bombas“, señaló.
Además, junto a la directora médica del Naranjito, Victoria Kretschmar, criticaron el relevamiento que hizo la Andis en 2024 cuando censaron a quienes recibían una prestación para descubrir esas irregularidades. Aseguraron que el Gobierno envió notificaciones a personas del Gran Mendoza para que en la sede de San Rafael registe su prestación. A otros les pidieron muchos estudios de un día para el otro y otros tantos en Mendoza nunca recibieron la notificación, sea por un cambio de domicilio.
Por otro lado, Gustavo Kretschmar cuestionó la desuniversalización de las prestaciones, al darle intervención a las provincias. “Van a haber discapacitados con distinto acceso a la prestación. Porque primero cada obra social va a elegir lo que quiera y segundo porque hay provincias pobres que van a ofrecer prestaciones pobres“, advirtió.
Deudas y demoras en los pagos
Los prestadores no solo se muestran alarmados por los posibles cambios en la ley, sino que también denuncian la “crítica” situación actual, marcada por las demoras en los pagos y el cumplimiento parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad que el presidente quiso vetar.
“El Estado funciona con partidas presupuestarias que son cuatro cuotas trimestrales. La cuota de enero no la mandaron y por ende no le pagaron a nadie durante meses. A mí me pagaron recién el viernes pasado (17 de abril) pero estuve cuatro meses sin cobrar, desde el 23 de diciembre”, señaló.
El dinero no solo llega tarde sino que también es insuficiente. En marzo se actualizaron los aranceles que contempla el nomenclador (la lista de prestaciones que están obligadas a ofrecerles a un discapacitado), tal y como indica la ley, pero para Kretschmar la lista está “atrasada”.
Desmantelamiento de la oficina en Mendoza
En medio de todo este contexto, desde la Secretaría Nacional de Discapacidad se ha implementado un achicamiento que impacta también en los servicios que ofrecen las oficinas en todo el país para las personas con discapacidad, como la asesoría y consulta.
La oficina en Mendoza, ubicada en Perú y Las Heras, contaba con 10 trabajadores y ahora solo hay 2, a cargo de todas las responsabilidades. No solo de la atención al público, sino también del control de datos en el marco del traspaso de mando de la autarquía (Andis) al funcionamiento dentro del Ministerio de Salud.
De hecho, no es la única provincia que sufre el recorte. En Catamarca, por ejemplo, ya no hay oficina y todo se maneja digitalmente con trabajadores funcionando en la virtualidad.
Trabajadores de la exagencia también están alarmados por el impacto negativo que puede tener la reforma para las prestaciones de los servicios médicos de las personas con discapacidad.