La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner sumó este viernes un capítulo. En el marco de la Causa Vialidad, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenó el decomiso de los bienes de la exmandataria y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, como parte de la ejecución de la sentencia que la encontró culpable de administración fraudulenta. La decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 previamente, que había dispuesto el remate de bienes por más de 684.000 millones de pesos.
La resolución judicial se basa en que los bienes sujetos a la medida son considerados producto del delito investigado. Se trata de 111 bienes inmuebles tanto de la familia Kirchner como de empresarios.
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En ese contexto, la resolución judicial habilita avanzar sobre propiedades, empresas y otros activos vinculados a la ex mandataria y al resto de los implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez. La medida representa un paso clave en la etapa de ejecución de la sentencia, orientada a garantizar el recupero de los fondos públicos involucrados en uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años.
De acuerdo con lo establecido en el fallo suscripto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, del total de bienes cuyo decomiso fue ratificado, 84 inmuebles están vinculados a Lázaro Báez. Además, se incluyó una propiedad atribuida a Cristina Kirchner, dos pertenecientes a Austral Construcciones S.A., tres a Kank y Costilla S.A., dos a Loscalzo y Del Curto S.R.L. y 19 a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Para Hornos, “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.
En tanto que sostuvo que “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.