El contrato entre la Provincia de Mendoza y Minera Aguilar, la firma vinculada a José Luis Manzano, por Potasio Río Colorado ingresó en el terreno de la polémica por el compromiso de confidencialidad entre ambas partes. Este miércoles, la firma que llevará adelante la explotación del yacimiento en Malargüe aseguró que no se opone a que el Ejecutivo provincial tenga que brindar información sobre el acuerdo en la Legislatura u en otros organismos que corresponda.
A través de una carta dirigida al gobernador Rodolfo Suarez y al ministro de Economía, Enrique Vaquié, el titular de la firma, Nicolás Mallo Huergo, explicó que el convenio tiene una cláusula, la 8.6, que refiere a un compromiso con la Provincia para mantener el secreto sobre el acuerdo.
Puntualmente, el directivo aseguró que esta cláusula de confidencialidad “atañe a información comercial, industrial o tecnológica de las partes o de PRC S.A.U. cuya protección es necesaria para el desarrollo de la actividad económica de forma competitiva y eficiente“. Se trata de una situación que es usual en los acuerdos comerciales.
Pese a esto, la empresa aseguraron que este punto no restringe el derecho de acceso a la información pública, así como tampoco incumple con el mandato constitucional de la publicidad de los actos de gobierno.
De hecho, Mallo Huergo sostuvo que “CMAP acepta y reconoce que el Poder Ejecutivo provincial tiene el derecho de compartir el contenido del Contrato con la Legislatura provincial“.
En otras palabras, la empresa que explotará el yacimiento de sales de potasio en Malargüe, acepta las obligaciones legales en torno a la transparencia de los actos.
Así, “autoriza a la Provincia de Mendoza a divulgar la información caracterizada como confidencial en el Contrato al poder legislativo provincial y otros organismos estatales“.
Este es el escrito de Mallo Huergo a Suarez y Vaquié:
La cláusula de confidencialidad había sido puesta en consideración a través del dictamen de Fiscalía de Estado, uno de los requisitos necesarios para aprobar la firma del contrato por PRC. Se trata de un filtro obligatorio donde el organismo de control revisa si está todo jurídicamente bien y no perjudica al patrimonio del Estado.
El dictamen de Fiscalía puso la lupa en la confidencialidad del acuerdo y, por ello, le pidió al Ejecutivo que justifique por qué es secreto.
Más allá de esta exigencia por parte del organismo a cargo de Fernando Simón, el contrato todavía tiene que ser refrendado por Suarez por la vía del decreto, así como también el aval correspondiente de la Legislatura provincial.
Desde el Gobierno provincial, en tanto, aseguraron que reforzarán los aspectos que el Fiscal de Estado haya pedido antes de que Suarez lo promulgue.
Emilio Guiñazú, presidente de PRC, explicó que “queda muy poco confidencial, es una cuestión más legal, de protección. Se conocen los montos de inversión, los programas, las garantías. Hay más un tema más de curiosidad o morbo que de real confidencialidad.”
