La Fiscalía de Estado estableció una serie de condiciones para avalar el acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y la Compañía Minera Aguilar, propiedad de José Luis Manzano, para la explotación de la mina de sales de potasio en Malargüe.
Se trata del yacimiento abandonado por la brasileña Vale hace más de una década, que la actual gestión de Rodolfo Suarez busca reactivar. Para ello contrató al Banco de Inversión UBS, de Suiza, quien se encargó de buscar y calificar a los oferentes.
El proceso avanzó hasta la firma del traspaso del 88% de las acciones del emprendimiento en el sur provincial. Para completar el trámite, falta que Suarez firme el decreto correspondiente y la ratificación legislativa. Antes cumplir con esos pasos imprescindibles, la Fiscalía de Estado realizó un control de “juridicidad” del convenio con el objetivo de “que no se afecten en forma actual o futura intereses fiscales o el patrimonio del Estado”.
El oficialismo, principalmente Suarez, esperaba con ansias el dictamen del órgano de control que comanda Fernando Simón para terminar de cerrar el acuerdo. La intención del Gobernador es firmar el decreto y lograr la aprobación legislativa antes del 10 de diciembre, cuando le dejará el cargo a Alfredo Cornejo.
El dictamen de la Fiscalía avala la mayoría de las etapas, aunque también pone el foco en cinco cuestiones puntuales del contrato. La principal apunta a la confidencialidad del acuerdo con Minera Aguilar, que incluye una promesa de inversión de 1.000 millones de dólares en un plazo de cinco años.
Si bien las cláusulas de confidencialidad son habituales en los negocios de esta magnitud, Simón pide que el Gobierno justifique y fundamente “en forma precisa” por qué es “secreto” el acuerdo, teniendo en cuenta que en el documento firmado con la empresa de Manzano no figura esa explicación.
“Entiendo que deberá fundarse en debida forma la causal correspondiente en el decreto ratificatorio a emitirse”, destaca el dictamen. “En este marco, cabe recordar que para disponer el ‘secreto’ de actuaciones, es necesario fundarlo suficientemente (en especial cuando la misma se mantiene después de la fecha de cierre y ratificación legislativa)”, agrega.
Por otra parte, señala que “no bastan para justificar tal declaración frases vagas y/o ambiguas como ‘razones de seguridad públicas’ o ‘razones de emergencia’, entre otras”. En cambio, sí podrían mencionarse argumentos como “secreto comercial-industrial”, “intereses comerciales y económicos legítimos”, “desarrollo estratégico de políticas públicas” y “en caso de que así se disponga por disposición legislativa ratificatoria”.
También Simón pide que se determine un tiempo “razonable” para la duración de las disposiciones relativas al “secreto”. Ese plazo debería ser, según la Fiscalía de Estado, como máximo de cinco años.
El segundo punto que puso como condición el fiscal fue que Minera Aguilar cumpla con “las previsiones sobre materia ‘anticorrupción'” y con “los parámetros mínimos establecidos en las leyes nacional y provincial aplicables”, adoptando mecanismos “tendientes a la prevención de delitos”.
Además, la Fiscalía solicita que se incorporen en los considerandos del decreto datos puntuales de la empresa estatal PRC, que se quedó con el 12% de las acciones del proyecto minero luego de traspasar el 88% restante a Minera Aguilar, que se asoció con la brasileña ARG. Entre otros puntos, Simón quiere que quede por escrito cómo y cuándo se aprobó el procedimiento de búsqueda de inversiones y se designó a la Unión de Bancos Suizos (UBS), las conclusiones de la comisión evaluadora de las ofertas y el informe legal “referido al análisis de las sociedades que resultaron adjudicataria”.
De acuerdo con el dictamen, si se cumplen con esos requerimientos, Suarez podrá emitir el decreto. Sin embargo, Simón también pretende que el Gobierno evalúe “debidamente” el alcance de una previsión específica respecto “a la eventual existencia de conflictos a dirimirse ante el CIADI“, el tribunal dependiente del Banco Mundial que se dedica a la conciliación y arbitraje frente a disputas relativas a inversiones internacionales.
Así las cosas, el dictamen solicita que el Gobierno y la Legislatura analicen la “conveniencia de los términos” de ese punto del acuerdo con Minera Aguilar, “teniendo en consideración las especiales características del desarrollo de la industria minera… y de su adecuación al mercado nacional y/o internacional en que se materializa, así como al volumen de inversiones necesarias estimadas para su concreción y el acceso a los mercados financieros para su obtención”.
El documento de la Fiscalía de Estado también recomienda que antes de la emisión del decreto y de su envío a la Legislatura para su tratamiento y ratificación, Suarez le de intervención a la Asesoría de Gobierno.
