Los principales bloques de la oposición en la Legislatura provincial presentaron este miércoles un proyecto para crear una comisión investigadora que analice posibles irregularidades en la contratación directa por 54 mil millones de pesos para la provisión de raciones alimentarias al Servicio Penitenciario de Mendoza.
La iniciativa fue promovida en conjunto por el Partido Justicialista, La Unión Mendocina, el Partido Verde, el Partido de los Jubilados y el bloque Consumidores y Ciudadanos. El pedido ingresó por ambas cámaras legislativas y busca que el Gobierno provincial brinde explicaciones sobre el proceso mediante el cual se adquirieron 4 millones de raciones destinadas a presos y personal penitenciario.
Durante una conferencia de prensa, el presidente del bloque de Diputados del PJ, Germán Gómez, cuestionó la decisión del Ejecutivo de avanzar con una contratación directa tras el fracaso de la licitación pública inicial.
“La Fiscalía de Estado hizo observaciones sobre el procedimiento y creemos que, ante ese escenario, se debió convocar a una nueva licitación. Se trata de un monto considerable que amerita máxima transparencia”, remarcó.
En esa línea, Gómez señaló que los pedidos de informe presentados por la oposición siguen sin respuesta y que la creación de una comisión especial permitiría determinar si existieron responsabilidades administrativas o políticas en el proceso.
“Estamos pidiendo que se investigue por qué una licitación pública se transformó en una contratación directa. ¿Es tan complejo eso? Hasta la propia Fiscalía de Estado, máximo organismo de control del Ejecutivo, lo cuestionó”, indicó por su parte el diputado Edgardo Civit Evans.
Por su parte, el extrovertido legislador José Luis Ramón, aseguró que “hay algo que huele feo” y remarcó el hecho de que previo a que finalizara el proceso de licitación pública ya existiera otro de compra directa.
“Una contratación directa es hablar con amigo que me va a vender determinado producto, que vamos a pagar todos los mendocinos, cuyo precio será fijado de manera directa por un funcionario y un amigo de un funcionario”, manifestó.
A pesar de la intención de ir en bloque con el pedido, Ramón no cree que prospere dado que la UCR “tiene mayoría en ambas cámaras”. De todos modos, adelantó que si eso ocurre, el tema “deberá ser investigado por la Justicia penal”.
La senadora Adriana Cano, fue otra de las voces que se expresaron al respecto y dijo: “Se trata de un hecho que muestra el feudo que ha sabido construir el ‘cornejismo’, corriendo los organismos de control y los procesos que tenemos para ello. Vamos a insistir con el tema”.
La presidenta del bloque del PJ en la Cámara alta hizo hincapié además en que el monto de la compra es superior incluso al presupuesto municipal anual que manejan algunos departamentos como Luján de Cuyo o Maipú. “Si no prospera en el recinto, vamos a consensuar con el resto de las fuerzas diferentes herramientas administrativas y judiciales que podemos iniciar a partir de la negativa política. Esperamos que el oficialismo receptúe este pedido y muestre la madurez política que muchas veces dicen tener pero que la mayoría de las veces en estos casos está desaparecida”, completó.
Por último, el representante del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, ponderó la decisión de la oposición de defender en conjunto el tema en cuestión que “demuestra que cuando hay temas sensibles en la provincia de Mendoza se busca avanzar en herramientas para poder investigarlos”.
“El oficialismo debe entender que cuando no hay nada que ocultar, no hay por qué esconderse. Por ello considero que debe darle paso a que esta comisión investigadora se constituya. Así, sabremos adónde va a ir y por qué se utilizó todo este dinero de los mendocinos”
Para Fugazzotto, a través de un “Caballo de Troya” que es la comida de las personas privadas de su libertad, “se esconde una persona que maneja todo a través de una empresa elegida de manera directa”.
“Como diría Mike Amigorena, ‘Mendoza es mansa’, pero lo es por el manso blindaje que propone el oficialismo y por el feudo en el que se está transformando”, cerró.
La contratación de la controversia
El Gobierno de Mendoza concretó la compra de 4 millones de raciones alimentarias para abastecer a internos y personal del Servicio Penitenciario Provincial, en una operación que asciende a 54 mil millones de pesos, convirtiéndose en el contrato más costoso del Estado mendocino. La adjudicataria es Clisa Interior SA, empresa que presta este servicio desde 2010 y que fue seleccionada esta vez mediante una contratación directa, tras el fracaso de una licitación pública y el rechazo de una oferta alternativa.
La licitación inicial, lanzada en diciembre de 2024, fracasó debido a que la única propuesta presentada por Bio Limp Soluciones de Calidad SA fue considerada inconsistente por el Ministerio de Seguridad. Curiosamente, Clisa Interior SA no se presentó a esa licitación, pero sí lo hizo luego mediante una oferta directa, con un presupuesto inferior al de la empresa competidora, lo que le permitió quedarse nuevamente con el servicio.