El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza adjudicó a la empresa Clisa Interior S.A. un contrato por más de 54 mil millones de pesos para la provisión de cuatro millones de raciones alimentarias destinadas al Servicio Penitenciario provincial para los próximos dos años.
La decisión se formalizó a través del Decreto 914, publicado este lunes en el Boletín Oficial, tras un proceso licitatorio que fracasó y derivó en una contratación directa.
El procedimiento inicial contemplaba una licitación pública pero esta fue declarada desierta en febrero pasado. Posteriormente, se habilitó una contratación directa conforme a lo previsto en el artículo 144 inciso b) de la Ley N° 8706.
De las dos empresas que presentaron ofertas, solo Clisa fue considerada formal y técnicamente admisible por la comisión evaluadora. La otra firma, Bio Limp Soluciones de Calidad S.A., fue descalificada por irregularidades documentales y técnicas, entre ellas una garantía mal presentada y falta de habilitaciones requeridas en Mendoza.
Según el análisis del expediente, la empresa adjudicataria presentó la única oferta válida, con un precio unitario de $13.534,40 por ración, lo que totaliza $54.137.600.000 por el conjunto del servicio, previsto para un plazo aproximado de dos años, con posibilidad de prórroga.
La comisión destacó que el monto implica un ahorro de más de $2.150 millones respecto al presupuesto oficial y de más de $4.000 millones frente a la propuesta descartada.
El motivo por el que fracasó la licitación
La contratación directa se dio luego de un fracaso de la licitación pública en la que se había presentado la empresa Bio Limp Soluciones de Calidad S.A, pero por un insólito motivo fue rechazada la propuesta.
Bio Limp impugnó su exclusión alegando que se había producido una errónea evaluación de la documentación que había presentado, en particular una póliza de caución supuestamente embebida digitalmente.
La firma sostuvo que el rechazo de su oferta vulneraba el principio de concurrencia y pedía la reconsideración del proceso. Sin embargo, tanto la Comisión Evaluadora como la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia coincidieron en que la oferta incumplió un requisito esencial no subsanable: la garantía de oferta no estaba firmada por el oferente, lo cual invalida automáticamente la propuesta.
El Ejecutivo remarcó que “la presentación de garantías válidas es indispensable para resguardar la seriedad de las ofertas y garantizar la equidad en los procesos públicos”. En este caso, la omisión fue considerada determinante, más aún por tratarse de una contratación sensible como es el suministro de alimentos en el sistema carcelario.
En consecuencia, también fue rechazada la solicitud de suspensión del procedimiento de compra realizada por la misma empresa mediante una carta documento.
Los menús
Del total del dinero asignado, el 86 % es utilizado para los almuerzos y cenas, mientras que el 14% va para las meriendas y desayunos.
Según se detalla en el pliego de la compra, se estableció un plan de alimentación que incluye 8 días al mes, que luego se va repitiendo, y que incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Entre los menús se encuentran carne asada con puré, pollo al horno con fideos al pesto, pizza, empanadas, milanesas, tartas y pastas, según se explicó en el pliego de la contratación.