El abogado Carlos Varela Álvarez afirmó este viernes que el fallo que absolvió a las nueve imputadas en la segunda megacausa por los abusos cometidos en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo es una “pieza jurídica extraordinaria”. También pidió la renuncia de los fiscales, afirmó que se demostró que el testimonio de las víctimas estaba contaminado y que se derrumbó el relato de que el lugar era un “centro de tortura”.
Al inicio de una conferencia de prensa, el letrado cuestionó que a lo largo de lo años se “derrumbó el principio de inocencia” de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez y de las ex directoras y empleadas del Instituto: Graciela Pascual y Gladys Pinacca; la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo. Estaban acusadas por abusos sexuales (en el caso de Kumiko) contra niños hipoacúsicos o por omitir denunciar esos aberrantes hechos.
“Durante seis años se arruinó la vida de muchas personas y se estableció una supuesta verdad, como por ejemplo, que había un centro de tortura en el Próvolo. Todo eso fue derrumbado en este sentencia”, sostuvo Varela Álvarez.
Luego de conocerse los argumentos de las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna, a cargo del Tribunal Penal Colegiado 2, el abogado hizo hincapié en que quedó demostrado que había contradicciones en los dichos de los ex alumnos.
“En este juicio se demostró cómo hubo agregados, como hubo mutaciones y relatos fantásticos”, explicó al mencionar que se registraron distorsiones en las Cámaras Gesell y que por eso, además, pusieron el acento en el Cuerpo Médico Forense.
Por otro lado, recalcó que “esta sentencia demuestra el escándalo jurídico que significa la acusación por parte de querellantes y del Ministerio Público”.
Asimismo, apuntó contra los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana y pidió que el procurador general Alejandro Gullé les pida la renuncia.
“La labor que hicieron fue nefasta, mediocre y peligrosa”, señaló. Y tildó de “promiscua”, la relación que tuvieron con “algunos querellantes”.
Por el contrario, abogados de la querella adelantaron que apelarán la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en primera instancia, y de ser necesario recurrirán al máximo tribunal del país y a la Comisión Interamericana de Derechos Humano.
Cronología del horror
Este fue el tercer debate del denominado “caso Próvolo”. El primer juicio fue abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el que el monaguillo Jorge Bordón, también exempleado administrativo en la institución, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.
El segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi (quien falleció el 14 de julio de 2021) y Horacio Corbacho Blanc a 42 y 45 años de prisión, respectivamente. El jardinero Armando Ramón Gómez, por su parte, recibió 18 años de cárcel.
La denuncia por abusos en el Instituto Antonio Provolo comenzó en noviembre de 2016, durante una actividad en la Legislatura , en que se explicaba la Ley Procesal para la Justicia de Familia y Violencia Familiar.
En este contexto, fue que la exsenadora Daniela García, interprete por medio, contó los hechos de abusos en el Próvolo. Ante la gravedad del relato, la legisladora se dirigió al despacho de la ex vicegobernadora, Laura Montero, ésta al Procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, y luego se realizó la denuncia en la Oficina Fiscal 15, de Luján de Cuyo.
Con la investigación en curso, menores contaron al fiscal -con la ayuda de los interpretes de la Legislatura, señas y dibujos- los castigos, tormentos y abusos que sufrieron en el Próvolo.