Un escándalo político salpicó de manera inesperada al kirchnerismo mendocino, luego de que trascendiera que una parte de los millonarios recursos de un fondo fiduciario nacional que manejaba una dirigente cercana a Juan Grabois, se habría utilizado para financiar campañas políticas de La Cámpora en la provincia y otros distritos.
Para entender la génesis de la polémica que explotó en los últimos días es necesario conocer a sus principales protagonistas:
– BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). Es una entidad pública propiedad del Estado Nacional, creada en 1991 como banco comercial de segundo grado. En 2003 fue autorizado a otorgar asistencia financiera directa a empresas, con foco en la inversión productiva, infraestructura y comercio exterior.
– BIFISA (BICE Fideicomisos SA). Administrador del BICE.
– Jorge Tanús. Histórico dirigente del peronismo mendocino, que presidió el BIFISA durante la gestión de Alberto Fernández (2019-2023). Responde políticamente a la actual senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, principal referente del kirchnerismo en Mendoza.
– FISU (Fondo de Integración Socio Urbana). Lo administraba Fernanda Miño, la ex secretaria de Desarrollo Territorial y Hábitat que responde a políticamente Juan Grabois. Se financia con el 9% del impuesto PAIS y con parte del impuesto a la Grandes Fortunas. Manejó en cuatro años 1.244 millones de dólares. Su objetivo era financiar obras de urbanización de casi 6.500 asentamientos en todo el país.
– Fernanda Miño. Aseguró que “no hubo choreo” en la utilización de ese dinero y consideró que “es muy fácil comprobarlo” porque tenían “auditoria casi cada tres meses”.
– Juan Grabois. El dirigente social cercano al papa Francisco se despegó del manejo del FISU: “No tengo absolutamente nada que ver porque no fui funcionario”. El referente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial también dijo que la “caja” que le atribuyen “es bastante más chiquita” que la que usará cuando haga “la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo)”.
– ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares). Reúne información sobre asentamientos en proceso de urbanización con la finalidad de brindar servicios esenciales a quienes aún no lograron acceder a ellos. También estaba a cargo Miño.
Todo comenzó cuando el Gobierno nacional puso la lupa sobre los fondos fiduciarios, que el propio presidente Javier Milei calificó como “la caja negra de la política”.
En particular se investiga el FISU, la multimillonaria caja que manejaba Grabois. La auditoría para supervisar el destino de los fondos está a cargo de un comité presidido por Sebastián Pareja, un funcionario de estrecha confianza del mandatario que intentará determinar si existieron sobreprecios en la urbanización de barrios populares que figuran en el ReNaBaP.
En tal sentido, un informe resaltó que de las 6.517 obras encaradas por el FISU, solo 400 figuran como finalizadas (6%). De ese universo, 133 corresponden a veredas y cordones cuneta. En tanto, otras 5.886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación. A su vez,
El escándalo por el fondo fiduciario de Juan Grabois salpicó al kirchnerismo mendocino
El manejo del Fondo Integración Social Urbana (FISU) ha desatado otro escándalo dentro del mundo político y tiene vinculaciones con Mendoza. En el Gobierno nacional asumen que estos millonarios recursos destinados a barrios vulnerables también fueron utilizados para la campaña electoral…
La sospecha es que una parte de los recursos del FISU se destinó a la campaña electoral de Unión por la Patria en varias localidades del país a través de dos importantes dirigentes del PJ mendocino: la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el expresidente del BIFISA, Jorge Tanús.
“Es una operación demasiado berreta contra el kirchnerismo y Juan Grabois”, respondió Tanús, quien aclaró que en su gestión tuvo a su cargo la administración de 79 fideicomisos. En tal sentido, destacó que el Gobierno nacional confirmó que no encontró irregularidades evidentes en el análisis inicial de los números y documentos del organismo que conducía.
Sin embargo, de acuerdo con una nota del diario Clarín, el BIFISA (administrador del BICE), “habría pagado parte de la campaña de Unión por la Patria en Mendoza y de varias otras jurisdicciones, incluso intendencias del Conurbano apetecidas por La Cámpora”.
Investigan un fondo fiduciario millonario que era manejado por Juan Grabois
Javier Milei comenzó con su plan de dar de baja o de revisar todos los fondos fiduciarios que fueron financiados con recursos estatales. Esta vez, el presidente puso la lupa en el Fondo de Integración Urbana, que era manejado por Fernanda…
En diálogo con El Sol, el exfuncionario aclaró que no tuvo ninguna participación en el proceso, “más allá de militar por Omar Parisi”, el candidato a gobernador del peronismo en los comicios del año pasado. Además comentó que los fondos de las campañas políticas “están supercontrolados por la Secretaría Electoral”.
Por otra parte, enfatizó que la creación del ReNaBaP fue aprobada en 2017 -durante la presidencia de Mauricio Macri- por ley, que luego fue mejorada en 2022. En ambos casos, con amplia mayoría en Diputados y el Senado.
En el medio, en noviembre de 2020, Tanús firmó con el entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, un acuerdo para la administración del FISU. Ese convenio incluyó “muchas condiciones” para garantizar la transparencia, con auditorías a cargo de universidades nacionales y colegios de arquitectos. “Tenía todos los controles”, enfatizó el excandidato a vicegobernador de Mendoza en 2019, acompañando en la fórmula a Fernández Sagasti.
“Quieren pegarle a Grabois, porque es un emergente. Y golpean a Máximo Kirchner, cuando la mayoría de los diputados votaron la ley. Es claramente una operación, pero no creo que sea del Gobierno”, sentenció Tanús.