Las comunidades autodenominadas mapuches, a quienes el Gobierno nacional dispuso la cesión de derechos de tierras en el Sur de Mendoza, tienen fallos judiciales en contra por la ocupación de esos terrenos.
Esos terrenos, ubicados en San Rafael y en Malargüe, tienen a dos titulares dominiales distintos, quienes fueron a la Justicia para denunciar que sus propiedades habían sido tomadas.
El Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) dispuso la cesión de derechos de tierras a Lof El Sosneado, pese a no contar con la personería jurídica. Es por esto que el gobernador Rodolfo Suarez le solicitó a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que “se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el Sur de la provincia”.
En el caso de los terrenos en San Rafael, ubicados en una zona conocida como “Arroyo Blanco”, pertenecen a una empresa llamada Sominar SA que, desde hace años, alquiló fracciones de su inmueble a diferentes locatarios, para crianceros y explotaciones mineras.
Uno de esos arrendatarios fue un hombre llamado Quintin Verón, ya fallecido, padre de Nilda Edith Verón, quien quedó a cargo del contrato, que luego se negó a pagar desde 2011 en adelante porque, argumentó, que eran “propiedad de su comunidad indígena”. Esta mujer perdió un juicio frente a la compañía y se le ordenó que desocupe el lugar. El terreno en disputa es por 3.400 hectáreas y Verón buscó quedar bajo el paraguas de la norma sancionada en 2013 que establecía la emergencia, ya que disponía el cese de las ejecuciones de sentencias, entre ellas, de desalojo.
Verón apeló, pero la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, de la Segunda Circunscripción Judicial, rechazó ese recurso interpuesto por Verón, quien argumentó que las tierras habían pertenecido a sus “ancestros” por alrededor de 150 años, y se amparó en la ley 26.160 que protege las zonas ocupadas por comunidades indígenas.
En el dictamen con fecha del 14 de febrero de 2022 -es decir, de hace casi un año-, consta que en aquel momento si bien se reconoce a Verón como dirigente de la comunidad, también se estableció que todavía está tramitando su personería jurídica ante el INAI.
Por su parte, la firma privada sostuvo que “ha quedado acreditado” que Verón “no pertenece a una comunidad indígena con personería inscripta exigida por el art. 1 de la ley 26.160″, y agregaron que “la realidad es que la demandada no ha demostrado ser miembro de una comunidad indígena principalmente por falta de prueba”.
En el dictamen, se señaló que Verón no pudo confirmar su ascedencia mapuche, que otras familias involucradas en el Lof El Sosneado no han incorporado ningún elemento probatorio y , por otra parte, se reconoce que hubo un contrato de alquiler con la firma minera.
“Surge que la propiedad de SOMINAR se encuentra por fuera de las tierras que han sido relevadas como pertenecientes” al pueblo mapuche, estableció el escrito.
En tanto, las tierras en Malargüe, que para la Nación son de la comunidad Lof Suyai Levfv, están ubicadas en Los Molles. Elio López, quien dijo ser mapuche, empezó a construir en la propiedad de Jorge Luis Luchessi, quien fue a la Justicia y consiguió que se determine el desalojo.
Luego, López presentó un recurso extraordinario que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia, en noviembre del 2021. A través del fallo, el máximo tribunal dijo que “la comunidad que aquí recurre -integrada por el demandado y su familia- no ha aportado pruebas que demuestren el hecho histórico y actual de ocupación de la zona por el pueblo Mapuche al que manifiesta pertenecer”.
Preocupación en Economía
El Ministerio de Economía a cargo de Enrique Vaquié se encuentra analizando la información disponible y cruzando los mapas para determinar qué zonas son alcanzadas por las resoluciones del INAI, con el objetivo de determinar si en esos lugares hay explotación de hidrocarburos.
Desde la Cámara de Comercio de Malargüe indicaron que están estudiando la situación, pero que hasta el momento hay muy poca información al respecto.
Reclamo en el Congreso
Legisladores nacionales de Cambia Mendoza preparan un pedido de informe al Gobierno, mientras la Provincia pidió que la inconstitucionalidad de las resoluciones de la Nación.
“Como legisladores tenemos el deber de controlar al Poder Ejecutivo. La resolución carece de fundamentos, pero el problema es el procedimiento y el fondo de la cuestión. Es un hito muy grave. Esto tiene un significado político coherente con lo que viene haciendo el kirchnerismo, que es generar incertidumbre y falta de seguridad jurídica”, afirmó Jimena Latorre, diputada nacional sanrafaelina (UCR).
Entre las irregularidades que habría incurrido el INAI, la legisladora mencionó el reconocimiento a una comunidad que no tiene personería jurídica. “Más allá de la discusión sobre si estas comunidades son o no mapuches, el procedimiento está viciado. No son tierras vacías, hay dos titulares distintos, con procesos en curso”, añadió.