La Provincia prepara una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Nación que dispuso la cesión de derechos de tierras del Sur de Mendoza a una comunidad autoidentificada como mapuche, pero que hasta el momento no está registrada como tal.

El Ejecutivo nacional, a través de la Resolución 36/2023, firmada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Lof El Sosneado”.

Sin embargo, la Provincia no fue consultada para realizar esta entrega de tierras. Es por eso que analizan realizar una presentación para pedir que se declare la inconstitucional de la normativa, explicó el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, quien agregó que están en proceso de analizar los argumentos para dicha acción judicial.

Los legisladores nacionales mendocinos también están analizando el tema y podría haber un reclamo en conjunto con el Gobierno.

Luego de la reforma constitucional de 1994, la Carta Magna, en su artículo 75, inciso 17, establece que corresponde al Congreso, “reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”, y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

De acuerdo con la resolución nacional, esa zona del sur mendocino pertenece a los mapuches. El argumento para entregarlas es que “el Estado cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las comunidades indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”.

El legislador nacional Alfredo Cornejo salió a criticar al presidente Alberto Fernández por este otorgamiento. “Primero la negativa a realizar Portezuelo del Viento y ahora esto. ¿Hasta cuando va a seguir haciendo daño el Gobierno Nacional de Alberto Fernández y el kirchnerismo, en el sur de Mendoza?”, escribió en Twitter el ex gobernador.

Si bien la cesión de derechos de propiedad es una facultad exclusiva del Congreso, está vigente la “Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas”, que le delega hasta el año 2025 esa potestad al Poder Ejecutivo. Y fue en ese contexto que el INAI tomó la decisión.

Sin embargo, existen puntos de discordia, y son sobre los que trabajará la Provincia. Específicamente: la organización que reclama las tierras del denominado Lof El Sosenado, no cumple con uno de los requisitos clave que establece la Ley 26.160, que reglamenta la Emergencia.

En su artículo 1, la norma es clara y explícita: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO) años”.

El texto contradice a simple vista la resolución del INAI, que reza: “Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N°587/07 en la COMUNIDAD LOF EL SOSNEADO, perteneciente al Pueblo Mapuche, con asiento en la provincia de Mendoza, con Personería Jurídica en trámite”.

Ese pequeño gran detalle sería la punta de lanza del Gobierno de Mendoza.

La inscripción no es una mera formalidad. La legislación establece que se cumplan con todos pasos para evitar que aparezcan personajes que se autoperciban miembros de pueblos originarios y hagan reclamos solamente para acceder de manera gratuita a grandes porciones de tierra. Lejos de ser una herramienta burocrática, es una prueba cabal para determinar la legitimidad del reclamo.

De hecho, la presencia de comunidades mapuches en Mendoza es centro de una discusión histórica. Es una denominación que no aparecía por parte de los conquistadores, pero que fue modificándose a partir de los registros que fueron apareciendo luego de la reforma constitucional, que hace hincapié en la idea de “ocupación actual”, pero no en el planteo sobre otros territorios. Y allí, el debate, también es político y atraviesa ambos lados de la cordillera.

Más allá de la cesión de derechos sobre esas tierras, la medida de la Nación afecta directamente al patrimonio provincial. Luego de este paso, si la intención del INAI prospera, la Provincia debería expropiar esas tierras para luego otorgárselas a la comunidad mapuche.

Otro de los aspectos cuestionados por los legisladores nacionales de Cambia Mendoza es la falta de claridad en la resolución acerca de los estudios técnicos y mediciones catastrales.

Entienden que, como no es la primera vez que desde esta organización buscan quedarse con territorios en la provincia (ya ocurrió con un reclamo en la zona de Los Molles), las decisiones que se tomen deben estar perfectamente argumentadas y documentadas, ya que se trata de darle la oportunidad a los dueños actuales de esas tierras de demostrar la licitud del derecho de propiedad.

*Informe: Florencia Martínez del Río