De los 1023 millones de dólares que Mendoza recibió como fondo del resarcimiento, hay 87 que ya están puestos en obras que están ejecutándose. Es el dinero que cobró la provincia por los perjuicios de no haber sido incorporada al régimen la Promoción Industrial y que, en principio, se iba a destinar a la construcción del dique Portezuelo del Viento.

Actualmente, hay 11 obras en ejecución, una que ya está adjudicada y otras diez en proceso de licitación. Del total, hubo cinco concursos que fueron dados de baja por Gobierno y convocados nuevamente porque todas las ofertas estaban, en promedio, un 20% por encima del presupuesto original. Y, en la mayoría de los casos, eran empresas comprendidas en la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y en la Cámara de Empresarios Constructores Independientes de Mendoza (Cecim).

La dinámica de las ofertas se repetía; sobre todo en las obras hídricas: el más caro en un llamado después era el más barato en el otro, como si existiese un acuerdo tácito para ir repartiéndose los proyectos. Sin embargo, los porcentajes estaban tan por encima de los montos establecidos, que decidieron volver a foja cero y relanzar las licitaciones, al punto que las obras que ya están adjudicadas están 1,1% debajo de los presupuestos originales.

“Estábamos muy seguros de nuestros números. Lo hablamos con Alfredo (Cornejo) cuando nos consultó por las bajas en las licitaciones. Vamos a seguir de la misma manera”, afirmó Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura.

Básicamente, lo que se había detectado en una suerte de club de la obra pública. Un pool de empresas que iban alternando entre mayores y menores ofertas para ir repartiéndose los proyectos en la provincia. No es una práctica nueva. Ocurre en todos lados. Es lo que, popularmente, se denomina cartelización. Y fue el puntapié para que se produzcan cambios en el Registro de Antecedentes de Constructoras de Obra Pública (Racop) en Mendoza. El objetivo, mayor flexibilidad para generar mayor competencia.
Uno de los casos fue la modernización del Canal Calise, en San Carlos. Se presentaron 4 oferentes. La propuesta más baja estaba un 22% por arriba del monto fijado en el pliego (5.793 millones de pesos). La más alta, 35% más. Se dio de baja y se hizo una nueva convocatoria. Esta vez, fueron 5 ofertas, entre un 8,89% y 33,52% más.

O los trabajos de impermeabilización en el Canal Perrone, una obra valuada en 23.400 millones de pesos. Allí hubo 6 ofertas que iban del 19 al 30 por ciento más. Tras la caída del proceso, las propuestas bajaron de -3,2% a 20,6%.

Las bajas en los presupuestos de las empresas son notables. Según el ministro de Gobierno, Natalio Mema, el esquema de la obra pública en Mendoza se había acostumbrado a manejar esos porcentajes de costos por encima y había que ponerle un corto.

Los cambios en el Racop, además, le abrieron las puertas a empresas que generalmente estaban como subcontratadas y a las que las dueñas del club no las dejaban jugar. Ahora, a todas las llega un borrador con los proyectos que están por lanzarse y tienen la posibilidad de hacer consultas o hacer sugerencias para agregar en los pliegos de manera casi horizontal con la Subsecretaría, sin tener que pasar por el filtro de las cámaras.

“Eran firmas que antes ni aparecían y ahora las vemos conformando utes (unión transitoria de empresas)”, sostuvo Mema.

Además, aparecieron en el tablero empresas de diferentes puntos del país. El “compre mendocino” quedó relegado porque la relación costo/beneficio se había tornado algo abusiva. La aparición de firmas de otras provincias, que se fueron quedando con licitaciones en danza planteó nuevas reglas de juego.

A trazo grueso, los proyectos se dividen en dos: obras viales, por un lado, e hídricas, por el otro. En el primer grupo, las ofertas suelen ser más variadas y eso decanta en otra competencia donde el precio no es determinante para una adjudicación, pero sí es clave. Todos esos proyectos están un 5,4% por debajo de los presupuestos oficiales.

Es en el segundo donde se daba la mayor parte del descontrol. Es un rubro en que la cantidad de jugadores es menor; con más especificidad y especialización. Entienden que, por eso, no tenían reparos en meter anabólicos e inflar sus propuestas. Y, por supuesto, porque eso era aceptado y convalidado.

Hubo un encuentro entre las autoridades del Ejecutivo, los organismos subejecutores (Irrigación, Aysam y municipios) con las cámaras empresariales. Existía cierto malestar por la baja de las licitaciones e intentaron saber qué estaba ocurriendo. Allí quedó en claro que la Provincia no afrontará costos que no sean específicamente los de las obras.

Desde el Gobierno evitan hablar de sobreprecios o de la existencia de eventuales retornos. Tampoco van hacia atrás en el tiempo para ver quién o quiénes sacaron provecho o réditos económicos con un sistema que habilitaba y autorizaba esos porcentajes. Y hacen hincapié en la optimización del circuito de pagos. Pero la sospecha de qué ocurría antes o cómo se manejaba el tema está instalada.