Con algunos hechos puntuales, en los últimos días volvió a evidenciarse la grieta que existe en la Suprema Corte de la provincia, como consecuencia de un alto nivel de politización. Los fallos y resoluciones que vienen fracturando al máximo tribunal sacaron a la luz que no es casual la elección de las salas a la hora de ingresar una demanda, ya que la estrategia ronda en torno a la composición de cada una.

La Sala I de la Corte, cuya competencia es Civil y Comercial, está integrada por Julio Gómez (de extracción peronista), por María Teresa Day y Pedro Llorente, magistrados afines al radicalismo. Mientras que en la Sala II, con competencia Laboral y Penal, están los filoperonistas, Mario Adaro y Omar Palermo, y José Valerio, que viene del seno radical.

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Estadísticas

La ley N° 4.969 dejó establecidas fechas para el ingreso de demandas; del 1 al 15 de cada mes, entran por la Sala I (con mayoría radical), mientras que del 16 al último día del mes, las acciones entran por la Sala II (con mayoría peronista). Y sobre este punto está poniendo el ojo el Gobierno.

Las estadísticas del máximo tribunal dan cuenta que en los últimos seis años, el 75% de las demandas (7.174) ingresaron por la Sala II, mientras que el resto le tocó resolver a la Sala I (2.347).  Por otra parte, el 66% de las acciones administrativas -las demandas que ingresan contra el Estado- llegaron también a la Sala II.

También los números evidencian la politización en la distribución de los procesos compartidos, ya que la mayoría también recae en la Sala II. Para poner un ejemplo, en seis años ingresaron 986 demandas administrativas (contra el Estado) en la sala con mayoría peronista y un total de 505 en la que tiene más votos radicales.

Frente a esto, desde el Ejecutivo señalaron que se trata de una “buena oportunidad” de analizar cómo se revuelve lo que denominan el “fórum shopping” (compra de tribunal).

“Casi todas las causas las tiene la Sala II, es decir, que la mayoría automática la tienen ellos”, señalaron fuentes oficialistas, en respuesta a las críticas que reciben de la oposición respecto de la actual composición de la Suprema Corte, donde se impone la postura de los ministros filo radicales. Por ahora, no adelantaron si trabajarán en una modificación de la normativa.

Los cortocircuitos

Una de las polémicas se instaló la semana pasada, cuando el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, dejó sin efecto una resolución de la Sala II que incentivaba el teletrabajo. Pero lo que terminó de encender el fuego fueron los fallos de Adaro y Palermo, que dictaminaron reincorporar a dos ex funcionarios de la gestión peronista de Francisco Pérez.

Pero la molestia no viene sólo por el lado de la reincorporación, sino porque en sendos dictámenes cargaron contra Garay por hacer un “uso discrecional del plenario”, ya que había solicitado una decisión en pleno de la Corte para resolver los casos. En sus argumentos, Palermo indicó que “tal modo de proceder, sin precedentes en la historia de nuestro Poder Judicial, no sólo es de dudosa legalidad, sino que genera un grave daño a la institucionalidad de la provincia y a la legitimidad formal y material de las decisiones de esta corte”.

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En pocas palabras, a Garay lo acusan de hacer llamados para resolver en plenarios cuando se trata de causas contra la gestión actual, ya que el ala radical tiene mayoría en la composición del máximo tribunal. Desde el Poder Judicial, señalaron que en muchos casos es el Ejecutivo el que solicita una decisión en pleno. Además indicaron que no hubo más de 20 plenarios en los últimos años.

Uno de los que se refirió a esta polémica fue el ex juez, Alejandro Pérez Hualde, quien cuestionó el proceder del presidente de la Corte.

“Con respecto a las fechas en las salas, eso hace que se especule según la integración de la misma. Los abogados buscan siempre lo más ventajoso para sus expedientes”, explicó el ex magistrado, por lo que consideró que las causas tendrían que sortearse.

Mientras que en torno a la polémica generada por el uso del plenario, Pérez Hualde indicó: “Coincido en que si las cosas son como describen Palermo y Adaro, y la finalidad del pleno es para evitar sentencia en contra, se hace un uso inapropiado de la facultad legítima del presidente. No se puede perseguir otros fines públicos distintos a aquellos que prevé la ley”, consideró Pérez Hualde.

“Están estableciendo una situación de razonable duda sobre la real independencia del tribunal. Lamento que ocurra porque quiero a la institución, espero que se solucione pronto”, concluyó el letrado.