El abogado Francisco el Chato Álvarez ya había declarado el viernes 25 de agosto y sostuvo que era inocente. Fue la primera indagatoria del juicio por el Bentogate. Este jueves pasó nuevamente frente al Tribunal para contestar las preguntas de la fiscal de Cámara María Gloria André, ya que anteriormente se negó a responder ante el fiscal general Dante Vega, quien lideró la investigación. Una vez más, negó ser parte de la asociación ilícita presuntamente liderada por el suspendido juez Walter Bento y clamó por su libertad.
La representante del Ministerio Público apuntó a profundizar sobre la relación de Álvarez con Daniel Martínez Pinto, condenado por una megacausa de contrabando y que habría pagado sobornos para acceder a beneficios judiciales.
André cuestionó que, pese a que el Chato se dedicaba al derecho provisional, asumió la defensa de Martínez Pinto. A eso, Álvarez respondió que, tanto el contrabandista como su familia le pidieron ayuda porque “no tenían plata” y se vio conmovido por su situación. También cuestionó la consulta de la fiscal: “¿Dónde dice en cualquier código que no puedo agarrar una defensa sin ser abogado penalista? ¿Dónde está el delito?”.
En ese sentido, explicó que asumió la defensa en conjunto con Eduardo De Oro y que se dividieron los honorarios. Más allá de eso, la Fiscalía buscaba establecer las fechas en las que conoció a Martínez Pinto, ya que anteriormente había sostenido que lo hizo previo a conocer a ex despachante de aduanas Diego Aliaga -asesinado en 2020-, sindicado nexo entre imputados, abogados y Bento para concretar los casos de cohecho.
Álvarez también fue consultado por su relación con Aliaga, a quien aseguró haber conocido porque eran vecinos en el barrio privado Palmares y con quien formaron un grupo para jugar al truco cerca de los inicios de la pandemia por el Covid-19. Nuevamente André le pidió mayor precisión con los días, meses o año en que se iniciaron esos vínculos, aunque el Chato se excusó: “Soy muy malo para las fechas”.
Claramente, la Fiscalía buscaba alguna contradicción con respecto a las fechas, pero Álvarez consideró que no es “algo trascendental” y en ese tramo aseguró: “No formo parte de ninguna banda o asociación ilícita, jamás he participado de algo espurio”.
Sin embargo, al ser consultado por sus reuniones con allegados de Sebastián Palumbo y José Rodríguez Núñez, condenados por contrabando, Álvarez dijo que había pasado poco tiempo entre ambos encuentros. Ante tal respuesta, la fiscal le recordó las fechas: 7 de octubre de 2019 en el primer caso y 20 de julio de 2020 en el segundo.
“Para mí habían sido cercanas”, se defendió el abogado procesado. “No es lo mismo que sean cercanas a que haya transcurrido nueve meses”, le respondió la fiscal.
“No quiero quedar como que estoy mintiendo o faltando a la verdad por no recordar una fecha”, manifestó Álvarez. “No pueden endilgarme un delito porque me equivoco en alguna fecha o porque hablo distinto o porque soy porteño”, insistió.
Hacia el final, soltó duras críticas hacia el fiscal Dante Vega y dijo que las preguntas de la Fiscalía eran “lo más parecido a la inquisición y a someterme a la guillotina”. Y añadió que la causa se inició a raíz “una pelea de la que no somos parte nosotros (los procesados)”, haciendo referencia a la enemistad entre el fiscal general y el juez Bento. “Esto antiguamente se arreglaba en la plaza”, expresó.
En ese momento, la presidenta del Tribunal, Gretel Diamante le llamó la atención por la vehemencia que mostró en ese tramo de la declaración: “Va a tener que controlar su estado emocional”, le dijo. Acto seguido, su defensor pidió frenar la indagatoria y pasar a un cuarto intermedio.
“Me tendrían que haber imputado por venta de humo y me imputan por cohecho”
Cuando se retomó la audiencia, la fiscal André buscó a profundizar sobre el presunto pedido de coimas que realizó el abogado a los allegados de Palumbo y Rodríguez Núñez. Álvarez reconoció que se juntó con familiares y amigos de ambos, pero que los encuentros no se extendieron por más de 15 minutos y que nunca más los vio.
Durante la instrucción, una de las personas que participó en una de esas reuniones declaró que Álvarez advirtió que “él podía ayudar a liberar a Sebastián, que tenía casi cocinado el arreglo y solo le faltaba una lapicera”. El precio que puso, según el testigo, era de 350 mil dólares. “Ese número no recuerdo haberlo dicho”, manifestó el abogado.
La fiscal indagó insistentemente a Álvarez sobre esos encuentros. “Que me haya vendido de tal o determinada manera no significa que estaba proponiendo algo espurio. Pude haberlo dicho con el afán de captar a algún cliente”, se defendió el Chato.
También explicó que con el término “lapicera” se refería a debía llegar un acuerdo de representación con su socio Eduardo de Oro, un reconocido abogado penalista con el que había trabajado para lograr la domiciliaria de Daniel Martínez Pinto, condenado en la misma causa de Palumbo y Rodríguez Núñez y que habría pagado sobornos para acceder a beneficios judiciales.
“En todo caso, me tendrían que haber imputado otro tipo de delito que no tiene nada que ver con la Justicia Federal. Me tendrían que haber imputado por el artículo 173 inciso 10 (del código penal), que es la famosa venta de humo, y me imputan por cohecho. No tiene ni pies ni cabeza”, añadió Álvarez, quien recordó que su especialidad es el derecho previsional y que como trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires, no está matriculado como abogado en Mendoza.
Ese artículo mencionado por Álvarez sanciona “al que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos”.
En tal sentido, insistió en que sus interlocutores posiblemente “le dieron una interpretación errónea a algo que pude haber dicho en el afán de captar un cliente”, pero que esa situación “no tiene nada que ver con lo que propuse”.
Las personas que mantuvieron reuniones con Álvarez también declararon que, en ambos casos, les pidió que fueran las esposas de Palumbo y de Rodríguez Núñez y que, al momento de encontrarse con ellos, les dijo que apagaran sus celulares.
“No soy un extorsionador de las mujeres, soy totalmente feminista”, lanzó para despejar las sospechas sobre sus intenciones. Es que de acuerdo con la declaración de Palumbo en la instrucción, “él (Álvarez) quería a mi mujer porque en estos casos las mujeres son más sensibles y así mi mujer presionarme a mí y entonces ceder en la extorsión”.
Por otra parte, Álvarez negó que haya exigido que las personas que se reunieron con él apagaran sus celulares. “Soy un neurótico de los teléfonos”, aclaró el procesado, quien aseguró ante el Tribunal presidido por Gretel Diamante que siempre que se junta con posibles clientes, les solicita que “pongan en modo silencio o guarden en el bolsillo” los aparatos para evitar las interrupciones.
Minutos más tarde volvió a hacer referencia a un particular uso de su teléfono celular. Fue cuando la fiscal le preguntó si había borrado sus comunicaciones con Bento, con Álvarez negó tener una relación. “Yo borro todos los mensajes. Todos los días, es un ejercicio. Borro todo”, respondió.
En cuanto a su vínculo con el juez federal suspendido, recordó que su único encuentro fue cuando fue a visitar la casa que Bento había puesto en venta en el barrio Palmares, pero que finalmente no compró. En ese contexto, reiteró que “no tengo mensajes cruzados con Bento, más allá de esos dos o tres”, relacionados con el frustrado negocio inmobiliario.
Tras esa declaración, Álvarez pidió terminar con la indagatoria porque “estaba muy cansado”, por lo que la audiencia pasó a un nuevo cuarto intermedio.