Casi 15 meses de debate. Catorce procesados en una megacausa de contrabando que estuvo bajo la lupa por presuntos actos de corrupción. La presencia de una asociación ilícita, es decir, de personas que acordaron cometer delitos juntos. Entre todo esto, el llamado Bentogate y hombres que habrían pagado miles de dólares en coimas para lograr beneficios que los alejen de la cárcel. El resultado: todos culpables.

La causa de contrabando más polémica de los últimos años en Mendoza llegó a su fin la tarde de este jueves en los Tribunales de calles España y Pedro Molina y el fallo del Tribunal Oral Nº1 fue contundente: todos los que llegaron a juicio oral fueron condenados a penas de entre 2 y 9 años de cárcel.

Ver también: Llega a su fin la megacausa de contrabando que tenía a Diego Aliaga como informante

La lectura de la resolución dejó caras de preocupación y malestar en quienes se sentaron en el banquillo o siguieron las audiencias por video. Resignación. Abogados defensores dando explicaciones y calmando el ánimo de sus clientes porque se convalidó una instrucción que llegó a debate oral con el mayor de los cuestionamientos hacia el titular del Juzgado Federal Nº1, Walter Bento.

Algunos de los ahora culpables seguirán presos. Otros continuarán en libertad pero con el sello de penado en la espalda. No sólo eso: el caso es tan impactante que todavía hay sospechosos prófugos. Y uno de ellos es la llamada “cabeza” del grupo delictivo, el ciudadano chino y que supo vivir en el exclusivo barrio Dalvian, Zheng “Esteban” Cheng.

En la fiscalía, a cargo de María Gloria André, demostraron confianza y el saber que el trabajo estuvo a la altura de las circunstancias durante los meses que duró el proceso.

Lo cierto es que el tribunal presidido por la jueza María Paula Marisi -la acompañaron Waldo Piña y Daniel Carelli- dio a conocer la parte dispositiva de la sentencia a las 15.15, cinco horas después de que al último de los sentenciados le fuera preguntado si deseaba agregar algo más al proceso.

Para los jueces, no quedaron dudas que en Mendoza tenía base una banda dedicada al contrabando de diversa mercadería adquirida en Chile y que era distribuida en distintos puntos de nuestro país. Algunos cargamentos, que llegaban en camiones y fueron valuados en millones de pesos, tenían como destino locales del microcentro y otros terminaban en el Gran Buenos Aires y Capital Federal.

Los hombres que integraban el grupo delictivo sabían con quiénes contactarse para lograr el objetivo. Se codeaban con policías, empleados de aduanas, abogados de renombre y con otros personajes como Diego Aliaga, el llamado nexo o facilitador que mantenía estrecha relación con el Juzgado Federal Nº1 de la provincia, a cargo de Walter Bento, tal como se desprende del llamado Bentogate.

Ver también: Armas, dinero, droga y autos de lujo en allanamientos a empresarios

Habitantes de barrios privados y con un alto poder adquisitivo, estos sujetos que terminaron siendo hallados culpables generaron fortunas con la actividad ilegal y así quedó plasmado en el proceso oral que comenzó el 13 de abril del año pasado.

Y por eso fueron marcados de pagar coimas para morigerar su situación procesal mientras se desarrollaba la instrucción de la causa por contrabandos ocurridos entre octubre del 2016 y julio del 2018.

Así las cosas, los condenados recibieron duras penas que llegan hasta los 9 años de encierro, además de inhabilitaciones para ejercer el comercio o ser empleado público. 

– José Rodríguez Núñez y Daniel Gonzalo Martínez Pinto: 9 años por ser considerados jefes de una asociación ilícita y tres hechos contrabando.

– Eugenio Javier Nasi Pereira: 5 años y medio por integrar una asociación ilícita y un caso de contrabando.

– Jorge Alejandro Rojas Huerta: 5 años y medio como miembro de una asociación ilícita y un hecho de contrabando.

– Adrián Fourcade Salassa: 5 años y seis meses por formar parte de una banda y un hecho de contrabando.

– Carlos Federico Barón Knoll: 5 años y medio por integrar la organización y un caso de contrabando.

– Nam Ho Park Lee: 5 años y medio de cárcel por integrar la asociación ilícita y un hecho de contrabando.

– Mario Manuel Rodríguez: 2 años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

– Pedro Emilio Escárate, Juan Marcelo Agüero, Sergio Nicolás Agüero y Sebastián Espejo: 4 años por un caso de contrabando.

– Ángel Sebastián Palumbo: 4 años y medio por integrar la organización. Absuelto en tres casos de contrabando.

– Juan Oliva: 4 años y dos meses de encierro por contrabando. 

La investigación contra la banda de contrabandistas nació en el 2016 y fue liderada por la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza (PCN).

Los policías detectaron, en un trabajo en conjunto con AFIP-Aduanas, que los integrantes realizaban maniobras ilegales para ingresar mercadería sin que se realizara el control aduanero correspondiente.

Básicamente, lo que buscaban era no pagar impuestos y distribuir productos de electrónica, ropa, telas, juguetes, entre otros, en distintos lugares de Mendoza y otras regiones del país, como Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Ver también: La declaración que reveló los contactos de Diego Aliaga con contrabandistas y aduaneros

De la investigación surgió que Martínez Pinto, Rodríguez Núñez y el prófugo Zhen Cheng aportaban los dólares y desarrollaban la logística para el consumar el contrabando. Además, mantenían contactos con policías y agentes de Aduana, como Carlos Federico Barón Knoll.

Este ex empleado, imputado en el Bentogate, brindó una de las declaraciones más importantes del proceso. No sólo reveló detalles en lo que respecta a esta causa, sino que aportó cómo eran las maniobras que Diego Aliaga, asesinado a fines de julio del 2020 y presunto mano derecha del juez Bento para hacer de nexo en la recolección del dinero para otorgar beneficios a los procesados, desarrollaba con contrabandistas y aduaneros.

Los jefes y organizadores también armaban todo el entramado de la llegada de la mercadería y su posterior ocultamiento. Primero confeccionaban la documentación apócrifa para darle aspecto de legalidad al momento de los controles fronterizos y después aportaban los lugares donde se guardaba para continuar con el plan de distribución.