La decisión unánime de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de postergar por 15 días la votación del dictamen acusatorio para avanzar en el pedido de suspensión y posterior juicio político contra el juez federal Walter Bento desconcertó a propios y extraños.
La sesión de este miércoles del órgano encargado de controlar y sancionar a magistrados federales fue difundida a través Youtube. Así, quienes siguieron en vivo la transmisión, detectaron sin demasiado esfuerzo el gesto de sorpresa de algunos consejeros. También dirigentes políticos de peso se comunicaron inmediatamente con miembros del Consejo para conocer la trama detrás de la inesperada decisión.
La propuesta para postergar la votación fue presentada por el legislador kirchnerista Rodolfo Tailhade, y avalada por sus pares Eduardo Vischi (UCR) y Álvaro González (PRO).
“De Tailhade lo podía esperar, pero me sorprendió la postura de Vischi y González”, admitió un integrante del Consejo de la Magistratura.
La Comisión de Acusación está conformado por siete miembros: el abogado Miguel Piedecasas, cercano a Juntos por el Cambio, es el presidente, y Tailhade el vice. Los restantes integrantes son los diputados Roxana Reyes (UCR), González (PRO) y Vanesa Siley (Frente de Todos); el abogado kirchnerista Héctor Recalde; y el senador radical Vischi.
“Independientemente del pedido del Tailhade, había un acuerdo para postergar la votación. Quince días no afecta absolutamente en nada la decisión, más allá de que puede llegar a demorarse la suspensión”, indicó una fuente del Consejo.
El legislador ultraK denunció que el dictamen elaborado por el exconsejero Pablo Tonelli (diputado nacional del PRO) tiene algunas inconsistencias. Lo llamativo fue Tailhade hizo este señalamiento y por otro lado dijo no haber leído el expediente para, al menos, justificar sus dudas.
Desde el entorno de Vischi le bajaron el precio a la decisión de este miércoles. “Se le harán pequeñas modificaciones al dictamen, apenas unos retoques, pero nada de trascendencia”, dijeron.
De todas maneras, la aprobación del dictamen contra Bento no corre riesgo ya tiene los votos suficientes en la Comisión de Acusación. Según trascendió, Piedecasas, Reyes, González y Vischi levantarán la mano para que la investigación avance.
Existe un lado B en esta historia. Y es que el acuerdo político entre oficialismo y oposición para la postergación tuvo como objetivo blindar el dictamen de Tonelli. ¿Por qué? Porque la defensa de Bento busca volver todo a foja cero y arrancar el proceso de nuevo. Y no quieren dejarle ninguna fisura por la cual el juez pueda plantear nuevas nulidades.
Si es así, dentro de 15 días la votación será favorable a la acusación y pasará al Plenario con un categórico 7 a 0.
“Se tuvo por probado que el magistrado ha incurrido en conductas enderezadas a recibir dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita; ha experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado y ha desplegado maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito; ha cometido actos de falsedad ideológica; y ha cometido actos de infracción al deber de un magistrado”, destaca el dictamen de Tonelli, en sintonía con la línea de la investigación penal liderada por el juez federal Eduardo Puigdéngolas y por el fiscal Dante Vega.
Tras la aprobación en la Comisión de Acusación, el dictamen llegará al pleno del Consejo de la Magistratura, que definirá si el juez si es enviado a juicio político. Para que eso ocurra, se requiere una mayoría especial de votos: 14 sobre los 20 integrantes del órgano.
Bento es el titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, con competencia electoral. Está procesado como líder una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales para beneficiar a presos. Si la suspensión prospera, el juez podría quedar detenido porque perderá sus fueros.
