La administración de Alfredo Cornejo quiere controlar más de cerca las cuentas de Edemsa. En este sentido el Gobierno observó, por primera vez en diez años, un informe sobre el estado de las cuentas anuales de la principal distribuidora eléctrica de la provincia.

En la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado miércoles 6 de abril, los representantes del Estado mendocino en el Directorio de Edemsa se negaron a aprobar el balance, algo contrariamente a lo que ocurría desde el 2006 a la fecha.

Pero no sólo habrá más controles sobre los números de Edemsa. También desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) anunciaron que pedirán informes a la distribuidora controlada por el grupo Vila-Manzano para conocer en detalle cuáles son las empresas y las personas físicas que están detrás de la principal prestadora de servicio eléctrico de la provincia.

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“Nosotros controlábamos hasta cierto punto. Ahora vamos a ir más hacia atrás y vamos pedir los detalles y las declaraciones juradas de cada una de las personas que aparezcan”, aseguró Elián Japaz, titular del EPRE.

La medida responde a las publicaciones periodísticas que mostraron que varios accionistas de Andina PLC, la empresa “madre” de Edemsa, están registrados en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware (Estados Unidos).

Bajo la lupa

La notable crisis financiera de la empresa, que el año pasado tuvo pérdidas netas por casi 105 millones de pesos, fue el argumento del representante estatal en Edemsa para abstenerse al momento de aprobar el balance. 

“El representante de las acciones Clase B y C (N. de la R.: el representante del Gobierno) manifiesta que se abstiene de votar el punto en consideración, dado que los informes de auditoría y de comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio 2015, advierten respecto de la incertidumbre sobre la continuidad operativa de Edemsa como empresa en marcha, producto del deterioro patrimonial y financiero de la compañía, y en particular sobre la relación de capital de trabajo y morosidad con su principal proveedor (Cammesa)”. Esta es la cita textual que refleja la postura del Gobierno y que aparece en el acta de la Asamblea General.

El Gobierno se apoyó en la auditoría realizada por Price Waterhouse Coopers (PWC), donde se refleja que, al 31 de diciembre del 2015, “los pasivos corrientes excedían a los activos corrientes en $1.072.766.053”. Además, el informe de la reconocida consultora indica “la existencia de una incertidumbre significativa que puede generar duda sustancial sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento”.

“En el Gobierno quieren meterse de lleno en los números de Edemsa”, explicó una fuente del sector eléctrico. Uno de los encargados de controlar la situación patrimonial y financiera de la distribuidora que brinda servicio eléctrico a más de 420 mil usuarios es Sergio Marinelli, el secretario de Servicios Públicos y flamante director de la compañía por parte del Estado.

Hace una década

El último informe contable de Edemsa observado por el Gobierno correspondía al ejercicio 2005. “La representante de las acciones clases B y C del Estado Provincial-Gobierno de Mendoza manifiesta que se opone a la aprobación del Estado de Resultado del Balance General, por cuanto la exposición de los ítems multas, canon de concesión y amortización de activos intangibles no deben formar parte del costo de distribución ni del resultado operativo”, fue la explicación oficial en aquel momento para votar en contra de la aprobación del balance.

Ahora la decisión fue abstenerse. Sin embargo, en ambos casos, las cuentas fueron aprobadas gracias a los votos de los representantes de los privados y de los empleados.

Edemsa está dividida en tres patas: el sector privado (Sodemsa) posee 51% de las acciones, el Estado provincial tiene 39% y los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada (PPP), el 10% restante.

El representante del PPP expresó en la última asamblea “la preocupación ante el delicado estado de la situación económica y financiera que atraviesa la empresa”. Esta situación provocó, por ejemplo, que el Valor Patrimonial Neto de la acción descendiera desde $1 en 1998 a $0,5516 en el 2015. También vincula los inconvenientes al atraso tarifario. Pese a estas observaciones, aprobó el balance al 31 de diciembre del 2015 porque “ha sido confeccionado conforme a la normativa vigente”.

La deuda con Cammesa

El Estado también puso la lupa en la deuda de Edemsa con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la empresa administrada por el Gobierno nacional que le vende a Edemsa la energía que luego distribuye entre sus usuarios.

Desde el 2012, Edemsa se atrasó con los pagos a Cammesa, y, actualmente, la deuda –incluidos los intereses– supera los $1.400 millones. “La Comisión Fiscalizadora ha indicado que la morosidad con Cammesa puede configurar causal suficiente para la aplicación de las sanciones previstas en el marco regulatorio eléctrico y el contrato de concesión”, advirtió el Gobierno en el acta de la Asamblea.

Edemsa ha reclamado por los intereses que considera “excesivos” y el 19 de febrero presentó a Cammesa un plan de pagos “a efectos de regularizar la situación”.

¿Atraso tarifario?

El Gobierno también niega que el deterioro patrimonial y financiero de la empresa se explique totalmente por el atraso tarifario, como esgrime la firma. De esta manera, puso en duda el principal argumento de Edemsa para explicar su crítica situación.

“El propio Estado Provincial por el decreto 390/2015 reconoció la necesidad de compensar la situación de las distribuidoras causada por la postergación de la Revisión Tarifaria 1 (RT1) en el 2013 y el congelamiento tarifario en el 2014 y el 2015, y el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) ha calculado oficialmente los Ingresos no Percibidos en el importe de $1.533 millones, lo cual es ampliamente superior a la deuda mantenida con Cammesa”, explicó en la última Asamblea la representante de Edemsa.

El decreto 390 fue firmado por el ex gobernador Francisco Pérez en febrero del 2015 y reconoce a las distribuidoras eléctricas “Ingresos no Percibidos” de unos $ 4.000 millones desde el 2013. Pero legisladores radicales cercanos a Cornejo reclamaron ante la Suprema Corte de Justicia por la inconstitucionalidad de la medida.