El Gobierno de Mendoza publicó este martes en el Boletín Oficial un convenio celebrado con el hogar “La Nona de los Caramelos“, para la derivación de pacientes con discapacidad de los programas provinciales de Salud. La particularidad es que se trata de otra sede del geriátrico que fue clausurado administrativamente la semana pasada, tras un periodo de varios años de informes negativos y un nuevo trámite de habilitación.
Los dos centros están ubicados en Maipú y pertenecen a la misma propietaria, aunque son administrados por otras personas. El que recibe los pacientes derivados por el Estado está habilitado, mientras que el otro sigue funcionando, más allá de la clausura decretada, luego de un acuerdo extraoficial con el Ejecutivo para iniciar un nuevo tráite de habilitación. Cuenta con unos 11 adultos mayores alojados.
La clausura fue dictada el año pasado, tras una serie de inspecciones negativas que en 2021 concluyeron en la primera orden de cierre por “graves irregularidades”. La propietaria tiene una tercera sede que también espera la habilitación definitiva.
El convenio para derivar pacientes hasta diciembre
El convenio quedó formalizado este martes con la publicación del Decreto N° 1565, que aprueba el acuerdo entre el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza y la institución, cuya sede está ubicada en calle Maza Norte de Gutiérrez. El objetivo es consolidar la atención de personas con discapacidad en la modalidad de Hogar Permanente.
El hogar debe recibir, albergar y brindar atención integral a personas con discapacidad que sean evaluadas, derivadas y supervisadas por la División Sistemas de Contención Familiar y Socio Comunitaria. El convenio otorga a la institución un cupo máximo de hasta 2 personas derivadas.
Como contraprestación, el Ministerio abonará la suma de $1.215.000 mensuales por cada persona que ingrese, con una revisión para aumentar al ritmo de la evolución de los indicadores macroeconómicos.
El acuerdo se extiende desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, pero está contemplada la posibilidad de brindar una prórroga.
La clausura en 2021 y el antecedente de convenio en 2023
Que el Gobierno derive pacientes a esa institución después de una clausura a la otra sede ya no es novedad, porque tiene un antecedente.
La cronología muestra que la primera inspección en el lugar fue en 2016, cuando los efectores públicos constataron que el establecimiento funcionaba sin habilitación. En el 2019 realizaron otra y multaron a la propietaria por presuntas irregularidades. Una nueva inspección en el 2021 fue la más contundente: los agentes detectaron sobrepoblación de pacientes por habitación, falta de personal, baños incompletos, residuos patológicos en la despensa de los alimentos y en la lavandería, ausencia de un plan nutricional, historias clínicas incompletas y mal estado general.
Por eso, un Decreto en octubre del 2021 oficializó la clausura. Pero la propietaria pidió la revocatoria de la medida en noviembre de ese año. Luego, en febrero de 2022, interpuso el recurso jerárquico (última vía administrativa) y la respuesta llegó en septiembre de 2025, ratificando la clausura.
Sin embargo, en el medio de esa cronología, se celebró otro convenio entre la institución y el Ministerio de Salud, con la firma de Rodolfo Montero. El geriátrico recibió pacientes que son atendidos por el Departamento Prestacional para Rehabilitación, Adaptación y Vida Independiente, entre agosto del 2024 a diciembre de ese mismo año. Recibió una cifra superior a los $600 mil por cada paciente.