Este lunes, en el Boletín Oficial se publicó un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, emitiendo la clausura definitiva de un geriátrico ubicado en Maipú, el cual había sufrido unas inspecciones muy negativas en el 2021, cuando se emitió formalmente por primera vez este cierre, sobre el cual se fueron presentando apelaciones.
Sin embargo, el establecimiento actualmente sigue funcionando con un nuevo expediente de habilitación provisto por el Ministerio de Salud, que había decretado la clausura. Todo como parte de un acuerdo informal entre los dueños y las autoridades.
Se trata de la institución “La Nona de los Caramelos“, ubicada en calle Padre Vázquez de Gutiérrez. El establecimiento es propiedad de una mujer, pero lo administra un familiar.
Al día de hoy tiene 11 adultos mayores alojados. En el 2021 fue clausurado tras detectar el Ejecutivo “graves irregularidades” vinculadas a la sobrepoblación y otras de mal mantenimiento. Hubo un informe muy duro que motivó esa decisión. La institución presentó dos recursos que fueron rechazados en el 2021 y el año pasado.
Sin embargo, tras una serie de reuniones con la Dirección de Recursos Físicos, Habilitaciones e Infraestructura del Ministerio de Salud, las autoridades del geriátrico y del Gobierno convinieron en que lo más efectivo era hacer avanzar el expediente de clausura para cerrarlo administrativamente tras el decreto del año pasado, para abrir uno nuevamente.
El establecimiento sigue funcionando como recién abierto, inscripto y esperando la habilitación. Ha presentado la documentación necesaria pero sigue esperando que avance.
De hecho, la institución tiene un lazo fuerte con el Gobierno. Cuenta con tres sedes, todas ubicadas en el distrito Gutiérrez y de la misma propietaria. Con una de esas sedes (no la que fue clausurada), el Ministerio firmó un convenio millonario para la derivación de pacientes con discapacidad en 2024, tres años después de la primera clausura y un año antes de la última.
La cronología de la clausura
La primera inspección fue en el 2016, cuando los efectores públicos constataron que el establecimiento funcionaba sin habilitación ministerial. Le otorgaron un plazo para regularizar esa situación, pero no es un procedimiento fácil de cumplir. En el 2019 realizaron otra y, tras observar irregularidades, multaron a la propietaria con 6 mil Unidades Tributarias.
Una nueva inspección en el 2021 fue la más contundente: los agentes detectaron sobrepoblación de pacientes por habitación, falta de personal, baños incompletos, residuos patológicos en la despensa de los alimentos y en la lavandería, ausencia de un plan nutricional, historias clínicas incompletas y mal estado general.
Todo según reza el Decreto que se publicó octubre del 2021 oficializando la clausura. En noviembre de ese año, la propietaria pidió la revocatoria de la medida, la cual le fue rechazada en diciembre.
En febrero de 2022, la dueña interpuso el recurso jerárquico (última vía administrativa) y la respuesta llegó en septiembre de 2025, ratificando la clausura. Más de tres años después de solicitado el recurso, cuando el plazo máximo que tiene el Ejecutivo para contestar es de 15 días.
Esto le dio un motivo a la institución para insistir con las apelaciones, pero el propietario señaló a El Sol que decidieron no avanzar con las medidas tras el acuerdo que habían alcanzado con las autoridades en materia de habilitaciones.
Críticas a las inspecciones y un nuevo expediente que siguen esperando
Desde el geriátrico señalaron que asumieron ese acuerdo aun con el costo a la “imagen” de la institución, motivados por una nueva oportunidad de conseguir la habilitación definitiva. Mientras tanto, denunciaron “arbitrariedades” y falsedad de las inspecciones que la llevaron a esa situación. Aunque reconocieron que a un año de esa primera clausura, hubo “muchas mejoras en ese aspecto”.
El nuevo expediente está publicado en el sistema público bajo la denominación de estado “en proceso”. El geriátrico actualmente cuenta con la habilitación municipal y el Certificado de Medidas de Protección Aptas Contra Incendios (CEMEPACI) que emite Bomberos de la Policía. Sin embargo, siguen esperando que les otorguen la habilitación.
“Nos dijeron que con la habilitación municipal y el CEMEPACI debería ser todo más fácil pero seguimos esperando esa habilitación y es un dolor de cabeza“, señaló el administrador.
Entre las cuestiones que exige la habilitación, además de esas dos documentaciones clave, las inspecciones ponen el foco en el cumplimiento de los criterios médicos (especialidades que ofrece y personal médico, entre otros) y otras cuestiones de infraestructura, que pueden ser acreditadas por los establecimientos y seguir aún sin que avance su trámite de habilitación definitiva.
La última inspección fue hace menos de dos meses y ya habían tenido otra el año pasado. “Siempre es bueno que vengan a inspeccionar y hacer un seguimiento” , agregó. Sin embargo, las visitas de las autoridades no mueven el expediente. “Es una lástima que un año después todo siga en el mismo lugar“, reconoció.
La situación no afecta exclusivamente a este establecimiento, ya que, según el administrador, son aproximadamente 500 los lugares inscriptos y el porcentaje de habilitados ronda el 25%. “Estamos conformando una asociación para trabajar en una agenda con el Gobierno para facilitar estos trámites”, reconoció.
El acuerdo para derivar en medio de la clausura
En medio del proceso de clausura, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un convenio con esta institución para derivarle pacientes de los programas públicos de discapacidad. Tiene la firma de Rodolfo Montero. El ministro también firmó las clausuras.
EL geriátrico recibió pacientes que son atendidos por el Departamento Prestacional para Rehabilitación, Adaptación y Vida Independiente, entre agosto del 2024 a diciembre de ese mismo año.
A cambio, el Gobierno destinó una suma de $600 mil por persona durante agosto, septiembre y octubre; de $625 mil en noviembre y de $651.700 en diciembre.