El Gobierno de Mendoza se reunió esta semana con representantes de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el organismo nacional que hasta la gestión de Alberto Fernández controlaban organizaciones sociales a cargo de Juan Grabois. El encuentro permitió avanzar en una posibilidad: que la Provincia se haga cargo de las obras en barrios populares que se paralizaron en la gestión de Javier Milei desde principio de año.

El encuentro formalizó la primera reunión del Comité Provincial para la Integración Socio-Urbana de Barrios Populares y estuvo encabezado por el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, funcionarios del Instituto de la Vivienda e incluso legisladores provinciales.

El enlace del Ejecutivo con dirigentes barriales es Ernesto Mancinelli, exsenador provincial y referente de Libres del Sur, que está a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

En la reunión, los funcionarios provinciales adelantaron que el Gobierno podría asumir la responsabilidad de las distintas obras que se vieron frenadas o demoradas desde el cambio en el Ejecutivo nacional a principio de año.

Uno de los barrios construidos con fondos para urbanizar provenientes de esta subsecretaría quedó bajo la investigación de la Justicia, este año, en medio de la pelea entre el Gobierno nacional y Juan Grabois.

Más de 300 barrios, 41 obras

En el registro nacional llamado Renabap, figuran unos 360 barrios populares de Mendoza. En esos conglomerados, comenzaron a ejecutarse en la gestión kirchnerista unas 41 obras. De estas, la mitad se encuentran demoradas o totalmente paralizadas.

En concreto, estos trabajos están destinados a la instalación de agua potable y luz, obras intradomiciliarias y reparación de la vía pública. Entre los barrios populares con obras detenidas en Mendoza están el San Jorge, de Guaymallén, y Villa Clarita, de Las Heras, las que cuentan con 11 y 30 familias registradas, respectivamente.

Lorena Muñoz, subsecretaria regional de la SISU en la provincia, explicó a El Sol que en la reunión se acordó con Mancinelli “que todos los entes reguladores puedan capacitarse sobre cuáles son las obras y puedan empezar a trabajar en conjunto con nosotros”.

La dirigente sumó que desde la administración provincial “se comprometieron a mediar con los municipios para comenzar con la instalación de los servicios“, ya que “su presencia está muy lejos de los barrios“. Para esto, el Ejecutivo también se comprometió a formar una mesa de diálogo para comenzar a trabajar con las organizaciones que se encuentran en la SISU.

Desde el Gobierno provincial informaron formalmente que “el comité fue creado como un órgano participativo de gestión y coordinación conjunta para el debate, diseño, planificación, control e implementación de políticas públicas en materia habitacional e integración social y urbana en barrios populares registrados en Renabap“.

El próximo de estos encuentros se efectuará en los últimos días de noviembre.

Por qué se paralizaron las obras de la SISU

La Secretaría de Integración Socio Urbana se creó en el año 2019, por medio de un decreto del expresidente Alberto Fernández. A la par, se diseñó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que es el medio financiamiento para las obras a través de un porcentaje derivado del Impuesto País.

Al asumir Javier Milei, la nueva gestión le quitó recursos a la secretaría y le bajó el rango a subsecretaría, mientras avanzaba la pelea con Juan Grabois, que había designado militantes para la conducción del organismo. Así, en febrero de este año, el FISU pasó de recibir el 9% de la recaudación del Impuesto País a un magro 0,3%.

Semanas antes de la reducción del presupuesto, Grabois mantuvo una pelea pública con el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el financiamiento del ente. “Evidentemente lo que Caputo quiere es sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera”, fustigó.

La pelea entre el Gobierno nacional y Grabois por los fondos para los barrios populares tuvo su capítulo mendocino este año. La encargada de manejar los fondos (FISU) para estas obras de urbanización era Fernanda Miño, vinculada al dirigente de la MTE.

En Mendoza, la Justicia puso la lupa en el barrio Amas de Casa, de Maipú, donde se licitaron obras en tres oportunidades, pero posteriormente quedaron abandonadas.

La polémica salpicó a dos figuras del kirchnerismo mendocino: Anabel Fernández Sagasti y Jorge Tanús.

Tras el conflicto político, la SISU pasó del extinto Ministerio de Desarrollo Urbano a la órbita de la cartera a cargo de Caputo. Actualmente, es conducida por un dirigente libertario muy cercano a la influyente Karina Milei: Sebastián Pareja, presidente de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.

Muñoz explicó que el funcionario libertario compartió a nivel nacional que tendría predisposición para reactivar los trabajos de la SISU, pero que “no depende de él“, ya que la aprobación de los financiamientos tienen que ser firmados por Caputo. Algo que desde la Subsecretaría ven “muy complicado”, según detalló la dirigente barrial.