El Gobierno Nacional presentó formalmente un proyecto de ley que propone una reforma integral del sistema de discapacidad en Argentina. El eje central de la iniciativa es la creación de un nuevo registro nacional que exigirá el reempadronamiento obligatorio de todas las personas que actualmente poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Según los fundamentos oficiales, esta medida busca transparentar el padrón y asegurar que la asistencia llegue efectivamente a quienes cumplen con los requisitos médicos y sociales vigentes, eliminando posibles irregularidades en la entrega de certificados durante gestiones anteriores.
La propuesta legislativa introduce modificaciones significativas en la asignación de beneficios y pensiones no contributivas. El proyecto contempla una revisión de las prestaciones actuales, estableciendo criterios más estrictos para el acceso a coberturas de salud, transporte y asignaciones económicas.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que es necesario optimizar los recursos del Estado, priorizando a los sectores de mayor vulnerabilidad y ajustando los beneficios de acuerdo al grado de limitación funcional detectado en las nuevas auditorías que llevará adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Otro de los puntos que genera mayor debate es la posible eliminación o readecuación de beneficios históricos.
El texto enviado al Congreso sugiere una actualización en el esquema de gratuidad del transporte público y en la entrega de dispositivos de asistencia técnica.
La intención oficial es reemplazar el actual modelo de subsidios generalizados por un sistema de asignación directa basado en la capacidad de ingresos y el entorno socioeconómico de cada beneficiario. Esta reestructuración pretende agilizar los trámites administrativos, aunque ha despertado alertas en diversas organizaciones civiles por el impacto que podría tener en la autonomía de las personas con discapacidad.
Finalmente, el proyecto establece un cronograma para la implementación de estos cambios, otorgando plazos específicos para que los ciudadanos se presenten a las nuevas juntas evaluadoras. El incumplimiento del reempadronamiento en los tiempos previstos podría derivar en la suspensión preventiva de las prestaciones.
Con información de Clarín.