El 25 de enero del 2023, el por entonces ministro de Infraestructura, Mario Isgró junto a la extitular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Marta Ontanilla firmaron un acuerdo con Fernanda Miño, quien estaba a cargo del Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU), -fideicomiso que manejaba el dirigente social Juan Grabois y que está bajo la lupa de la justicia por presuntas irregularidades-, para urbanizar el barrio Amas de Casa del departamento de Maipú.

Por aquel entonces, el FISU iba a aportar 7,4 millones de pesos para las extensiones del sistema de agua potable y del sistema de desagües cloacales con sus respectivas conexiones domiciliarias, la ejecución de cordones, banquinas y cunetas y las mejoras de la red vial y peatonal.

“Venir a Mendoza siempre es un honor. Desde el primer momento trabajamos juntos al Gobierno provincial y a pesar de representar a ideologías políticas distintas, siempre tuvimos la misma mirada con respecto al que sufre una carencia y está en nuestras posibilidades aliviarla con trabajo”, había declarado Miño por aquel entonces.

A pesar de esto, el proyecto se licitó en tres oportunidades, quedando desiertas, por lo que se decidió dar de baja al convenio firmado con el objetivo de reformularlo.

“La idea es reformular el convenio para que las empresas quieran hacerlo. Pero para esto hay que esperar a que la situación actual del país se acomode un poco”, indicaron desde el IPV.

Mario Isgró, Marta Ontanillia y Fernanda Miño firmando el acuerdo en enero del año pasado.

Por otra parte, un exfuncionario partícipe del directorio del instituto de la vivienda, consideró que las licitaciones no tuvieron oferentes porque “olían que algo podría andar mal”.

“Nos resultó extraño que no hubiera oferentes, al parecer a los empresarios no les inspiraba confianza el origen de los fondos, olían que algo podría andar mal”, indicó el exfuncionario.

El escándalo salpicó el Pj local

El FISU manejaba una caja de más de 1.200 millones de dólares, y según el gobierno de Javier Milei, estos fondos no sólo se usaron para atender las problemáticas estructurales de barrios carenciados, sino también habría sido utilizado para financiar la campaña electoral del Frente de Todos.

De acuerdo con una nota publicada por el diario Clarín, la conexión mendocina aparece, en primer lugar, con Anabel Fernández Sagasti, la principal referente de La Cámpora en la provincia y a quien sindican como la administradora política de los fondos que el BIFISA (Fondo Fiduciario del BICE) derivaba al FISU.

En este punto también se vincula a Jorge Tanús, expresidente del BICE durante la gestión de Alberto Fernández.