“El receptor debe considerar siempre a la llamada como una emergencia hasta confirmar lo contrario”. Ese es un punto clave del protocolo de actuación de los operadores del 911 que un trabajador incumplió, y le terminó costando su cargo.
Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1.526 del Ministerio de Salud, a través del cual se despidió a un empleado estatal por las “irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones como radio operador del 911”.
El sumario administrativo que se le abrió al agente determinó que existió “un claro incumplimiento del protocolo de actuación… en la atención telefónica que se investiga”. En concreto, el operador “no transmitió correctamente las instrucciones operativas, incumplió además con el deber de vigilancia de los procedimientos del servicio y no realizó, como sus deberes mandan, la comunicación de la incidencia de manera completa al médico de turno”.
Además, se comprobó que el ahora efectivo apartado “no indagó más para descartar la gravedad del caso, ni consideró relevante la descripción que hace el llamante en relación con el caso”.
La defensa del empleado no fue suficiente para contrarrestar las pruebas del caso, por lo que su responsabilidad “ha quedado demostrada y probada, dado el claro incumplimiento de los deberes de agente público, …, además de un notorio incumplimiento del Manual de Protocolo de Atención de Emergencias Médicas del Servicio de Emergencias Coordinado, lo que se traduce en una falta grave en los actos de servicio”.
El caso Florencia Romano
El 911 estuvo en centro de la polémica en diciembre de 2020, cuando una operadora de la línea de emergencias desestimó y cortó una llamada de un vecino del pasaje Tucapel, en Gutiérrez (Maipú) que denunciaba un posible caso de violencia de género y solicitaba el envío de policías a la zona.
Sin embargo, la agente -una ex policía que llevaba 4 años desarrollando tareas en el 911 y 13 como integrante de la fuerza- interrumpió la comunicación que, según se confirmó posteriormente, advertía sobre el ataque mortal de Pablo Arancibia (33) a Florencia Romano (14).
La operadora fue acusada por abandono de persona en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en el contexto de violencia de género institucional. Finalmente, admitió su culpa en un juicio abreviado y fue condenada a 3 años de prisión en suspenso.
En tanto, Arancibia fue detenido y confesó que mató a la adolescente, por lo que fue condenado a prisión perpetua en julio de 2021.
Otro despedido en Salud
A través del decreto 2914, fechado el 6 de diciembre, se ratificó la resolución 615/20 en la cual se cesanteó a un empleado que se desempeñaba en el Hospital Central por “ausentismo prolongado injustificado”.
“El agente se ausentó desde el 30 de agosto del 2019 hasta la fecha de emitida de la resolución (12 de noviembre de 2020)”, indica la normativa, en la que se adjuntó como pruebas la marca del sistema biométrico.