Una serie de renuncias hizo crujir más al resquebrajado Consejo de la Magistratura de Mendoza. El órgano encargado de la evaluación y selección de los futuros jueces y fiscales de la provincia ha cobrado un protagonismo al que nunca estuvo acostumbrado. De hecho, se trata de una institución que suele volar por debajo del radar de la opinión pública, y donde tanto magistrados como el oficialismo y la oposición han tratado de mantener siempre al margen de las disputas políticas y de los escándalos. Hasta que un paso en falso, hace unas semanas, provocó una implosión.
Los cuestionamientos aparecieron cuando el Consejo, en su totalidad, decidió eliminar de manera discrecional a la Comisión que se encargaba de tomar exámenes para los aspirantes de nuevos cargos en materia penal, correccional y de ejecución penal. Eran los responsables de evaluar a los nuevos jueces y fiscales; es decir, a los responsables de perseguir, investigar y reprimir los delitos en Mendoza.
La medida fue tomada luego de que el diputado José Luis Ramón, miembro del Consejo, presentara un reclamo porque, para él, los evaluadores no habían respetado el reglamento establecido para la toma de concursos. Fue luego de ir como invitado a una prueba que se estaba realizado para cubrir un puesto de fiscal. No hubo ni pedido de explicaciones ni descargos. Directamente, la Consejo borró de un momento para el otro a toda la comisión.
Las esquirlas volaron en diferentes direcciones. La situación provocó crisis entre los magistrados, en el seno de la Suprema Corte de Justicia, en el Colegio de Abogados y entre los partidos políticos que tienen representación en el Consejo. Todas las partes involucradas se vieron en aprietos.
En la Corte, por ejemplo, cuestionaron duramente a Teresa Day por ser la representante del máximo tribunal y no haber advertido al resto de los ministros lo que estaba sucediendo. La recriminación fue antes y después: unas semanas posteriores, cuando el alboroto ya había escalado, el Consejo dio marcha atrás, volvió sobre sus pasos y resolvió, ahora sí, rever la decisión, pedir explicaciones y solicitar a cada parte con interés dentro del organismo que definiera a sus delegados en la comisión cuestionada. En la Corte también se enteraron por los medios.
La tensión aumentó cuando el abogado Leonardo Pasccón, miembro de la comisión censurada, en representación de los abogados del foro local, denunció una serie de irregularidad en el Colegio de Abogados que pegó de lleno en el Poder Ejecutivo. Porque sí, porque a pesar de ser invisible, en el Consejo de la Magistratura la disputa política se da, y muy fuerte. No solo impacta en materia penal, sino que, a nivel civil, comercial y laboral, es clave tener ascendencia sobre los jueces y fiscales designados; no sólo para oficialismo y para la oposición. Allí juegan, inclusos, intereses empresarios.
En medio de ese clima, y cuando la semana que está por comenzar podía ser clave para la designación de los nuevos –o no- integrantes de la comisión evaluadora, aparecieron al menos dos portazos. Los protagonistas fueron el abogado Gianni Venier y el juez Marcelo Gutiérrez del Barrio.
Venier, penalista reconocido y ex ministro de Seguridad, y Gutiérrez del Barrio, juez penal colegiado, formaban parte de la comisión que desmembraron y lo hacían como representantes del Consejo. Entendieron que la renuncia no era más que anticiparse a los hechos porque, o el Consejo no iba a ratificarlo o porque, de hacerlo, no iba a ser más que una consecución de irregularidades. Pero, principalmente, porque saben que en los pasillos anduvieron diciendo que, en el fondo, la idea original de aquella remoción tenía que ver con que muy pocos postulantes lograban pasar el examen y que sospechaban de la falta de imparcialidad de los mismos. Es más: ahora afirman que para la próxima comisión invitarán a jueces y penalistas de otras provincias para garantizar la objetividad
Esto cayó como una afrenta para los evaluadores. No sólo cumplían ese rol de manera gratuita, sino que se jactaban de haber armado un sistema de examen donde únicamente pasaban aquellos que mostraban conocimientos cabales en materia penal y destrezas para desempeñarse como magistrados. Y aseguraron que era un grupo que se había vuelto impermeable a las presiones recibidas.
En ese contexto, apareció el resultado de un examen tomado a principio de año, justamente para un cargo de juez penal colegiado. Algunos de los postulantes eran magistrados en funciones que aspiraban a ascender, pero dieron una prueba pésima. Errores groseros de concepto y de desconocimiento procesal en Mendoza. Tanto que, más allá de las internas, la pregunta que quedó rondando es en manos de quién está la justicia de la provincia.