De las primeras resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a la demanda del Gobierno provincial en la Corte Suprema de Justicia, pasaron 153 días.
El escándalo explotó a fines de enero y tuvo su pico de tensión durante febrero. Luego fue perdiendo protagonismo, hasta que este jueves la administración de Rodolfo Suarez confirmó que el caso escaló hasta el máximo tribunal de la Nación, que tendrá que resolver si es constitucional o no el reconocimiento de la ocupación de más de 25 hectáreas a varias comunidades mapuches en el sur provincial.
Estas son las fechas clave de la nueva pelea entre la Casa Rosada y el Gobierno mendocino.
27 de enero
El INAI reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” de las comunidades Lof El Sosneado, en San Rafael, y Lof Suyai Levfv, en Malargüe, a través de las resoluciones 36 y 42 del INAI, publicadas ese día en el Boletín Oficial de la Nación.
El organismo destacó que elaboró un informe histórico antropológico con el objetivo de “manifestar la íntima relación” de ambas comunidades “con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través de los distintos contextos históricos”.
Además, en los considerandos de ambas normas, se destaca la importancia de “relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”.
29 de enero
El Gobierno provincial comenzó a estudiar una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones del INAI que dispusieron el reconocimiento de derechos de tierras del sur a comunidades autopercibidas mapuches.
Desde el Ejecutivo aclararon que no fueron consultados por el organismo nacional y confirmaron que el inicio del proceso de análisis de los argumentos para pedir que se declare la inconstitucional de las resoluciones.
30 de enero
El gobernador Rodolfo Suarez instruyó de manera “urgente” al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y al fiscal de Estado, Fernando Simón, para que activen los mecanismos legales para solicitar la inconstitucionalidad de las resoluciones de la Nación.
“Solicité a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado, que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el Sur de la provincia”, escribió el mandatario a través de Twitter.
31 de enero
Luis Alberto Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dijo que para el reconocimiento de una “ocupación actual” no es necesaria la personería jurídica.
“No se entregó tierras, se le reconoce una ocupación actual. No es necesaria la personería jurídica“, afirmó Pilquimán. Y sumó que las comunidades LOF El Sosneado y LOF Suyai Levfv “son mapuches porque se autoidentifican así, se han reconocido así y tienen ocupación tradicional”.
1 de febrero
La Legislatura se hizo eco del conflicto. El PRO pidió que la Justicia investigue al INAI al presentar un proyecto pidiendo que se declare que “el pueblo mapuche no es originario del territorio provincial” y que, por ese motivo, “no puede invocar derechos ancestrales en Mendoza“.
3 de febrero
A través de la Resolución 47/2023, el INAI reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref. Son 4.477 hectáreas ubicadas en la localidad Los Molles, de Malargüe.
“Sin dudas iremos hasta las últimas instancias para detener este atropello”, aseguró el gobernador Rodolfo Suarez.
6 de febrero
La polémica llegó al Congreso. La diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, presentó un proyecto para citar al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, para que “explique por qué se violó la Ley 26.160 al adjudicarse en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de la provincia de Mendoza, 25 mil hectáreas a comunidades mapuches que originaron la semana pasada un conflicto con el Gobierno provincial”.
9 de febrero
“No hubo mapuches en la provincia ni ancestrales”, afirmó Suarez, quien denunció “una maniobra que se está llevando adelante en Buenos Aires con la complicidad de algunos“.
“Vamos a hacer valer todo el peso de la ley, político y todo lo que haya que hacer para que en Mendoza no pase lo que ya vemos que está ocurriendo en otras provincias”, agregó el gobernador.
18 de febrero
Se realizó un caravanazo hasta el centro de Malargüe para reclamar por la decisión del INAI de reconocer más de 25 mil hectáreas en el sur provincial a comunidades autopercibidas mapuches.
24 de febrero
El senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, anticipó la presentación de una denuncia contra el titular del INAI, Alejandro Marmoni por “traición a la patria, abuso de poder, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
15 de marzo
Gabriel Jofré, el Werken de la Organización ldentidad Territorial Malalweche, acusó a Suarez de discriminar a la comunidad mapuche y solicitó el inicio del proceso de juicio político contra el mandatario, que fue rechazado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados.
29 de marzo
“Los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”. Esa fue la frase más destacada de la resolución aprobada en una caliente y tensa sesión en la Cámara de Diputados, con 30 votos a favor, ocho en contra y seis abstenciones.
11 de abril
La Justicia Federal de San Rafael ordenó la suspensión de la Resolución 47/2023 del INAI que reconocía la ocupación actual de la comunidad Lof Limay Kurref, “perteneciente al pueblo mapuche“, en Malargüe.
La empresa Nieves de Mendoza SA, que asegura tener la titular registral desde el año 2000 del inmueble en cuestión, había pedido la nulidad de esa acción y obtuvo un fallo a favor.
29 de junio
El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, informó que Mendoza reclamó ante la Corte Suprema de Justicia por el reconocimiento de extensos territorios en el sur provincial a supuestas comunidades mapuches que realizó el INAI.
“Ante la falta de respuesta del INAI a recursos presentados, con plazos legales vencidos para resolver, se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las ilegítimas resoluciones vinculadas con pretendidas comunidades mapuches”, confirmó Ibañez a través de su cuenta de Twitter.
Los cuestionamientos del Gobierno
El Gobierno sostiene que existe un convenio firmado en 2009 con el INAI donde se plasmó el compromiso mutuo de “actuar mancomunadamente en la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación del Programa Nacional de Relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas de la provincia” de Mendoza, en el marco de la Ley 26.160. Para las autoridades locales, el organismo nacional nunca lo cumplió.
Además, el Ejecutivo mendocino cuestiona:
- El informe sobre antecedentes históricos de las comunidades, incorporado a los expedientes del INAI, adolece de “una evidente falta de rigor científico, en particular en su aspecto histórico” e incurre “una clara ausencia de objetividad, fundada en un pobre relevamiento de datos”.
- No ha demostrado que hubiese mapuches en el sur mendocino.
- La vigencia de la emergencia dispuesta por Ley 26160, que fue prorrogada mediante Decreto de Necesidad y Urgencia hasta noviembre de 2025.
- La decisión del INAI de optar, “sin fundamento alguno”, por un procedimiento centralizado, sin participación de la Provincia.
- El dictado las resoluciones sin contar con informes dominiales del Registro de la Propiedad y sin haber comunicado a la Provincia “los dictámenes, conclusiones, informes y demás elementos considerados para llegar a las resoluciones”.
- El desconocimiento de decisiones adoptadas por tribunales provinciales que han evaluado la situación de las comunidades y “han concluido en la inexistencia de posesión y/u ocupación actual, tradicional y pública de los terrenos en conflicto”.
- En parte del territorio “reconocido” a las comunidades mapuches encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta, en el sur de Malargüe.