Una de las tantas polémicas alrededor de la cesión de terrenos en el sur de Mendoza a supuestas comunidades mapuches es que las mismas no están registradas como tal. Al respecto, Luis Alberto Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dijo que en el reconocimiento de una “ocupación actual”, no es necesaria la personería jurídica.
“No se entregó tierras, se le reconoce una ocupación actual. No es necesaria la personería jurídica“, afirmó en declaraciones radiales y sumó que las comunidades LOF El Sosneado y LOF Suyai Levfv “son mapuches porque se autoidentifican así, se han reconocido así y tienen ocupación tradicional”.
A su vez, apuntó a la provincia y dijo que “en el país se han relevado casi 900 comunidades y pareciera que en el único lugar en donde hay conflictividad es en Mendoza“. Y pidió: “Hay que tener una nueva apertura mental para estos nuevos procesos”.
“Tienen que reconocer que los mapuches vivían de un lado y de otro de la cordillera“, insistió Pilquimán en Radio Mitre.
Para el funcionario, no es un tema partidario y remarcó que “cuando se lo ideologiza, se los trata de demonizar”.
En ese sentido, señaló a la dirigencia política, dijo que no desconocen “la existencia de la ley 26.160“, que es necesario “sacar varios miedos”, ya que la legislación “reconoce la ocupación actual” y que “habla de un tiempo y relación en ese territorio”.
“El proceso de autoidentificación en Argentina es creciente, nos vamos a encontrar más personas que se identifique como mapuches”, continuó Pilquimán.
Señalado por una gobernadora y con una causa judicial
la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, acusó a Pilquimán de dar apoyo “ideológico y material” en las ocupaciones.
“Es una persona que está contribuyendo a la consolidación de este hecho ilegal”, instó Carreras.
A su vez señaló, en el marco del conflicto en Villa Mascardi por toma de tierras, que este funcionario “ha sido interceptado por la policía de Río Negro y tiene una causa en ocasión de trasladar personas y bienes hacia la toma en vehículos oficiales”.
Por este hecho, el funcionario será juzgado por la Justicia Federal.
La causa llegó a la Justicia Federal en mayo de 2021 y procesó a Pilquimán por haber utilizado una camioneta Toyota Hilux en “exclusivo provecho propio, afectando negativamente los relevamientos territoriales que se debían realizar y para el cual estaba destinado”.
Pilquimán la utilizó para poblar el asentamiento mapuche: “Los funcionarios no pueden hacer uso discrecional de dinero o bienes que tienen a su disposición”, destacaron.
El funcionario nacional afrontará cargos por violar el artículo 260 del Código Penal por el delito correccional de malversación de caudales públicos.
La pena establece que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”.