El Gobierno provincial incluyó en el paquete fiscal que ingresó la semana pasada en la Legislatura un artículo que estipula que la presentación de certificados de salud apócrifos para justificar inasistencias sea causal de cesantía en el estatuto docente. Desde los gremios estatales señalaron que esto es algo que en la práctica ya ocurre y que no comprenden el sentido de la incorporación de este artículo.

Anualmente, son cinco mil los certificados médicos que se presentan en el sector estatal, de los cuales unos pocos son falsos. Si bien desde el Gobierno explicaron que no han notado un incremento en este tipo de documentos, explicaron que buscan tener mayor control.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) explicaron que esta modificación debería plantearse en la mesa paritaria y no a través de una ley de la Legislatura.

“Si bien no conocemos en profundidad el alcance de esto, entendemos que si hay modificaciones en el estatuto del empleado estatal, deben realizarse en una discusión paritaria con los trabajadores en la mesa de discusión. No obstante, estamos obligados a cumplir con esa normativa, siempre y cuando se garantice la defensa de los trabajadores”, indicaron desde ATE.

Por su parte, desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) explicaron que esto ya está ocurriendo en la provincia, y que no entienden cual es sentido de esta modificación.

“La verdad que no sé cuál es la diferencia entre lo actual y lo que se modifica. Está mal, es un delito y hay que sancionarlo y tiene que pasar por el consejo de deodontologico y si es un profesional de la salud por la Junta de reclamo de disciplina del gremio. Ha pasado y se ha sancionado”, explicó Claudia Iturbe, titular de Ampros.

Iturbe explicó además que “es muy difícil comprobar” que un profesional de la salud haya falsificado de forma consiente un certificado médico.

“Avanzar contra el médico no ha pasado nunca porque es difícil de comprobar. Sí hubo casos de personas que han falsificado la firma del médico o utilizaron sellos robados“, detalló.

En la misma sintonía se expresó Ricardo Babillon, titular del gremio de los Judiciales, que explicó que esto se aplica en la práctica: “Si falsificás un certificado, es un delito y te despiden. Eso se ha hecho siempre”.

En concreto, el Gobierno busca incorporar el siguiente inciso al artículo 5 del anexo de la ley 9.103, que establece el Régimen disciplinario administrativo del estatuto del empleado público:

“Será causal de cesantía la presentación con cualquier finalidad de un certificado médico falso, ya sea que la falsedad, debidamente constatada, sea material o ideológica. En el caso de falsedad ideológica, deberá darse intervención al Consejo Deontológico competente para que tramite el sumario y/o procedimiento disciplinario pertinente respecto del profesional que haya emitido el certificado, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan”.