El Gobierno de Mendoza presentó esta semana un paquete de reforma fiscal con el que busca mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado. Una de las herramientas que contiene este paquete le permitirá, si la Legislatura lo avala, cesantear de forma directa a los empleados que presenten certificados apócrifos. En un año, se presentan alrededor de 5 mil certificados médicos en la administración pública.

Si bien desde el Ejecutivo adelantaron que no han detectado un aumento de esta práctica, sí consideran que se puede perfeccionar el control sobre los empleados estatales. Con todo, por el momento no han detallado cuáles son los métodos que utilizarán para determinar si un certificado expedido por un profesional de la salud es falso.

“Esta medida surge para poder controlar mejor el recurso humano de la Provincia. No hemos registrado un aumento de hechos de este tipo, pero de avanzar esta propuesta nos permitirá tener un mapa más claro de la realidad”, explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

En concreto, el Gobierno busca incorporar el siguiente inciso al artículo 5 del anexo de la ley 9.103, que establece el Régimen disciplinario administrativo del estatuto del empleado público:

“Será causal de cesantía la presentación con cualquier finalidad de un certificado médico falso, ya sea que la falsedad, debidamente constatada, sea material o ideológica. En el caso de falsedad ideológica, deberá darse intervención al Consejo Deontológico competente para que tramite el sumario y/o procedimiento disciplinario pertinente respecto del profesional que haya emitido el certificado, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan”.

En tanto, Fayad explicó que el Gobierno creará una base de datos con todos los certificados truchos que detecte, con el objetivo de conocer en qué área del Gobierno se presentan más este tipo de situaciones, qué tipo de enfermedades son las que se fingen y los profesionales que firman los partes. La idea es “detectar si hay algún patrón que se repita“.

“Durante el año, se presentan aproximadamente cinco mil certificados médicos en todo el Estado provincial. Hemos detectado algunos apócrifos, no muchos, pero sí hay, por lo que pretendemos ser mucho más rigurosos en este sentido. Por eso queremos que (para) esos empleados que presenten este tipo de documentos truchos sea causal inmediato de cesantía en el estatuto del empleado público”, explicó Fayad.

Actualmente, sólo son causal de despido los siguientes hechos:

  • Inasistencias injustificadas superiores a seis días, continuas o discontinuas, en el término de seis meses.
  • Quebrantamiento de las prohibiciones especificadas en el artículo 14 del Decreto-Ley N° 560/73, graduado conforme a la naturaleza y gravedad de la falta.
  • Abandono de servicio, el cual se considerará consumado cuando el agente registrare más de cinco inasistencias continuas sin causa que las justifique, y no retomare sus tareas en el término de dos días computados a partir de la intimación fehaciente a tal efecto.
  • Falta grave respecto al superior en la oficina o en actos de servicio;
  • Incurrir en nuevas faltas que dan lugar a suspensión, cuando el inculpado haya sufrido en los seis meses inmediatos anteriores, quince o más días de suspensión disciplinaria;
  • Sentencia condenatoria por delito doloso que no se refiera a la Administración Pública y que por sus circunstancias afecte al decoro de la función o al prestigio de la Administración.

Además, la normativa que se pretende aprobar, incluye la inmediata participación del consejo deontológico de la provincia a fin de establecer si hubo connivencia y responsabilidad del profesional de la salud que firmó el certificado médico.