Luego del freno de Cambia Mendoza (CM) al pedido de interpelación en la Legislatura al ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, el peronismo insiste para que el responsable de la Oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, asista a la Casa de las Leyes por el caso Bonarrico.

El Frente de Todos-PJ busca seguir presionando al Gobierno por el escándalo del subsidio -que finalmente no se otorgó- y ahora presentó un proyecto de resolución en el que invitan a Balsells Miró ​a una comisión de labor parlamentaria “para que brinde información sobre las gestiones realizadas desde la auditoría respecto al Decreto Nº 684/2022 en referencia al Convenio de colaboración entre la Fundación Acción Social y el Gobierno”.

Este organismo de control, que tiene entre sus objetivos el velar por la transparencia en la provincia, inició una investigación de oficio sobre el caso poco después del escándalo desatado por los $18 millones. Debe investigar si hubo alguna irregularidad administrativa, y si el acuerdo firmado entre el Gobierno y la fundación del ex senador está o no dentro de la normativa provincial.

Dicha investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que Balsells Miró evita hacer declaraciones, ya que podrían ser usadas como causal de nulidad en un eventual proceso.

“La investigación de oficio está avanzando, se hicieron pedidos a distintos organismos para que eleven informes“, indicaron desde la Oficina que comanda.

Según dijo Bonarrico a los medios de comunicación, el convenio era parte de un acuerdo político que hizo su partido político MásFe con CM para bajar su candidatura en las últimas elecciones. Ante estos dichos, Rodolfo Suarez decidió darle de baja al subsidio.

“Quizás, reconociendo el error o admitiendo el delito, es el mismo gobernador el que decide dar marcha atrás con el subsidio antes mencionado (…) El actuar de las principales figuras que tiene el gobierno provincial pondrían en peligro las arcas del Estado”, dice el texto presentado por la senadora Cecilia Juri (FdT-PJ).

Además de las declaraciones de Bonarrico y la posterior derogación del convenio, el peronismo quiere explicaciones sobre algunos puntos del decreto publicado el 26 de mayo, específicamente, los relacionados a los montos a entregar.

El convenio era por 24 meses y establecía que el primer año el Estado debía entregar a la Fundación $9 millones, en cuatro pagos de $2.250.000. En tanto, en el segundo año la suma “no podrá ser bajo ningún aspecto inferior al asignado en el primer año”, decía el decreto que, según la oposición, esconde “uno de los peores hechos de corrupción en la provincia”.

El hecho de que podía “ser renovado tácitamente por igual término si las partes así lo quisieran”, es otro de los detalles del acuerdo que cuestiona el peronismo, que desde que se conoció el hecho hicieron distintos pedidos de informes, tanto del convenio con la fundación del pastor como de otros subsidios otorgados durante la gestión radical.

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El oficialismo, con mayoría en la Legislatura, bloqueó el pedido de interpelación al ministro Víctor Ibañez, y ante esto el justicialismo amenazó con un juicio político al funcionario si no asiste a la Casa de las Leyes.

Además, el peronismo se retiró de las sesiones y aseguró que lo seguirá haciendo. “Está interrumpido el diálogo con el Gobierno. Sólo vamos a tratar temas que le interesan a la gente, vinculados a la inseguridad, a la salud, al mal funcionamiento de la Osep, a la infraestructura escolar. Y vamos a insistir hasta las últimas consecuencias para traer al ministro a dar explicaciones”, explicaron los legisladores peronistas, quienes le dieron un ultimátum hasta esta semana a Ibañez o recurrirán al proceso de jury.

Desde Cambia Mendoza sostienen que el PJ está haciendo “un show” de este asunto, y que “a la brevedad” el Ejecutivo responderá los pedidos de informes que se aprobaron en ambas cámaras, según dijo Andrés Lombardi (CM), presidente de la Cámara de Diputados.

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Al mismo tiempo, hay una denuncia penal en curso para determinar si la entrega del subsidio configura un delito. Esa investigación está a cargo de los fiscales de Delitos Económicos, Hernán Ríos y Flavio D´Amore, que a su vez tendrán la asistencia de su jefe, Javier Pascua, y la del titular de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, hombre cercano al procurador Alejandro Gullé. En este caso, Guzzo está subrogando a Gonzalo Nazar, fiscal de la Procuración.

Hasta el momento, se sabe que los fiscales ya solicitaron el expediente para conocer los detalles del convenio que se anuló, y en base a eso, evaluarán las medidas probatorias que solicitarán, indicaron fuentes judiciales.