En estos días ingresará a la Legislatura el proyecto del Gobierno para “sanear” la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) en medio de la fuerte crisis que atraviesa por sus deudas. Pese a que la iniciativa todavía no llegó a mesa de entradas, ya está generando revuelo y rechazo en la oposición y los gremios estatales.
Se espera que la norma entre por la Cámara de Diputados y en el Ejecutivo tienen apuro por tratarla, de manera que la idea es que vayan las autoridades de la obra social a explicar los detalles para que pueda ser votada a la brevedad.
La discusión pasará por cuánto es el pasivo de la obra social, que según señalan ronda los 6 mil millones de pesos. El oficialismo, para defender el proyecto, pondrá sobre la mesa el incremento de los costos a precio dólar y también en la aplicación de ciertas leyes como la de discapacidad, que generan más gastos para la obra social.
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, defendió la iniciativa y culpó al Gobierno nacional por los precios de los medicamentos.
“Aumentan los remedios a valor dólar y gran parte de los fondos se van en tratamientos caros que generan desequilibrios. Hay que hablar con fundamentos”, sostuvo el legislador.
El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Gómez, criticó la “metodología” del oficialismo de difundir la novedad por los medios.
“Es mala la metodología de trabajo que plantea el oficialismo, no hay diálogo”, señaló el legislador. Respecto del proyecto en sí, primero se tomarán el tiempo para analizarlo cuando lo tengan en sus manos, pero de antemano ya lanzaron sus críticas.
“Esto tiene un impacto que termina pagando el afiliado. El temor es que sea una medida tendiente a recaudar más sin resolver las cuestiones de fondo que sufre la Osep. Debería haber un acuerdo político y no creemos que con esto se resuelva la situación compleja”, añadió Gómez.
Mientras que el presidente del bloque del Senado del Frente de Todos, Lucas Ilardo, aprovechó para motorizar su proyecto y le exigió a Suarez que tengan en cuenta su iniciativa para que el desfinanciamiento sea cubierto por los funcionarios con salarios elevados.
Respecto de eso, el titular de Osep, Carlos Funes, salió a responderle por las redes sociales.
La queja de los gremios
El titular de Ate, Roberto Macho, aseguró que van a “accionar” de alguna manera en contra de esta idea del oficialismo.
“Pretenden que los afiliados paguemos la mala gestión política que se ha hecho en Osep en estos años, estamos en desacuerdo. Por otro lado, el tema de los servicios de la obra social en gran parte están tercerizados y los coseguros son muy altos. En todo caso, que dejen libertados a los estatales para elegir otra obra social”, disparó el gremialista.
En el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) tienen una mirada similar, por lo que Gustavo Correa le achacó al Gobierno la “mala gestión”.
“Funden la obra social y nosotros tenemos que pagarla. Vamos a evaluar qué hacer, pero podríamos motorizar irnos de la obra social o llevar el planteo a la Superintendencia de Salud”.
Proyecto
La obra social contrajo una importante deuda con las farmacéuticas que amenazaron con cortar el suministro, por lo que el Gobierno provincial le otorgó un salvataje de 2 mil millones de pesos durante 2022.
Ahora, el gobernador pretende frenar el déficit, que ronda el 5%, aumentando en un 837,5% el aporte de los afiliados indirectos (esposa, esposo, hija, hijo, entre otros que dependen del afiliado directo) y del 16,67% en el aporte de la patronal; el Estado y los municipios.
Llevado a números concretos, con ese cambio, el Estado incrementará su aporte en unos 2.634 millones de pesos más por año. Ese número, sumado a lo que aportarán los afiliados indirectos, fijaría el incremento de los recursos de la OSEP entre casi 6.000 millones de pesos, incluyendo los fondos que deberán aportar, a su vez, los municipios por sus empleados afiliados a la obra social.