“La única novedad es que no hay novedad, lo cual no es bueno”. Con esa frase el fiscal de Estado, Fernando Simón, inició la presentación del presupuesto 2025 del órgano de que comanda. Lo hizo este viernes ante legisladores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, quienes escucharon su reclamo por el rechazo del Gobierno a la solicitud de fondos para fortalecer el control de las empresas con participación estatal.
Durante su exposición, Simón informó que la Fiscalía de Estado le solicitó recursos al Ministerio de Hacienda para encarar ocho nuevos proyectos de inversión pública durante el próximo ejercicio. En total, representaban algo más de $155 millones, pero ninguno obtuvo financiamiento del Ejecutivo provincial.
De ese monto, casi $79 millones corresponden el pedido concreto para fortalecer el control de las empresas “estatales”. El resto de los proyectos están relacionados con adquisición de equipamiento, renovación de mobiliarios y libros de consulta jurídica.
Reforzar el control
La Fiscalía de Estado solicitó partidas para adquirir una camioneta para recorrer las obras y tres notebooks, más la contratación de cinco profesionales dedicados exclusivamente a las auditorías de las empresas manejadas por el Estado.
“La necesidad de tener mayor personal capacitado para específicamente esta tarea es lo único que plantearía como un déficit que me preocupa. El resto es parte de la escasez cada vez mayor que estamos acostumbrados a manejar”, aseguró Simón. En tal sentido, destacó que en 2015, el presupuesto de la Fiscalía de Estado representaba el 0,35% del total provincial; diez años después, alcanzará el 0,10%.
Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), Impulsa Mendoza, Empresa Mendocina de Energía SA (Emesa) y Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) son las principales compañías manejadas por el Estado provincial.
Las cuatro tienen un protagonismo central en la administración de Alfredo Cornejo: la gestión del agua y la energía, el desarrollo de la minería en el sur y la obra de ampliación del Metrotranvía son algunos de los ejes fundamentales que plantea el gobierno provincial para el próximo año.
“Necesitamos fortalecer el control de las empresas públicas, de todo este nuevo sector mixto o híbrido del Estado. Es más ágil y tiene mayor capacidad de interacción en el mercado, por eso requiere mayor control todavía”, comentó Simón. “Comparto el modelo, pero requiere adaptar la forma de control, más especializada, más exigente. Es algo nuevo, más difícil”, insistió.
El fiscal calificó como “correcto, necesario y conveniente” al modelo de empresas híbridas, al que diferenció del esquema privatizador de los años 90. De todas maneras, subrayó la necesidad de someterlas a una auditoría constante.
“Hay que lograr un equilibrio entre mantener la agilidad necesaria para trabajar en el sector privado, pero que quede claro que es plata del Estado y por lo tanto debe estar bajo ciertos controles propios del sector público”, explicó.
En tal sentido, planteó que el desafío de los legisladores es brindar un nuevo marco legal a este modelo donde el Estado actúa en el mercado a través de empresas privadas que están sometidas a principios del sector público.
“No es la ley de administración financiera ni es Dirección de Personas Jurídicas controlando una sociedad anónima. Hace falta otra cosa. Tienen que tener su propio reglamento de contrataciones, asegurando transparencia y libre concurrencia. Debe haber pautas”, completó Simón, quien se llevó la promesa de los legisladores de analizar el reclamo y elevarlo al Ejecutivo.
El presupuesto de la Fiscalía de Estado
El proyecto de Presupuesto 2025 para el órgano encargado de defender el patrimonio del fisco prevé una erogación de $7.151 millones, de los cuales $3.097 millones serán destinados a la cancelación de juicios contra el Estado.
En total suman 373 juicios con sentencia firme que se pretenden cancelar durante el próximo ejercicio. En este punto sobresale el contrapunto entre el cálculo realizado por la Fiscalía de Estado ($4.850 millones para afrontar el pago de juicios) y lo finalmente dispuesto por el Ministerio de Hacienda. La diferencia se compensará con refuerzos de partidas.
“Hay que estar todo el tiempo pidiendo refuerzos presupuestarios. Es un desgaste y no es adecuado para un órgano de control“, reclamó Simón.
Con relación a la evolución del personal, mientras en 2015 eran 145 trabajadores en la repartición, hoy alcanzan los 127. “La política que hemos llevado adelante es de, frente a las jubilaciones, no incorporar personal nuevo sino generar mejoras a los que ya están, en la redistribución de la partida, en adicionales, en aumentar las clases”, señaló el fiscal, agregando que “todos los ingresos han sido por concurso”.