La desaparición del submarino ARA San Juan provocó una crisis entre los oficiales de mayor grado en la Armada y algunos temen terminar en el banquillo de los acusados en un juicio oral.
En esas acusaciones aparecen en documentos secretos versiones encontradas y denuncias mutuas por supuesta negligencia en la gestión de la crisis por la pérdida del submarino, hace 40 días.
Además, incluyen desde cuestionamientos por la aparente adulteración de actas y filtraciones de comunicaciones hasta la supuesta intervención de teléfonos para eliminar mensajes enviados o recibidos por WhatsApp.
También figura la inquietud acerca de quién filtró el mensaje “secreto” del San Juan, del 15 de noviembre, que alertó sobre el ingreso de agua en el tanque de baterías y un “principio de incendio”.
Dos oficiales quedaron en particular bajo la lupa. Son el comandante de Adiestramiento y Alistamiento -el virtual número tres de la Armada, con asiento en la base naval de Puerto Belgrano-, el contraalmirante Luis López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide.
Ambos, López Mazzeo y Villamide, continúan dentro de la Armada, pero suspendidos y acusados de dos faltas disciplinarias gravísimas -arriesgar a la tropa y negligencia en el servicio- que pueden causar hasta su destitución.
Según reconstruyó la Auditoría de la Armada, tanto el inspector general de la propia fuerza como el comandante del submarino, Pedro Fernández, habían informado sobre problemas y materiales faltantes en el submarino que no se subsanaron antes de su último y trágico viaje.