El miércoles 29 de julio, Daniel el “Rengo” Aguilera, el ex jefe de la barra brava de Godoy Cruz Antonio Tomba, fue condenado a 12 años de cárcel por liderar una banda narco desde la cárcel.

Fue la pena más dura contra el oriundo del barrio La Gloria después de todas las causas que se le iniciaron por diversos delitos en los últimos quince años. Tres días después de la resolución dictada por los jueces federales María Paula Marisi, Héctor Cortés y Roberto Naciff, el sábado 1 de agosto, Aguilera volvió a estar involucrado en un caso de transporte de drogas.

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La Justicia de Salta secuestró más de cinco kilos de cocaína que iban a ser enviados a Mendoza por encomienda y el “Rengo” Aguilera fue señalado como la persona que compró el cargamento mientras se encontraba en la cárcel federal ubicada en Cacheuta para luego revenderlo, se cree, a un sujeto oriundo de Brasil.

Hace pocos días, el fiscal federal del caso que se instruye en el norte del país, Ricardo Toranzos, participó en una de las audiencias más extensas de la instrucción (duró más de seis horas) y trascendió que se está terminando la investigación penal preparatoria contra el “Rengo” y dos mujeres que están imputadas, identificadas como Belinda Ríos (una ex pareja que retiró el cargamento en una empresa de trasporte) y Emilce Quiroga, señalada por los detectives como quien iba a guardar o acopiar –enfriar– el polvo blanco en su casa de Godoy Cruz.

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En la audiencia oral se resolvió suspender las medidas cautelares que recaían sobre Ríos y Quiroga y recuperaron la libertad. Ambas se encontraban con detención domiciliaria y continuarán imputadas en la causa. Además, se amplió la acusación contra Aguilera, quien es el más complicado en el caso.

No sólo eso: se conoció que el fiscal Toranzos ya realizó un pedido de pena para el trío de sospechosos.

En Salta rige desde junio del año pasado el sistema acusatorio –los fiscales lideran las investigaciones– y en una de las etapas del proceso se impone que el Ministerio Público adelante cuál será el tope de la pena estimado para todos los sospechosos si llegan a debate.

Para el Rengo, el fiscal solicitó 7 años de cárcel y, para Ríos y Quiroga, 6 y 4 años, respectivamente, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlos.

Básicamente, el sistema tiene tres etapas: la primera parte de la investigación penal preparatoria, que es controlada por un juez de Garantías; luego se pasa a una fase intermedia que se denomina control de la acusación y la lidera un juez de Cámara (se analizan las excepciones que puede llegar a plantear la defensa, nulidades, exclusión de una prueba específica); y, por último, si el juez considera que hay causa probable, se pasa a la etapa de debate.

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Entrega controlada

La pesquisa contra Aguilera y las mujeres tuvo su inicio el 25 de julio cuando un perro entrenado para detectar narcóticos del Escuadrón Núcleo 45 de la Gendarmería Nacional olfateó un cargamento de estupefacientes en un puesto de control ubicado sobre la ruta 34, en Cabeza de Buey, Salta. La droga venía en una encomienda procedente de Salvador Mazza.

En total, el can Tango reaccionó rascando una caja donde se ocultaban 5,4 kilos de cocaína de máxima pureza.

Esa droga había sido despachada por un hombre y tenía como destino final Mendoza. Se lo identificó gracias a cámaras de seguridad pero no se lo pudo detener con el paso de las horas porque se refugió en Bolivia (de donde sería oriunda la droga), comentaron fuentes de la investigación.

En este momento tomó intervención la Justicia federal a través del fiscal Toranzos. El representante del Ministerio Público decidió realizar una entrega vigilada para llegar hasta el centro de la organización, la que consiste en sustituir la sustancia por harina –respetando el peso, tamaño y modo de acondicionamiento– con el objetivo de que continúe el viaje sin despertar sospechas y saber quién la iba a retirar en Mendoza.

El sábado 1 de agosto, personal de la Gendarmería se apostó en las cercanías de la sede de una empresa de envíos de calle Juan Bautista Alberdi de San José, Guaymallén, y esperó con paciencia. La que llegó hasta el lugar y retiró el paquete fue Belinda Ríos, sostiene la investigación.

El cargamento estaba a su nombre y figuraba su DNI. Acorralada por los pesquisas, terminó detenida.

En ese momento, Ríos aseguró que no era la dueña de la carga y explicó que era de Aguilera, quien era su ex pareja. Agregó que se encontraba amenazada y que debía llevar la droga a un lugar específico.

Entregó un papel que contenía una dirección y que debía esperar un llamado de un tal “Junior”.

Por último, solicitó llamar a un abogado. Ya con representante legal, desde el Ministerio Público le informaron que podía acogerse a la figura del arrepentido.

Ríos accedió y aportó otros detalles importantes para la investigación. Minutos después, los gendarmes desarrollaron dos allanamientos: uno en la casa de la mujer donde iban a ocultar la droga y otro en la cárcel de Almafuerte, donde se encontraba Aguilera.

En el primer domicilio fue detenida Emilce Quiroga. La mujer les dijo a los efectivos que había aceptado la propuesta de ocultar el cargamento de parte de Aguilera “por una cuestión económica”.

Por su parte, el “Rengo” fue allanado en su celda de la cárcel federal y le incautaron un teléfono celular oculto en un buche y una libreta con anotaciones varias que habrían sido utilizadas para coordinar la maniobra ilegal en tiempo real.

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El celular fue analizado por los detectives pero poca información pudieron obtener, debido a que se trata de un aparato antiguo, cuyas características no permiten la geolocalización ni recuperar mensajes barrados. “Los mensajes que enviaban eran eliminados de inmediato”, aportó una fuente del caso a El Sol.

Con el paso de las semanas, se supo que Ríos cambió de abogado cuando se estaba por homologar su situación de arrepentida y planteó una serie de nulidades porque -entendió- no resultaba ningún beneficio para ella.

Lo mismo con Quiroga: cambió su representante legal y aseguró que la Gendarmería la había inducido a detallar la versión de que Aguilera le iba a pagar a cambio de ocultar la cocaína.

Así las cosas, la nueva investigación contra Aguilera podría culminar a principios del año que viene.

De todas formas, también se espera que los abogados sigan planteando nulidades, debido a que todo cambió cuando las personas que “habían confesado” algún grado de participación en la logística del envío fueron cambiando de postura con el paso de las semanas.