El grupo de abogados mendocinos que días atrás ganó notoriedad pública cuando le pidió a la Justicia que declare inconstitucional la decisión del gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, de permitir las salidas a la calle de los ciudadanos según el número de finalización del DNI, ha vuelto a la carga: en un escrito conocido en las últimas horas, por el que solicitan una conciliación con los representantes del Gobierno y donde rechazan los argumentos en contra que recibió su presentación, desde lo técnico y lo político, ha planteado ahora que las personas pueden salir a trabajar todos los días con la flexibilización de la cuarentena en plena lucha contra el COVID-19, pero lo que no pueden hacer es, precisamente, por la decisión de Suarez, comer todos los días porque la actual normativa se los impide.

“Debe repararse –sostienen los profesionales– en que desde que se habilitaron las profesiones liberales, los profesionales trabajamos todos los días de 9 a 18 en los estudios, pero la terminación por DNI limita la posibilidad, por ejemplo, de comprar alimentos durante los días que no corresponda. Esto es un tema que surge de una norma sobreviniente, que por su naturaleza de norma y no de hecho impide su planteo como ‘nuevo hecho’ que deberá aplicar de oficio el tribunal”, indican en un escrito de reposición que se conoció anoche y donde le solicitan a la juez que está a cargo del caso que llame a una conciliación entre las partes para resolver rápidamente el entuerto jurídico que se ha presentado.

El lunes, el Ministerio Público Fiscal, en un dictamen no vinculante, se manifestó en contra del reclamo de inconstitucionalidad realizado por los abogados. El escrito de la Procuración, a los efectos la jefatura de los fiscales provinciales, aducía que, en la decisión de Suarez de permitir las salidas según el número final del DNI, había un argumento sanitario en el combate contra la pandemia y otro, vinculado con este último, reconocía que de agravarse el avance de la enfermedad, podía poner en grave peligro el sistema de salud público de la provincia. En esos mismos términos, o algo parecidos, se expresó el fiscal de la causa, Hernán Simó, de la Fiscalía Civil N°1, también en contra de la presentación de los abogados. “En una situación de excepción o emergencia pública es posible la suspensión y restricción de los derechos humanos, respecto de alguno de ellos, y sólo bajo ciertas y estrictas condiciones”, dice el fiscal Simó, un punto en particular que llegó, casi, a escandalizar a los reclamantes cuando lo leyeron. Además, el fiscal agrega que comparte, como lo hace todo el Ministerio Público Fiscal, las medidas asumidas por el Poder Ejecutivo provincial en ejercicio del poder de policía sanitario concurrente con la Nación, en el sentido de disponer restricciones –“aunque resulten más intensas”– que no sean contrarias a lo ordenado por el Ejecutivo nacional “en la especie del aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el DNU Nº297 del 2020 y sus prórrogas.

Los abogados que presentaron el escrito y que hoy sostienen que Suarez no les permite a los ciudadanos comer todos los días son Claudia Milanese, Silvana Ippolitti, Bárbara Codina, Omar Esteban Fornetti, Pablo Enrique de Rosas, Gonzalo Gatica, Gilberto Santamaría, Ignacio Santamaría Guevara, Alejandro Miguel Nacevich y Nicolás Parma. Ayer, cuando el vocero del grupo fue consultado por el motivo por el cual reclaman una audiencia de conciliación, Fornetti respondió que se trata de un paso “obligatorio” antes de la sentencia, pero, además, lo que buscan y propondrían en la audiencia es que el Poder Ejecutivo dicte una nueva norma “para que los profesionales puedan comer todos los días y con eso solucionar el tema”.

El caso, folclórico, pintoresco y a la vez razonable cuando propone eliminar la condición del número de DNI cuando ya se han incorporado tantas actividades económicas al trabajo, ha recaído en manos de la jueza Marcela Ruiz Díaz, titular del Segundo Juzgado de Gestión Asociada. Ruiz Díaz es la jueza que en el 2017 reclamó un derecho de igualdad con los magistrados que ingresaron antes del 2017 y que hoy no pagan el Impuesto a las Ganancias como lo tributan aquellos que lo hicieron desde enero del 2017 en adelante. “O no paga nadie, o pagamos todos”, planteó la magistrada en su momento ante la Justicia Federal. Para ser jueza, la por entonces abogada y aspirante Ruiz Díaz rindió un examen hacia fines del 2016, obteniendo el primer lugar en la terna que compitió por el cargo de magistrada. Pero, su pliego fue tratado varios meses después del examen que había rendido el 28 de diciembre del 2016, y recién a mediados de marzo fue nombrada. En los argumentos de su presentación para ser eximida del pago de Ganancias, Ruiz Díaz adujo que no había sido su culpa la demora en el nombramiento y que por tal razón debía cobrar lo que se le descontaba por Ganancias, o bien que se les descontara por lo mismo a todos sus pares.