Son días llenos de novedades en la causa que se instruye en la Justicia federal por el secuestro extorsivo y el asesinato del empresario Diego Alfredo Aliaga (50), cometido hace tres meses y medio.

Las defensas de los imputados cuestionaron una serie de resoluciones del juez Marcelo Garnica, emitidas a mediados de octubre, e insistieron en las excarcelaciones o detenciones domiciliarias de dos de los cinco acusados que tiene la causa que lidera el fiscal Fernando Alcaraz; pero la respuesta de la Cámara de Apelaciones fue negativa.

Cada uno por su lado, Washington Yamil Rosales, el hombre que reveló adónde se encontraba el cadáver de la víctima mientras el caso se encontraba en su pico de ebullición; y quien era su jefa directa en la empresa de transporte en la cual trabajaba, Bibiana Sacolle, pareja de Diego Barrera (51), el confeso autor del ataque contra Aliaga cometido entre fines de julio y principios de agosto en un lugar no determinado, solicitaron al tribunal integrado por Gustavo Castiñeira de Dios, Alfredo Rafael Porras y Juan Ignacio Pérez Cursi, dejar el centro de detención donde pasan sus días.

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Sin embargo, los jueces no hicieron lugar a las detenciones domiciliarias de los sospechosos. Básicamente y, entre otros argumentos, los magistrados coincidieron en que se trata de un hecho que reviste una gravedad muy alta, “no sólo motivada en el tipo de delito y la elevadísima pena prevista para ese injusto penal, sino también por la forma en la cual se habría llevado a cabo, interviniendo varias personas para ejecutar un plan con alto nivel de coordinación logística”.

Uno por uno

En el caso de Rosales, el 16 de octubre, el juez Garnica rechazó un pedido de excarcelación o arresto domiciliario entendiendo que el hecho que tuvo como víctima a Diego Aliaga motivó una grave imputación fiscal para los cinco detenidos.

La defensa entendió que no había pruebas que acreditaran la participación de Rosales en el secuestro y que sólo se le podían atribuir acciones posteriores al mismo, “posicionándolo en forma absolutamente diversa de la de los coimputados”.

Y agregó que, como fue el último de los detenidos (quedó a disposición de la Justicia el 10 de setiembre, día en que hallaron el cadáver de la víctima enterrado en Costa de Araujo, Lavalle), tuvo tiempo para escapar y eludir la acción de la Justicia pero no lo hizo.

Argumentó que se presentó a todas las audiencias ordenadas y que, cuando quedó detenido, reveló a los policías que trabajan en el caso el lugar exacto en donde se encontraba el cadáver de Aliaga.

Por último, para sostener la solicitud, dijo que tenía arraigo (domicilio fijo) y que está a cargo de un hijo menor y de su madre, enferma.

Sin embargo, después de analizar cada uno de los puntos y pruebas, los jueces entendieron que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la instrucción. Por ese motivo principal, no hicieron lugar al pedido de Rosales.

Y explicaron que, si bien “el imputado ha prestado colaboración aportando datos que han sido útiles… este comportamiento no resulta suficiente para neutralizar el riesgo de fuga que surge de la naturaleza y condiciones del hecho”.

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Por su parte, Sacolle, corrió la misma suerte. Los jueces hicieron un análisis similar a la situación de Rosales y coincidieron en que “en el presente caso, la presunta participación de varios imputados, a través de una organización con capacidad económica y logística, en un injusto sancionado con elevadísimas penas de prisión, constituye un indicativo cierto de la posibilidad que la imputada Sacolle pueda darse a la fuga, toda vez que cuenta con capacidad logística y medios económicos para ello”.

Para la fiscalía, Sacolle tuvo participación en la logística del secuestro del empresario Aliaga. Del análisis de las pruebas se desprende que la mujer realizó llamadas telefónicas a sus hijos Gastón y Lucas Curi y a su pareja con mínima diferencia de minutos entre cada una y duración de segundos mientras Aliaga se encontraba privado de la libertad o ya sin vida, de acuerdo con la investigación del fiscal Alcaraz.

Así las cosas, después de que, a principios de octubre, Diego Barrera confesara en un escrito que tenía problemas con Aliaga y que murió durante un encuentro que mantuvieron en una propiedad de calle Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, la fiscalía continuó con la incorporación de pruebas para sostener la hipótesis de móvil económico.

Barrera se mostró arrepentido y le pidió perdón a la familia de la víctima durante la indagatoria.

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Más allá de esto, los investigadores creen que detrás del ocultamiento, la retención y la muerte de Aliaga hubo un móvil económico. Y sostienen que fue con el fin de obligarlo, bajo amenazas, a que otorgase determinados negocios jurídicos a favor de los imputados Diego Barrera, Bibiana Sacolle, Lucas y Gastón Curi.

En ese combo fue incluido Washington Rosales, quien habría colaborado en la ocultación del cuerpo.

Apuntan a que se trata de la adquisición de propiedades sin la debida contraprestación de dinero (como la del barrio Dalvian, entre otras) y de vehículos, como un Chevrolet Camaro, que eran de Aliaga y terminaron en manos de Barrera.

En la Nación

No todas fueron pálidas para la defensa de la familia Barrera. En medio de la negativa para que dejen la cárcel, la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de calle España hizo lugar a un recurso para que se resuelva la competencia del expediente fuera de la provincia.

De esta forma, concedió un pedido de los abogados de Diego Barrera, Bibiana Sacolle, Lucas y Gastón Curi para que sea la Cámara Federal de Casación la que resuelva, en definitiva, si la causa debe ser instruída en el fuero federal o en el provincial.

En resumen, la historia de competencia tuvo su inicio cuando el juez federal natural del caso, Marcelo Garnica, entendió de que la causa que terminó con la muerte del empresario Diego Aliaga debía ser investigada por la Justicia ordinaria, es decir, la local.

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El fiscal federal Fernando Alcaraz entendió de que se trató de una resolución prematura y apeló para que el expediente continúe en su despacho.

A mediados de octubre, la Cámara de Apelaciones Federal le dio la razón al Ministerio Público y ordenó que Garnica continúe con las actuaciones.

A pesar de esto, la defensa insistió con el debate de sobre la competencia, ya que también dejó plasmada su postura de que el caso debía instruirse en la Justicia provincial a través de un fiscal de  Homicidios.

Al conceder el tribunal de alzada el recurso de casación interpuesto por el abogado de Barrera y su familia, habilitó la discusión en la Cámara de Casación Penal de la Nación.