Agrupaciones políticas y sociales se movilizaron este sábado al mediodía a la sede del Palacio de Tribunales para reclamar a la Corte Suprema de Justicia por la libertad de la referente de la Túpac Amaru Milagro Sala, al cumplirse cinco años de su detención.

Bajo la consigna “La Corte, basurero de la democracia”, los manifestantes arrojaron cientos de bolsas de basura por encima de las vallas en la entrada de la sede judicial.

“Esta es la Corte del lawfare. Es la Corte que mantiene presos a nuestros compañeros y que mantiene la persecución contra ellos. Lo dice claramente Cristina (Fernández de Kirchner) en su última carta. Es el símbolo de un Poder Judicial que se entregó a la mesa judicial que armó el macrismo para perseguir a los compañeros, como efectivamente nos persiguieron”, había adelantado el coordinador nacional de Túpac Amaru, Alejandro Garfagnini.

Y añadió: “El inventor de la doctrina de mantener presos a los compañeros a partir de imputaciones, (el camarista federal Martín) Irurzun, es un tipo ligado directamente a (Ricardo) Lorenzetti, a la Corte. Irurzun no hizo lo que hizo solo. La foto de la Corte con el perseguidor de Lula, con (Sergio) Moro, es muy clara”.

Garfagnini sostuvo además que la Corte “tiene que reparar lo que hizo, y para reparar lo que hizo tienen que revisar las causas, abrirlas, y dictar fallos que sean jurídicos, que fue lo que no hicieron durante mucho tiempo”.

Junto al Frente Milagro Sala y el Comité por la Libertad de la dirigente jujeña anunciaron su participación la FeTraEs, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), La Cámpora, Unidos y Organizados, 27 de Octubre, Los Irrompibles y el Frente Barrial de la CTA, entre otras agrupaciones y espacios políticos del kirchnerismo.

La defensa de la líder de la Tupac pretende que la Corte acepte el recurso de queja, anulen el juicio en su contra conocido como “pibes villeros” y ordenen la libertad inmediata.

Sala fue arrestada en 2016 por un acampe frente a la sede del gobierno jujeño que lidera el radical Gerardo Morales. Entre las condenas que recibió hay una a tres años de prisión en suspenso por encabezar un escrache contra Morales en 2009, cuando el actual mandatario provincial era senador. Además fue condenada a 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa llamada “Pibes Villeros”. En ese expediente se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que nunca se hicieron, entre 2011 y 2015.

En 2018 la Corte Suprema determinó que la dirigente volviera a cumplir prisión domiciliaria al ordenarle al juez de Jujuy Pablo Pullen Llermanos que le devuelva el beneficio a la dirigente, tal como lo había solicitado en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).