El presidente Javier Milei postergó la firma del decreto que reglamenta la reforma laboral, demorando su publicación en el Boletín Oficial por una semana. El mandatario recién podrá rubricar la norma el próximo miércoles, al regresar de su viaje a los Estados Unidos, con la expectativa de que se oficialice el jueves.

El texto final ya fue completado y trabajado por la Secretaría Legal y Técnica, bajo la dirección de Javier Herrera Bravo.

En un primer momento, la Casa Rosada había planificado la firma para el jueves pasado, luego la pospuso al viernes, pero finalmente el jefe de Estado no procedió con la validación.

Desde el Gobierno afirmaron que la demora se debió a “cuestiones administrativas” y aseguran que el acuerdo con el ala dialoguista de la Confederación General del Trabajo (CGT) por las modificaciones sigue vigente.

Uno de los principales cambios que introducirá el Ejecutivo es en el artículo 97 de la Ley Bases, que permitirá a los trabajadores independientes contratar hasta tres empleados para un emprendimiento productivo, sin que se considere una relación de dependencia. El sistema incluirá una cuota mensual que abarcará el régimen previsional, la obra social y el seguro.

“Vamos a ampliar el articulado para evitar que se utilice la norma para el fraude laboral. Queremos impedir que las empresas creen unidades ficticias que encubran relaciones de dependencia”, señaló un funcionario de la administración libertaria.

Por su parte, la CGT propuso modificaciones en el apartado que prohíbe la fragmentación o división de empresas con el fin de obtener beneficios que burlen la ley, además de un régimen especial unificado que complementa este punto.

El mayor punto de fricción radica en el artículo 94, que modifica la Ley 20.744 y habilita despidos en casos de bloqueos a empresas. Este artículo establece que la participación activa en bloqueos o tomas puede ser considerada como “grave injuria laboral”, lo que justificaría la extinción del contrato de trabajo.

La CGT también pidió que se agregue una instancia judicial previa al despido en estos casos, y el Ejecutivo prometió revisar esta solicitud. No obstante, existen diferencias dentro del Gobierno respecto a cómo se debería aplicar la norma y los posibles efectos que tendría en el sector empresarial.

“Se ha trabajado con los equipos técnicos de la CGT para definir bien la redacción del articulado. No queremos que esto provoque despidos indiscriminados, pero tampoco buscamos poner trabas a las empresas”, explicó otro funcionario.

El objetivo de la Casa Rosada es evitar una judicialización del tema y un nuevo paro general. Para ello, ha pedido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que mantenga contacto con los principales referentes sindicales, como Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN).

El texto fue trabajado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en conjunto con la mesa técnica de Balcarce 50, integrada por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal.