El equipo económico del gobierno de Javier Milei afirma que a partir de la semana próxima bajará la alícuota del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria
(PAIS) del 17,5% actual al 7,5%, en busca de reducir la inflación, decisión que puede traer aparejado complicaciones en el plan de la administración libertaria.

El principal desafío radica en cómo compensar la pérdida de ingresos que esta reducción generará, ya que, según estimaciones privadas, el impuesto PAIS representó más del 20% del superávit fiscal acumulado en los primeros siete meses del año.

En julio, el sector público nacional reportó un superávit primario de $908.253 millones. Sin embargo, al descontar los pagos de deuda, el resultado mostró un déficit financiero de $600.957 millones, marcando el primer dato negativo en términos fiscales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Desde el comienzo de su administración, el equipo económico de Milei ha sostenido que el pilar de su programa es demostrar superávit fiscal, tanto mediante la reducción del gasto como por el aumento de ingresos.

Aunque en julio los ingresos cayeron en términos reales, el incremento acumulado en los primeros siete meses del año se explica principalmente por el crecimiento del impuesto PAIS, las retenciones a las exportaciones y el impuesto a los combustibles.

Para analizar el impacto de cada variable en la mejora del resultado fiscal entre enero y julio, la consultora Outlier desglosó los datos: un 39,9% de la mejora se debió al aumento de ingresos, mientras que el 60,1% provino del recorte de gastos. Específicamente, el impuesto PAIS contribuyó con un 20,3% de los ingresos acumulados en los primeros siete meses del año, los derechos de exportación aportaron un 8%, y otros impuestos, alrededor de un 12%. Los principales recortes se concentraron en jubilaciones, subsidios económicos y otros gastos de capital.

“La recaudación del impuesto PAIS fue de poco menos de $0,7 billones en julio, con un aumento nominal de casi 1000% (lo que implica una mejora real del 208%)”, señaló Outlier. Sin embargo, la anunciada reducción de la tasa del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% en septiembre, y su eventual eliminación en diciembre, genera inquietudes entre los especialistas y actores del mercado.

A pesar de las expectativas del Gobierno de compensar esta pérdida con los fondos provenientes de la reforma fiscal, persisten dudas sobre si esta recaudación será suficiente para reemplazar el impuesto PAIS.

En este contexto, se destacan como medidas clave la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, el blanqueo de capitales y la moratoria fiscal. “Con la recomposición de la cuarta categoría de Ganancias, esperamos una mejora fiscal desde agosto tanto para las finanzas nacionales como provinciales. Por su parte, el blanqueo generará ingresos excepcionales, aunque su efectividad dependerá de si prevalece el incentivo de una menor alícuota inicial o la incertidumbre sobre el régimen cambiario“, explicaron desde la consultora Ecolatina. Además, consideran que la moratoria previsional y el adelanto de Bienes Personales podrían jugar un rol positivo en la compensación de ingresos.

No obstante, el Gobierno enfrenta crecientes presiones de gasto en los próximos meses. “Hay mayores demandas de gasto que aún deben confirmarse: un 0,2% del PBI por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; un 0,07% por el ajuste del coeficiente de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de septiembre; el reconocimiento de gastos aún no devengados y mayores necesidades financieras por intereses de LEFIs”, detalló LCG.

De cara a 2025, el escenario fiscal se presenta aún más complejo. No se contará con el ingreso extraordinario del blanqueo, y se sentirán los efectos de la eliminación del impuesto PAIS y la reducción de Bienes Personales.

“En este contexto, el equilibrio fiscal dependerá de una mejora en la recaudación a través de la recuperación económica y la reimposición del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, que podría verse afectada por pronunciamientos judiciales que eximen a algunos trabajadores del pago. Alternativamente, el Gobierno podría verse obligado a realizar ajustes adicionales en el gasto”, concluyeron.