El ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió que de no aprobarse una nueva ley de Impuesto a las Ganancias, los trabajadores que se vieron beneficiados por la eliminación de la cuarta categoría, podrían tener que pagarlo de forma retroactiva.

Según explicó Francos, esto es debido a un tecnicismo, ya que hubo incongruencias entre el decreto y la ley que elevó el mínimo no imponible.

El problema se encuentra en un bache legal que existió al avanzar con la reducción de Ganancias, porque la ley especificaba que entraría en vigencia a partir del 2024. Para tapar este vacío, el por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, firmó un decreto el que se le indicaba a la AFIP no retener el Impuesto a las Ganancias a los salarios del último trimestre del año pasado.

Hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia. “Y cuando se sanciona la ley, se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024. En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024“, detalló el funcionario.

Francos señaló además que “el poder ejecutivo sólo puede reglamentar cómo se paga un impuesto y otros pormenores, pero a la obligación del contribuyente la establece la ley”.

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De esta manera, serían cerca de 2.200 millones de pesos los que podría reclamar el Ejecutivo, mientras que las deudas de cada trabajador afectado partiría de los 500 mil pesos.

Las deudas más probables que se les pueden generar a los empleados están vinculadas a que la escala del impuesto que surge de la Ley del Impuesto a las Ganancias y que se debe considerar para determinar el impuesto es menos beneficiosa que las que fueron consideradas por los empleadores para practicar las retenciones del impuesto“, indicó un especialista tributario.

Por el momento, esta “amenaza” del oficialismo de un cobro retroactivo de este impuesto está siendo leída como un elemento dentro de la puja entre el Gobierno y el Congreso, con el objetivo de presionar aún más para poder conseguir el apoyo de los legisladores a aprobar las reformas que impulsa la gestión de Javier Milei.