Es recurrente en este espacio que se apunte a la responsabilidad que tienen los organismos de control estatales en la resolución de conflictos entre partes que persiguen intereses disímiles. El caso de la avícola de Maipú encierra en gran medida la postura que debería haber primado desde hace años, con medidas prácticas y que vayan detrás de las normas básicas de convivencia.
El Derecho es claro en este sentido. Los vecinos llegaron al lugar cuando la empresa llevaba varios años instalada allí. Por lo tanto, deberían haberse respetado las condiciones preestablecidas y tomar las medidas necesarias para no afectar la vida cotidiana. De eso se trata. Está contemplado por la ley y, sobre todo, por el sentido común. Y allí deberían estar los organismos de control, para garantizar que esto sucediera y no llegar a una salida caótica.