El funcionamiento de una república exige, entre tantos mecanismos, que los tres poderes ejerzan el control de unos sobre otros para evitar y detectar excesos e ilícitos. Esto convierte los espacios donde se examinan las conductas de los jueces en luchas de poder para determinar las causas que los involucran. Es lo que sucede actualmente con el Consejo de la Magistratura, donde vuelve a darse una puja por cómo tiene que conformarse: con más participación partidaria o con un rol más decisivo de la Corte Suprema. Las acciones del kirchnerismo, por otro lado, han dejado este problema en las puertas de otro escándalo institucional.
Primero, porque no acatará un fallo del máximo tribunal del país y, luego, por la intervención de un juez federal que frenó la designación de los representantes del Congreso. En el fondo, este teatro es político y la solución tiene que venir, precisamente, de este ámbito. Pero no deja de llamar la atención que haya una urgencia por controlar este órgano que pone la lupa sobre las actitudes de, nada menos, funcionarios que deciden sobre la libertad de las personas.
Aunque parezca un tema alejado de los problemas que los ciudadanos sufren en el llano, revela el pantano en que se encuentra actualmente el Consejo de la Magistratura. Ahí duerme sin apuro la causa de uno de los jueces más importantes de Mendoza, acusado de liderar una asociación ilícita que pedía coimas a detenidos por causas federales.