La diputada suspendida Janina Ortiz debía declarar este martes por la mañana en la causa en la que está imputada por presuntas coacciones agravadas y amenazas, pero solicitó la reprogramación de su audiencia. La exsecretaria de Gobierno de Las Heras está acusada de haber obligado a una trabajadora municipal a mantener relaciones sexuales y grabar el encuentro con un exfuncionario de la comuna.
La solicitud de reprogramación fue presentada por la defensa de Ortiz, que está a cargo del abogado Alfredo Paturzo. El letrado explicó a El Sol que, por un “tema de agenda”, no podía asistir a la instancia judicial y que por ello pidió el cambio de fecha. A su vez, remarcó que su defendida “tiene intenciones de declarar”.
Pero la defensa legal de Ortiz como la de Orozco no es llevada solamente por Paturzo. A este equipo hay que sumarle el nombre de Agustín Troncoso y la del mediático abogado, Fernando Burlando. El reconocido letrado juró el pasado jueves en la Provincia para poder ejercer la profesión y así involucrarse en la causa.
La causa es llevada adelante por la jueza en primera instancia, Natacha Cabezas, y los fiscales Juan Ticheli y Gabriel Blanco. En caso de que la legisladora de La Unión Mendocina sea declarada culpable, podría enfrentar una pena de entre 2 y 4 años de prisión. Ahora, la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP) deberá definir una nueva fecha para que Ortiz pueda declarar.
A mediados de 2023, en medio del escándalo por la “cooperativa fantasma”, la exsecretaria de Gobierno de Las Heras fue denunciada por una empleada municipal por presuntas amenazas. En su denuncia, la denunciante afirmó que Ortiz la habría obligado a mantener relaciones sexuales y grabar el encuentro con el exfuncionario Osvaldo Oyhenart.
Entre sus declaraciones, empleada del municipio de Las Heras expuso que Ortiz la intimidó poniendo “un 38 sobre la mesa”, para que le diera el audio en el que Oyhenart confiesa como manejaba los fondos de la cooperativa.
El exsubsecretario de Políticas Sociales era el responsable de asignar los fondos a esa cooperativa que tenía un acuerdo con la municipalidad. Por este convencio, “Manos a la Obra”, que era dirigida por el yerno de Oyhenart –Juan Pablo Pandolfi– recibió sumas que alcanzaron un total de 36 millones de pesos.
Debido a esto, tanto Oyhenart, Ortiz como Orozco se encuentran imputados por peculado.
Según el Código Penal, el peculado es considerado un delito contra la administración pública y ocurre cuando un funcionario sustrae los fondos que tiene la responsabilidad de administrar.
Si llegan a ser declarados culpables, los imputados podrían ser penados con “reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua” para el funcionario público que sustraiga caudales o efectos cuya gestión le esté a cargo.